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Del discurso de instalación del período legislativo el pasado 20 de julio, pronunciado por el presidente Petro, diversos analistas resaltaron el lenguaje incluyente para lograr el acuerdo nacional sobre las reformas sociales con los sectores de la sociedad civil, con el poder judicial y, particularmente, con las cámaras legislativas. El contraste de la respuesta de los partidos de oposición fue abismal entre los intervinientes del Centro Democrático, agresivos, expeliendo odio y sin sentido de patria, y los moderados de Cambio Radical, respetuosos de la presencia del mandatario en el recinto, acogiendo su llamado a la concordia y a la superación de la polarización de estos dos años de la izquierda, sin desdeñar sus críticas al ejercicio del gobierno.
El presidente enfatizó, dentro de las prioridades de la relación con el Congreso, agendar la reforma a la salud. Se conoce que colectivos del sector han presentado sendos proyectos a la consideración del Legislativo. Uno es el autodenominado “Acuerdos Fundamentales” liderado por la actual junta directiva de la Academia Nacional de Medicina que, a raíz del Proyecto 339 presentado por la ministra Carolina Corcho en febrero de 2023, dividió la unidad de la Gran Junta Médica, lograda en 2012 para redactar la propuesta de la Ley Estatutaria de Salud, coordinada hasta su aprobación y exiquibilidad en la Corte Constitucional por el dr. Nelson Contreras y el apoyo incontrovertible del dr. José Félix Patiño, expresidente de la entidad médica.
Extrañamente, incluye en el capítulo del aseguramiento, el Artículo 24. “Modifíquese el Artículo 14 de la Ley 1122 de 2007, el cual quedará así: Organización del Aseguramiento. Para efectos de esta Ley entiéndase por aseguramiento en salud la gestión del riesgo en salud, el riesgo administrativo u operativo y de la articulación de los servicios que garanticen el acceso efectivo, la garantía de la calidad en la prestación de los servicios de salud y la representación del afiliado ante el prestador del servicio y los demás actores sin perjuicio de la autonomía del usuario. Las anteriores funciones y responsabilidades están a cargo de las Entidades Gestoras de Salud-EGS, e implica que estas entidades están en la obligación de garantizar a sus afiliados las prestaciones en salud establecidas en el Artículo 15 de la Ley Estatutaria 1751 de 2015”. Precisamente, después de dos años, ha quedado en evidencia que, por la Constitución Política, el único asegurador es el Estado, y en esa condición, ha tenido que asumir la financiación de los desvíos de los recursos de la salud, de las mal denominadas “aseguradoras”, desde la Ley 100.
A esta equívoca propuesta respondió la Junta Médica Nacional, presidida por la Federación Médica Colombiana y 22 organizaciones profesionales, las cuales enumeraron el retroceso que para el derecho fundamental a la salud de los habitantes de Colombia, consagrado en la Ley Estatutaria de 2015, significaría el controvertido articulado previamente citado.
Rectificación. El doctor Vicente Calvo, del centro de investigación “dónde está la plata.com”, puntualizó que a la fecha han calculado 47 billones por desviaciones de los dineros públicos de la salud. Resaltó que no han podido recopilar datos de 31 EPS: Caprecom, Saludcoop, Nueva EPS, Famisanar, Sánitas, dentro de las más reconocidas.