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El 17 de septiembre, en la plenaria del Senado, se celebró el más trascendental debate de los últimos años, sobre el desvío de los recursos de la salud, por parte de intermediarios privados agrupados en las EPS, citado por los senadores Wilson Arias, Alex Flórez, (Pacto Histórico) y Antonio José Correa, (partido de la U). Participaron el señor contralor general de la República, Carlos Hernán Rodríguez, y el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Estaban convocados Félix León Martínez, director de la ADRES, y Luis Carlos Leal, superintendente nacional de Salud, quienes no pudieron intervenir, porque la plenaria de la corporación no autorizó la sesión permanente.
Tanto las intervenciones de los citantes como las del contralor Rodríguez y del ministro Jaramillo configuran un acervo probatorio incontrovertible sobre la malversación de los recursos de la salud, que soportan la narrativa histórica de esta columna y de su antecesora “De dientes para afuera” en el periódico El Tiempo, (1993-2012).
El debate deja una percepción de pesadumbre, al cotejar que, en los pasados 30 años, se argumentó que el sistema de salud impuesto por la Ley 100 fue inadecuado, por convertir el derecho fundamental a la salud en un lucrativo negocio, que capturó al Estado como ente regulador, en medio de la abominable corrupción descrita por los disertantes.
Los senadores referenciaron los informes de la Contraloría. Arias enumeró las funciones de advertencia de la entidad en 2012, y los decretos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca por el negociado Saludcop-Cafesalud, en el que intervino la multinacional Lazard S.A.S., y acusó al exministro Alejandro Gaviria de acomodar la normativa con 18 decretos, contrarios a la legislación sobre las EPS, como solvencia patrimonial y reservas técnicas. Agregó que el superintendente de Salud Gustavo Morales no se pronunció ante la irregularidad, confirmando la captura del regulador. Recordó al congresista Holger Díaz, quien le envió “cuenta de cobro” a Palacino por su gestión parlamentaria a favor de las EPS.
Flórez afirmó que el patrimonio de las EPS no corresponde a inversión de fondos propios, sino a la derivación de la UPC. Concluyó que las “intermediarias se pueden ir, pero la infraestructura construida es de la Nación”.
En ese contexto, el ministro Jaramillo le solicitó al contralor “levantar el velo corporativo” de las EPS, para una auditoría forense. Además explicó las variantes establecidas para el cálculo de la UPC.
Correa se concentró en los informes de la Contraloría durante la pandemia de Covid, gobierno de Duque y del ministro Ruiz. Estimó el desvío de recursos en 12 billones de pesos y recordó que el valor de las vacunas, no se conoció por la “confidencialidad de los contratos”, invocada por Ruiz.
El contralor demostró que es un funcionario ecuánime. No aludió a ninguna cifra de los informes, por cuanto hay implicaciones penales. Defendió su autonomía como primera autoridad fiscal de la Nación y anunció la creación de la Unidad Especial de Reacción: “la ruta del dinero de la salud”.
Los directores de los medios deben referirse a este debate, e informar correctamente a la opinión pública sobre las denuncias a las EPS.