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En nuevo informe (03-10-25), la Contraloría General de la República reveló que ha abierto 522 procesos relacionados con la gestión de 11 billones de pesos, 111 imputaciones por daños al patrimonio público, y 41 fallos de responsabilidad fiscal por 542 mil millones de pesos.
Declaró que dispone de un sistema desarrollado por la DIARI (Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata) y la Contraloría Delegada para el Sector Salud, que le permite identificar los pagos que la ADRES ejecuta a las EPS, y de estas a las IPS, para identificar el uso de los recursos de la salud. Evidenció que 14 EPS no cumplen con los requisitos de habilitación, en relación con la destinación de la UPC, advirtiendo que más de seis billones de pesos, asignados a reservas técnicas fueron desviados para el pago de deudas de más de 13 años de antigüedad. Detectó que 5 billones de pesos fueron desembolsados sin facturas ni soportes, generando la apertura de nuevas investigaciones.
Esa práctica de las EPS, de utilizar recursos de una vigencia para pagar deudas anteriores, es “fraudulenta, ilegal e inmoral, porque genera un déficit en la cobertura de los costos actuales”. (Vicente Calvo). Las reservas técnicas estaban diseñadas para mantener la estabilidad financiera del sistema. Los gobiernos y los ministros de Salud anteriores son cómplices de la desfinanciación del sistema, por haber permitido la violación del régimen de inversión de dichas reservas.
Es un desfalco sistemático, que pretenden resolver cínicamente, reclamando el aumento del valor de la UPC, para mantener el ciclo pernicioso en la malversación de los recursos públicos. La reforma a la salud debe implicar la renovación ética y moral, en todos los actores del nuevo sistema de salud que se propone ahora, en tránsito de la Cámara al Senado, empezando con los integrantes de la Comisión 7ª que hundieron, por sus conflictos de interés inconfesables, el primer proyecto en abril de 2024.
La ADRES, por otra parte, investigó a más de 36 IPS, por presunta estafa en los cobros al sistema de salud, que pretendían apropiarse de $79.511 millones, y solicitó a la Fiscalía investigarlas, tras detectar que facturaron servicios sin contar con la infraestructura para prestarlos.
La Fiscalía igualmente adelanta una nueva fase de investigación sobre presuntas irregularidades en el manejo de recursos del sistema de salud, centrando su atención en el controvertido señor Mario Urán, para esclarecer si se produjo enriquecimiento ilícito mediante el desvío de fondos públicos. Las indagaciones buscan esclarecer si Urán, desde su anterior cargo en Coosalud, habría gestionado la transferencia de más de 59 mil millones de pesos, hacia el Centro Oncológico del Caribe, en el que tendría participación oculta. (Caracol Radio, 5-02-25). En columna previa (21-12-24) sobre el señor Urán, se citó al periodista Santiago Ángel, de La República, que tituló “¿A Urán quién lo protege?”, episodio que no ha sido aclarado todavía por los funcionarios estatales implicados.
Quienes persisten en defender la permanencia de las EPS y rechazan la reforma a la salud presentada por el Gobierno, son insensatos, ante la comprobación de la corrupción generada por el desfalco de los dineros públicos, por más de 32 años. La opinión pública y la sociedad civil les deben exigir a exgobernantes, exministros, exsuperintendentes, a congresistas actuales, a organizaciones profesionales, a magistrados de las cortes, que no le hagan más daño a los colombianos, que merecen el goce pleno del derecho fundamental a la salud, consagrado en la Constitución Política de 1991 y definido en la Ley Estatutaria de 2015.
