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La sociedad colombiana debe reaccionar contra el impudor de gremios, parlamentarios y partidos políticos, que han presentado proyectos de reforma a la salud en esta legislatura, para perpetuar el modelo de la Ley 100, reviviendo la intermediación y la administración de los recursos públicos de la salud y desconocen el proceso fiscal de la Contraloría General de la República contra 24 EPS, en cuantía de $ 5,5 billones en la vigencia de 2020, durante el gobierno de Duque.
La exministra Carolina Corcho, en columna de Revista Sur del 9 de agosto, analizó que semejante suma la usaron las EPS para pagar deudas pasadas, de más de 15 años de antigüedad, conducta que es ilegal porque la UPC no es un recurso privado y su destinación específica es para la vigencia anual del presupuesto público asignado.
Agregó que, ese año, Duque creó un fondo de $ 40,5 billones, proveniente de préstamos de deuda externa, de los cuales se utilizaron $ 9,8 billones para la atención de la pandemia en salud, y se reservaron $ 4,7 billones para vacunación.
Por consiguiente, no se usaron todos los recursos de la UPC y de los presupuestos máximos de la vigencia de 2020, dineros públicos que deberían devolver a la ADRES, cometiendo así el desfalco al presupuesto nacional, a la vista y con el beneplácito del gobierno pasado y de los órganos de control que le eran afines.
La Contraloría halló un excedente de $653 Mil millones del rubro de presupuestos máximos que no se los podían apropiar, pues la Ley solo autoriza destinar el 10 % del régimen contributivo y el 8 % del subsidiado para gastos administrativos.
La CGR reportó hallazgos de $ 11,38 billones para el año 2020, que tienen implicaciones penales y disciplinarias. 6 billones ya están en proceso de responsabilidad fiscal, como recursos que no se utilizaron en la pandemia y debieron devolverse, y apertura de investigación preliminar por $ 5,5 billones por destinación dolosa de la UPC. Este informe explica el afán de ACEMI de solicitar una reunión con la Contraloría, porque ya se ha surtido la investigación de los otros órganos de control que se ocupan de los fraudes a los dineros públicos por parte de empresas privadas que se adueñan del patrimonio de los colombianos.
En artículo anterior se evidenció que el proyecto liderado por la Academia Nacional de Medicina ocasionó la respuesta de otras organizaciones profesionales, como la Junta Médica Nacional y la Federación Médica Colombiana, reflejando los desacuerdos fundamentales sobre el articulado de la futura reforma. La han seguido las iniciativas del Centro Democrático, de Cambio Radical, de la bancada conformada por el MOIR, de congresistas del Partido Verde y de la coalición de la Esperanza, que se apartaron de la reforma presentada por el gobierno y aprobada en las sesiones de la Cámara el año pasado. Es un cargo de conciencia que atenta contra el bien común de la sociedad, perpetuar la intermediación del aseguramiento y del manejo de los recursos públicos por parte de las EPS, denunciadas con firmeza en el reciente informe de la Contraloría General de la Nación.