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Las EPS consolidaron, desde 1994, su poder dominante sobre el sistema de salud impuesto por la Ley 100, y lo han explotado para desviar a su favor los aportes parafiscales de los afiliados, con diversas modalidades. Iniciaron con la falsedad en las bases de datos, que se denominaron “duplicados”, correspondientes a personas inexistentes, fallecidas o registros duplicados, por los que cobraban al Estado la UPC. Se supondría que con los adelantos tecnológicos en la sistematización de datos dicho delito hubiera desaparecido. No fue así. El Ministerio de Salud tuvo que expedir la resolución 2199 de 2013, “por la cual se define el proceso de depuración de los registros de afiliados repetidos en la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA)”. Tampoco sirvió de mucho tal resolución porque, cinco años más tarde (8/05/18), la Administradora de Recursos del Sistema de Seguridad Social en Salud (Adres) encontró 178.237 afiliados con inconsistencias en las bases de datos, de usuarios fallecidos o que habían cambiado de régimen, por los que las EPS reclamaron recursos que no correspondían, persistiendo en la comisión del engaño.
Algunos analistas del sector han especulado que las diferencias en el censo del DANE podrían haber magnificado las incosistencias en las bases de datos de las EPS, al reducir el número real de colombianos de 51 a 45,5 millones de habitantes en 2018.
Al manual de malas prácticas agregaron la estrategia de negar los servicios y tanto la Asociación Colombiana de Empresas de Medicina Integral (Acemi) como varias de sus EPS afiliadas han sido sancionadas repetidamente por la Delegatura para la Protección de la Competencia, por el llamado “Consenso de Acemi”. En un correo enviado por la directora médica de Acemi, “Compromiso costeo insumos y depósitos médicos procedimientos POS”, adjuntó el listado de servicios que las EPS acordaron no cubrir. (30/05/07). En la primera visita de inspección de la Superintendencia a Acemi, encontró el acta 006 del Comité Médico de Acemi (27/08/07), en que se ratifican aquellos procedimientos que se deben negar. Cuatro años más tarde, mediante la resolución 46111 de 2011, la SIC sancionó a Acemi y a 14 EPS pertenecientes a la asociación, por haber realizado prácticas anticompetitivas en el sector de salud.
La Superintendencia reseñó el aumento desproporcionado de recobros al Fosyga, porque por el “acuerdo de Acemi” cobraban dos veces por lo mismo.
Tanto la Defensoría del Pueblo como la Procuraduría General han denunciado el incremento de las tutelas de los ciudadanos por la negación de servicios incluidos en el POS.
En esta saga de descomposición social, impactaron profundamente a los colombianos los desvíos de sus aportes parafiscales, en cuantía de $1,4 billones, acontecidos en Saludcoop e identificados por la excontralora Sandra Morelli en 2013. El entonces fiscal Montealegre, que había sido abogado del señor Palacino, no solo engavetó la investigación de la Contraloría, sino que hostigó despiadadamente a la funcionaria Morelli.
La Ley 100 ha sido generadora de corrupción. El sistema de salud debería regirse por la Ley Estatutaria, que consagra el derecho fundamental a la salud, incompatible con el negocio rentista en que la han convertido los intermediarios.