Revelar los conflictos de interés en la salud (II)

1. Los políticos. A pesar de los editoriales de El Tiempo y El Espectador del domingo 12, que advirtieron las consecuencias de la esotérica maniobra del mandatario de convocar a las calles a sus seguidores para respaldar las reformas, persistió en su estrategia beligerante, desde el balcón ventilado por la plaza de Armas, donde el presidente Petro caracterizó la imagen del político de las arengas y de las campañas de siempre. Desdibujó que, en el Estado social de derecho, fue elegido presidente de todos los colombianos: de los que se congregaron el martes 14 y de los que marcharon el miércoles 15. “El presidente de la República simboliza la unidad nacional” (art. 188 de la Constitución). Transgrede esa función si, para hacer aprobar las reformas, atiza la polarización social que significaron esas convocatorias.
2. Las contradicciones internas del Gobierno. En entrevista para El Tiempo (12-feb-23), el ministro Prada “señaló que las marchas no son para presionar al Legislativo”. Agregó que “este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos” (excusatio non petita, accusatio manifesta).
3. El ministro Gaviria incursionó en la política al aceptar el Ministerio de Salud en 2012. En septiembre, le estalló el escándalo de Saludcoop y optó por ignorar los hallazgos de la contralora Morelli. En 2014, con la presentación del proyecto de Ley Estatutaria, en una entrevista televisada, en la que participamos, con Antonio Caballero y Antonio Albiñana, afirmó que esa ley no era necesaria. Es la postura que ha asumido en relación con la reforma propuesta por la ministra Corcho.
4. Algunos congresistas, encabezados por Humberto de la Calle, enviaron una carta al presidente del Senado para que el proyecto de reforma sea inscrito como ley estatutaria. Con el debido respeto, se identifican con Gaviria en la omisión de que la Ley Estatutaria ya existe, fue aprobada en 2014 y declarada exequible por la Corte Constitucional en 2015. Por consiguiente, la reforma propuesta por la ministra Corcho es un proyecto de ley ordinaria, que debe desarrollar el contenido de la mencionada Estatutaria. Sobre ese propósito, que reconcilia al Estado con el derecho fundamental de los ciudadanos, hemos acompañado la reforma propuesta. No obstante, convendría que la ministra Corcho insista en su planteamiento inicial, de “construir sobre lo construido”, para no desmejorar la condición de los que ya gozan de atención en salud y llevar a ese nivel a la población carente de servicios.
5. La reacción de ACEMI. La señora Paula Acosta, presidenta de ese gremio, en sus declaraciones sobre que el proyecto “cambia el sistema”, no acepta que de eso se trata: las EPS no pueden seguir desempeñándose como aseguradoras, sino como prestadoras y auditoras de las IPS. El asegurador es el Estado y es el único que puede coordinar con las agencias gubernamentales “los condicionantes sociales de la salud”, tan esenciales como la prestación de los servicios (“La salud: ¿en la misma incertidumbre de otras carteras del gobierno?”, F. Galindo G., El Espectador, 7-feb-2023).
6. Los episodios vergonzosos de los debates en el Congreso. Daniel Coronell escribió en la revista Semana (27-jul-2011) la columna “Un congresista a sueldo”, en la que describe que el representante a la cámara Holger Díaz H. le envía un correo a Carlos Palacino (Saludcoop), donde le adiciona “el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas”, por supuesto, acomodado a los requerimientos de esa EPS, porque agrega que “hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias, Holger”. ¡Qué afrenta al Legislativo!
7. Los partidos políticos. Alejandro Guerra, concejal de Medellín por el Partido Liberal, denunció que, para la campaña de 2010, se detectó el ingreso de $500 millones a Cambio Radical, provenientes de una EPS.

En conclusión, los congresistas, los partidos políticos, los medios de comunicación y cualquier otro actor que participen en el debate para la propuesta de reforma del sistema de salud tienen la obligación ética y moral de revelar los conflictos de interés en que puedan estar inmersos. Es el mínimo respeto que se merecen la sociedad y los ciudadanos, porque la salud es un derecho fundamental, individual y colectivo.

1. Los políticos. A pesar de los editoriales de El Tiempo y El Espectador del domingo 12, que advirtieron las consecuencias de la esotérica maniobra del mandatario de convocar a las calles a sus seguidores para respaldar las reformas, persistió en su estrategia beligerante, desde el balcón ventilado por la plaza de Armas, donde el presidente Petro caracterizó la imagen del político de las arengas y de las campañas de siempre. Desdibujó que, en el Estado social de derecho, fue elegido presidente de todos los colombianos: de los que se congregaron el martes 14 y de los que marcharon el miércoles 15. “El presidente de la República simboliza la unidad nacional” (art. 188 de la Constitución). Transgrede esa función si, para hacer aprobar las reformas, atiza la polarización social que significaron esas convocatorias.
2. Las contradicciones internas del Gobierno. En entrevista para El Tiempo (12-feb-23), el ministro Prada “señaló que las marchas no son para presionar al Legislativo”. Agregó que “este es un gobierno deliberante, democrático, que acepta la crítica, que debate el contenido de los proyectos” (excusatio non petita, accusatio manifesta).
3. El ministro Gaviria incursionó en la política al aceptar el Ministerio de Salud en 2012. En septiembre, le estalló el escándalo de Saludcoop y optó por ignorar los hallazgos de la contralora Morelli. En 2014, con la presentación del proyecto de Ley Estatutaria, en una entrevista televisada, en la que participamos, con Antonio Caballero y Antonio Albiñana, afirmó que esa ley no era necesaria. Es la postura que ha asumido en relación con la reforma propuesta por la ministra Corcho.
4. Algunos congresistas, encabezados por Humberto de la Calle, enviaron una carta al presidente del Senado para que el proyecto de reforma sea inscrito como ley estatutaria. Con el debido respeto, se identifican con Gaviria en la omisión de que la Ley Estatutaria ya existe, fue aprobada en 2014 y declarada exequible por la Corte Constitucional en 2015. Por consiguiente, la reforma propuesta por la ministra Corcho es un proyecto de ley ordinaria, que debe desarrollar el contenido de la mencionada Estatutaria. Sobre ese propósito, que reconcilia al Estado con el derecho fundamental de los ciudadanos, hemos acompañado la reforma propuesta. No obstante, convendría que la ministra Corcho insista en su planteamiento inicial, de “construir sobre lo construido”, para no desmejorar la condición de los que ya gozan de atención en salud y llevar a ese nivel a la población carente de servicios.
5. La reacción de ACEMI. La señora Paula Acosta, presidenta de ese gremio, en sus declaraciones sobre que el proyecto “cambia el sistema”, no acepta que de eso se trata: las EPS no pueden seguir desempeñándose como aseguradoras, sino como prestadoras y auditoras de las IPS. El asegurador es el Estado y es el único que puede coordinar con las agencias gubernamentales “los condicionantes sociales de la salud”, tan esenciales como la prestación de los servicios (“La salud: ¿en la misma incertidumbre de otras carteras del gobierno?”, F. Galindo G., El Espectador, 7-feb-2023).
6. Los episodios vergonzosos de los debates en el Congreso. Daniel Coronell escribió en la revista Semana (27-jul-2011) la columna “Un congresista a sueldo”, en la que describe que el representante a la cámara Holger Díaz H. le envía un correo a Carlos Palacino (Saludcoop), donde le adiciona “el texto definitivo del proyecto aprobado en las comisiones séptimas”, por supuesto, acomodado a los requerimientos de esa EPS, porque agrega que “hace dos meses no han vuelto a consignar, NIT 804010319-3. Muchas gracias, Holger”. ¡Qué afrenta al Legislativo!
7. Los partidos políticos. Alejandro Guerra, concejal de Medellín por el Partido Liberal, denunció que, para la campaña de 2010, se detectó el ingreso de $500 millones a Cambio Radical, provenientes de una EPS.

En conclusión, los congresistas, los partidos políticos, los medios de comunicación y cualquier otro actor que participen en el debate para la propuesta de reforma del sistema de salud tienen la obligación ética y moral de revelar los conflictos de interés en que puedan estar inmersos. Es el mínimo respeto que se merecen la sociedad y los ciudadanos, porque la salud es un derecho fundamental, individual y colectivo.