Por las marchas: reflexionar, escuchar a la gente e informarla
Las entrevistas de los medios a los participantes en las marchas del domingo 21 de abril en algunas ciudades evidencian el desconocimiento sobre el contenido de las reformas del Gobierno por las que los entrevistados salieron a la calle.
La mayor desinformación de los marchantes fue sobre la reforma a la salud, aun en algunos que acreditaron formación universitaria. En el colectivo de las batas blancas hubo quienes justificaron su participación porque “no habían sido tenidos en cuenta” en los debates, desde la presentación de la reforma en febrero de 2023.
Desconocen que miembros del cuerpo médico le anticiparon en 1993 a Juan Luis Londoño, autor de la Ley 100, la inconveniencia de ese proyecto para la salud de la población por ser más del sector económico y no corresponder a los niveles de atención de la salud, internacionalmente establecidos.
Esa estructura de negocio se reflejó en la carencia de información verificable sobre el mito de la cobertura universal del sistema. El doctor José Félix Patiño, presidente de la Academia Nacional de Medicina, contrató, en 1998, al ingeniero José Gregorio Pachón para elaborar un estudio de seguimiento a la Ley 100, cuyo resultado fue la identificación de duplicados, de registro de personas inexistentes en la base de datos de las EPS, por los que cobraban al fisco el valor de la UPC.
El entonces senador Carlos Corsi Otálora (2002), en el foro permanente “La calidad de la atención en salud” de la ANM, afirmó: “La parte orgánica (de la Ley 100) está organizada como un acto de comercio donde lo esencial es la rentabilidad del capital que se invierte en salud. Esta contradicción hace estallar todo el sistema”.
La negación de los servicios de salud condujo a los afiliados a interponer acciones de tutela, cuyo número forzó a la Corte Constitucional a expedir la Sentencia T-760 de 2008, tan nombrada por estos días por los exministros de Salud opositores de la reforma.
Se creó la Comisión de Seguimiento a esa sentencia, en la que participaron profesionales de la salud como el doctor Nelson Contreras C., exdecano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, lamentablemente fallecido durante la pandemia. De esta Comisión surgió en 2012 la iniciativa de redactar, por parte de la sociedad civil, un proyecto de ley estatutaria para darle marco constitucional a una verdadera reforma de la salud que satisficiera ese derecho fundamental para todos los habitantes de Colombia y preservara la independencia y la ética del acto médico. Se congregó la Gran Junta Médica, coordinada por el doctor Contreras, en la que participó la doctora Carolina Corcho como representante de la Asociación Nacional de Internos y Residentes de las facultades de Medicina.
Otro gran contribuyente contra los abusos de las intermediarias es la Federación Médica Colombiana, con el Observatorio de los Medicamentos que demostró el sobrecosto de esos suministros, cuya rentabilidad es infinitamente superior a las intervenciones hospitalarias o a los exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.
El cuerpo médico independiente de las EPS ha liderado desde 1994 la reforma al sistema de salud impuesto por la Ley 100.
Las entrevistas de los medios a los participantes en las marchas del domingo 21 de abril en algunas ciudades evidencian el desconocimiento sobre el contenido de las reformas del Gobierno por las que los entrevistados salieron a la calle.
La mayor desinformación de los marchantes fue sobre la reforma a la salud, aun en algunos que acreditaron formación universitaria. En el colectivo de las batas blancas hubo quienes justificaron su participación porque “no habían sido tenidos en cuenta” en los debates, desde la presentación de la reforma en febrero de 2023.
Desconocen que miembros del cuerpo médico le anticiparon en 1993 a Juan Luis Londoño, autor de la Ley 100, la inconveniencia de ese proyecto para la salud de la población por ser más del sector económico y no corresponder a los niveles de atención de la salud, internacionalmente establecidos.
Esa estructura de negocio se reflejó en la carencia de información verificable sobre el mito de la cobertura universal del sistema. El doctor José Félix Patiño, presidente de la Academia Nacional de Medicina, contrató, en 1998, al ingeniero José Gregorio Pachón para elaborar un estudio de seguimiento a la Ley 100, cuyo resultado fue la identificación de duplicados, de registro de personas inexistentes en la base de datos de las EPS, por los que cobraban al fisco el valor de la UPC.
El entonces senador Carlos Corsi Otálora (2002), en el foro permanente “La calidad de la atención en salud” de la ANM, afirmó: “La parte orgánica (de la Ley 100) está organizada como un acto de comercio donde lo esencial es la rentabilidad del capital que se invierte en salud. Esta contradicción hace estallar todo el sistema”.
La negación de los servicios de salud condujo a los afiliados a interponer acciones de tutela, cuyo número forzó a la Corte Constitucional a expedir la Sentencia T-760 de 2008, tan nombrada por estos días por los exministros de Salud opositores de la reforma.
Se creó la Comisión de Seguimiento a esa sentencia, en la que participaron profesionales de la salud como el doctor Nelson Contreras C., exdecano de la Facultad de Odontología de la Universidad Javeriana, lamentablemente fallecido durante la pandemia. De esta Comisión surgió en 2012 la iniciativa de redactar, por parte de la sociedad civil, un proyecto de ley estatutaria para darle marco constitucional a una verdadera reforma de la salud que satisficiera ese derecho fundamental para todos los habitantes de Colombia y preservara la independencia y la ética del acto médico. Se congregó la Gran Junta Médica, coordinada por el doctor Contreras, en la que participó la doctora Carolina Corcho como representante de la Asociación Nacional de Internos y Residentes de las facultades de Medicina.
Otro gran contribuyente contra los abusos de las intermediarias es la Federación Médica Colombiana, con el Observatorio de los Medicamentos que demostró el sobrecosto de esos suministros, cuya rentabilidad es infinitamente superior a las intervenciones hospitalarias o a los exámenes de laboratorio e imágenes diagnósticas.
El cuerpo médico independiente de las EPS ha liderado desde 1994 la reforma al sistema de salud impuesto por la Ley 100.