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La doctora Ana María Soleibe Mejía, presidenta de la Federación Médica Colombiana, conceptuó que “estamos presenciando una enfermedad social manifestada en la pérdida del carácter regulador que tienen las leyes, normas y convenciones, un fenómeno conocido como anomia. Esta situación afecta profundamente a la sociedad, que se encuentra cada vez más debilitada en su capacidad para integrar y regular de manera efectiva a sus miembros”. (Revista Sur, 12-08-24).
Aludía expresamente a la reprobación que la directora de ACEMI y algunos gremios y exfuncionarios afines formularon contra el informe de actuación especial de vigilancia del contralor general de la República, quien reveló que 24 EPS usaron $5,5 billones de pesos para pagar deudas de vigencias pasadas, usando fraudulentamente los recursos públicos de la UPC, en 2020.
La insolencia contra el contralor, funcionario de un órgano de control en el Estado Social de Derecho de la democracia colombiana, es repugnante y ojalá no sea replicada por otros sectores que eventualmente administren recursos públicos del patrimonio nacional.
Es más aberrante que la directora de ACEMI justifique su arrogancia advirtiendo que el contralor desconoció que esa ha sido la conducta de las EPS desde su creación en 1993. No obstante, el exministro Jaime Arias, cuando fue director de ese gremio, no se atrevió a cuestionar el informe de la contralora Sandra Morelli, sobre el robo de Saludcoop, en cuantía de $1,4 billones, en el gobierno de Santos y del ministro Alejandro Gaviria. Guardó prudente silencio, a pesar de que Saludcoop era un miembro mayoritario e influyente de ACEMI.
El informe de la Contraloría desenmascara otra violación a la Ley que ha sido reclamada por el Ministerio de Salud, por la Superintendencia, por la sociedad civil y por el mismo órgano de control en informes previos: las EPS no han constituido las reservas técnicas, consistentes en respaldar en el sistema financiero los fondos suficientes para asumir los costos de la prestación de los servicios de salud y las deudas que deben asumir.
El déficit de las reservas técnicas de las EPS, a diciembre de 2023, se estimó en 16 billones y la deuda a los prestadores asciende a 25 billones. (Dónde está la plata.com). La CGR estableció que para el año 2019 deberían tener 6,8 billones de pesos invertidos en reservas técnicas. Cabe indagar a las EPS y a ACEMI, con el enunciado de Vicente Calvo: ¿dónde está esa plata?
El decreto 2702 de 2014 establece la obligación de mantener reservas técnicas, que las EPS han ignorado intencionalmente, generando la insolvencia del sistema de salud, y engañando a la opinión pública al atribuir el desbalance financiero al valor de la UPC, cuando son ellas mismas, las intermediarias (que no aseguradoras), las causantes de la actual crisis del sistema de salud.
Recientemente, el ministro de Hacienda opinó que la UPC podría ser utilizada para pago de deudas de vigencias pasadas, pero solo utilizando los fondos de las reservas técnicas, reglamentadas por el decreto citado, que no han cumplido las EPS. El acoso contra el señor contralor, patrocinado por las EPS, queda desvirtuado porque siguen siendo infractoras de la legislación vigente.