La reforma a la salud sobre la verdad del sistema
La solicitud de EPS SURA para retirarse como intermediaria del sistema creado por la Ley 100 de 1993 confirma la inviabilidad estructural del modelo, originada desde su imposición.
La Superintendencia Nacional de Salud registra que durante el gobierno de Pastrana (1998-2002), se liquidaron 9 EPS; en los de Uribe (2002-2010), 5; en los de Santos (2010-2018), 18; en el de Duque (2018-2022) 10; y en el de Petro (2022-2024), se han liquidado 4 EPS.
El temprano colapso del sistema de la intermediación condujo al doctor José Félix Patiño a constituir en la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina un grupo de estudio, cuyas conclusiones se agruparon en la publicación “Ley 100 de 1993: Reforma y Crisis de la Salud”, de febrero de 1999. En el prefacio, Patiño afirmó: “Paradógicamente, la reforma, que abre un vasto panorama de equidad social, lleva al consumo de los nuevos y cuantiosos recursos por un costoso mecanismo de intermediación y por utilidades corporativas, lo cual ha contribuido significativamente a la quiebra de las instituciones que prestan los servicios, especialmente de los hospitales públicos”. Elaboró el concepto, que le oímos en el entorno hospitalario, que el modelo de la Ley 100 desplazó el imperativo hipocrático del ejercicio de la medicina, por una “argumentación económica que somete el acto médico a la infraestructura de la industria y al poder del mercadeo”.
El conflicto que generó la Ley 100 al entregar recursos públicos a empresas privadas radicó en que dichos recursos tenían una finalidad específica en el cumplimiento de las funciones del Estado: el derecho pleno fundamental de la salud para todos los habitantes del territorio nacional, pero las empresas receptoras optaron por el ánimo de lucro corporativo con los mismos recursos. Se suponía que las EPS debían aportar capitales propios para iniciar la intermediación, información que a la fecha sigue siendo ignorada, o reservada. Acreditar patrimonio es uno de los requisitos para la habilitación de las EPS. Actores conocedores del sistema calificaron a algunas como entidades que se iniciaron con el registro cedular de sus propietarios. Se conoce en el gobierno de Santos y de su ministro Gaviria, el traspaso de Saludcoop a Cafesalud, de esta a Prestasalud, que incorporó a Medimás, la cual, 15 días antes, se registró con un capital de un millón de pesos, y terminó siendo la heredera de Saludcoop.
Es imperativo que el Estado investigue el origen del patrimonio de las EPS, vigentes y liquidadas, y determine si se constituyó con recursos propios o de la UPC. Desde la publicación referenciada, se reclama un sistema de información confiable del manejo de los recursos públicos.
El Estado debe ejercer la rectoría del sistema, en la que se priorice la atención primaria, promoción y prevención de la salud, único mecanismo para racionalizar el costo y la prestación de los servicios integrales a quien los requiera. Los desfalcos a los sagrados recursos de la salud deben ser investigados, juzgados y castigados, como ordenó la Corte Constitucional.
La solicitud de EPS SURA para retirarse como intermediaria del sistema creado por la Ley 100 de 1993 confirma la inviabilidad estructural del modelo, originada desde su imposición.
La Superintendencia Nacional de Salud registra que durante el gobierno de Pastrana (1998-2002), se liquidaron 9 EPS; en los de Uribe (2002-2010), 5; en los de Santos (2010-2018), 18; en el de Duque (2018-2022) 10; y en el de Petro (2022-2024), se han liquidado 4 EPS.
El temprano colapso del sistema de la intermediación condujo al doctor José Félix Patiño a constituir en la Comisión de Salud de la Academia Nacional de Medicina un grupo de estudio, cuyas conclusiones se agruparon en la publicación “Ley 100 de 1993: Reforma y Crisis de la Salud”, de febrero de 1999. En el prefacio, Patiño afirmó: “Paradógicamente, la reforma, que abre un vasto panorama de equidad social, lleva al consumo de los nuevos y cuantiosos recursos por un costoso mecanismo de intermediación y por utilidades corporativas, lo cual ha contribuido significativamente a la quiebra de las instituciones que prestan los servicios, especialmente de los hospitales públicos”. Elaboró el concepto, que le oímos en el entorno hospitalario, que el modelo de la Ley 100 desplazó el imperativo hipocrático del ejercicio de la medicina, por una “argumentación económica que somete el acto médico a la infraestructura de la industria y al poder del mercadeo”.
El conflicto que generó la Ley 100 al entregar recursos públicos a empresas privadas radicó en que dichos recursos tenían una finalidad específica en el cumplimiento de las funciones del Estado: el derecho pleno fundamental de la salud para todos los habitantes del territorio nacional, pero las empresas receptoras optaron por el ánimo de lucro corporativo con los mismos recursos. Se suponía que las EPS debían aportar capitales propios para iniciar la intermediación, información que a la fecha sigue siendo ignorada, o reservada. Acreditar patrimonio es uno de los requisitos para la habilitación de las EPS. Actores conocedores del sistema calificaron a algunas como entidades que se iniciaron con el registro cedular de sus propietarios. Se conoce en el gobierno de Santos y de su ministro Gaviria, el traspaso de Saludcoop a Cafesalud, de esta a Prestasalud, que incorporó a Medimás, la cual, 15 días antes, se registró con un capital de un millón de pesos, y terminó siendo la heredera de Saludcoop.
Es imperativo que el Estado investigue el origen del patrimonio de las EPS, vigentes y liquidadas, y determine si se constituyó con recursos propios o de la UPC. Desde la publicación referenciada, se reclama un sistema de información confiable del manejo de los recursos públicos.
El Estado debe ejercer la rectoría del sistema, en la que se priorice la atención primaria, promoción y prevención de la salud, único mecanismo para racionalizar el costo y la prestación de los servicios integrales a quien los requiera. Los desfalcos a los sagrados recursos de la salud deben ser investigados, juzgados y castigados, como ordenó la Corte Constitucional.