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En el puntaje de resiliencia ante el COVID-19 de Bloomberg (compañía de asesoría financiera de EE. UU.), “Colombia fue clasificada como uno de los tres peores países del mundo para vivir durante la pandemia” (27/01/2021). Bloomberg evalúa varios índices, como las interrupciones a la economía y la sociedad (confinamientos), el crecimiento de los casos positivos de la infección, la capacidad de pruebas diagnósticas, la tasa de mortalidad general y los acuerdos de suministro de vacunas.
Desde otro continente, el Instituto Lowy, de Australia, publica el Índice de Gestión de COVID-19 (28/01/2021), que evalúa a 98 naciones incluyendo seis indicadores: casos confirmados, muertes confirmadas, casos confirmados por millón de habitantes, muertes confirmadas por millón de habitantes, casos confirmados en proporción a pruebas realizadas y pruebas por cada mil habitantes. Colombia fue nuevamente clasificada entre las tres peores naciones del planeta en el manejo de la pandemia, deshonrosa consistencia con la evaluación americana, que lacera en el alma el nacionalismo ciudadano.
Para agravar aún más la perspectiva de la gestión de la pandemia, The Economist (publicación británica), según reporte de Jonathan Toro en La República (28/01/21), plantea que Colombia solo será vacunada masivamente a finales de 2022.
Al exponer estas referencias en el análisis de lo ocurrido en el país, vale citar a Guillermo García R., presidente de la Comisión Quinta del Senado, en la reciente audiencia pública: “Se deben detener los ataques a los connacionales preocupados por el avance de la vacunación en el país y por eso no se nos puede estigmatizar”. Lo que corresponde es que el Estado en todos sus estamentos: Gobierno, Congreso de la República, organismos de control, altas cortes del Poder Judicial, sociedad civil, medios de comunicación e instituciones universitarias profundicen en las causas que condujeron a que Colombia proyecte, a escala internacional, una imagen tan desastrosa en época de pandemia.
El primer insumo de la reflexión profunda es el sistema de salud, que desde 1993 está centrado en el provecho comercial. Por consiguiente, su objetivo es la rentabilidad del negocio y no el ser humano ni la salud pública. Desde el inicio de la pandemia, en marzo de 2020, las EPS se propasaron con la negación de pruebas a los sintomáticos y la desatención a las consultas de los afiliados, denunciadas por los alcaldes de Cartagena y Cali. El Gobierno no solo fue permisivo con esos abusos, sino que optó por subsidiar a las aseguradoras por lo que posiblemente no hicieron. Los exámenes de laboratorio y diagnóstico están incluidos en los planes de beneficios y han sido pagados previamente por los afiliados al sistema, en las planillas de los parafiscales. Los organismos de control deben investigar la Resolución 2461 de 2020, por la que el Ministerio de Salud autorizó $742.224 millones para las EPS por las supuestas pruebas realizadas entre el 17 de marzo y el 25 de agosto del año pasado. Si ese subsidio es válido, quiere decir que el aseguramiento comercial de la salud aplica solo para la población sana.
El segundo insumo que se propone es el comportamiento de algunos sectores de la sociedad que, obligados por las desigualdades y la informalidad laboral, desobedecen las medidas sanitarias requeridas para controlar la pandemia. Estas conductas demuestran el fracaso de la divulgación pública, que no transformó eficazmente la conciencia solidaria de las comunidades para evitar el contagio del virus. Las EPS son empresas promotoras de salud y uno de los rubros que facturan en la UPC es el de promoción y prevención. ¿Ocurriría lo mismo que con las pruebas?
Parche. Los colombianos que sufragamos por Iván Duque en las elecciones de 2018 acompañamos el duelo de su gobierno por el fallecimiento del ministro Carlos Holmes Trujillo. El letal virus truncó su destino, que podría haber sido la campaña 2022. Dios lo tenga en su gloria y le dé fortaleza a su familia.