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Esta columna ha repetido, hasta la saciedad, que la reforma al sistema de salud impuesto por la Ley 100 de 1993 es independiente de quien sea el presidente de la República, o los dignatarios de los cuerpos colegiados, significando que el bien común de toda la sociedad debe primar por encima de las facciones o las ideologías políticas.
El derecho fundamental a la salud consagrado en la Constitución Política no puede estar sujeto a la hostilidad de los partidos, que sacrifica sin consideraciones éticas y morales la vida y el bienestar de los nacionales, como sucedió con el hundimiento de la reforma proveniente de la Cámara en 2023, por la insensatez y conflictos de intereses, de los nueve senadores de la Comisión Séptima del Senado en el inicio de la legislatura de este año.
En este espacio se tituló “Senadores de la comisión séptima menosprecian el trabajo legislativo de la Cámara” (03-04-24), y se les dedicó el siguiente mensaje: “La reforma a la salud, proveniente de la Cámara de Representantes, era un imperativo ético y moral para el bien común de Colombia. Era su responsabilidad, honorables senadores”.
También se ha señalado que la ciudadanía debe reconocer que el único presidente que en 30 años se propuso terminar el desangre a los abundantes recursos públicos del sistema de salud fue Petro, razón que ha conducido a diversos sectores de la sociedad civil, insobornables e informados, a unirse alrededor del proyecto reformista del actual mandatario.
El constitucionalista Tulio Elí Chinchilla, de la Comisión Colombiana de Juristas, anticipó el propósito de la reforma: “la definición de lo público contra todo género de apropiación del Estado, en favor de intereses parciales de la sociedad”, que se debe cumplir en todas las instancias del trámite de las leyes. Para los debates que se avecinan, el jurista destaca que el artículo 133 de la Carta integra al Senado y a la Cámara en la función de representar “al pueblo y deberán actuar consultando la justicia y el bien común. El elegido es responsable ante la sociedad y frente a sus electores de las obligaciones propias de su investidura”.
El ministro Jaramillo radicó en la secretaría de la Comisión Séptima de la Cámara el nuevo proyecto de la reforma el 13 de septiembre. Advirtió que es una versión compendiada en 48 artículos del 339, que fue aprobado en esa corporación el año anterior. El ministro Cristo perdió la brújula al proponer que se presentara en la Comisión Primera, porque la reforma original es de ley ordinaria y se redactó como la reglamentación de la Ley Estatutaria de Salud 1751, de 2015, presentada por la Gran Junta Médica.
Desde ese año, Carolina Corcho desarrolló diversos foros con actores y comunidades ciudadanas para lograr consensos sobre tal reglamentación que, ya nombrada ministra de salud, registró en febrero de 2023 en la Comisión Séptima de la Cámara. Por consiguiente, esa reforma al sistema de la Ley 100 ha sido el proyecto más discutido, dialogado y consensuado en la historia de las leyes de Colombia.
Los intereses detrás del capital que han manejado las EPS por 30 años obnubilan esa realidad, para que los medios sigan desacreditando la conveniencia inaplazable de la reforma.