El viernes 12 de junio se conoció, por diferentes medios, que la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, envió a la Corte Constitucional un extenso documento sobre el Decreto 637, con el que se declaró la segunda emergencia en el país por el coronavirus.
“Se proyecta un total de 3’631.583 casos acumulados de pacientes sintomáticos, es decir, de portadores que presentan síntomas ya sean leves o severos durante todo el período de estimación (27 de abril a 31 de diciembre). Las muertes totales serían 41.622”, expresó la secretaria.
Días antes, en entrevista para El Tiempo, que la Unidad de Salud tituló: “Las disculpas del ministro de Salud a los médicos y otras reflexiones” (09/06/20), el imaginario del ministro Fernando Ruiz fue un poco más inflamado que el de la secretaria González: “Si no actuábamos oportunamente habríamos acumulado más de cinco millones y medio de hospitalizaciones y alrededor de 300.000 muertes”.
¿De dónde pudo obtener esa información el ministro Ruiz para esculpirla en el reportaje escrito, si la cifra de la totalidad de muertos por coronavirus en el mundo (7.500 millones de habitantes), el 20 de junio, era de 460.530 y los fallecimientos en Colombia (48,5 millones de habitantes) eran 2.046?
¿Seguirá el ministro especulando (con el modelo matemático desmontado internacionalmente desde abril) que en los próximos días fallecerán 297.954 colombianos por el COVID-19? ¿El presidente atenderá tal información?
Con esos hiperbólicos guarismos, los funcionarios resultan autodestructivos y le han pegado un tiro en el pie a la credibilidad del Gobierno. Respecto al documento remitido por la secretaria jurídica, la Corte Constitucional, en su sabiduría, dictaminará la exequibilidad no solo de las sucedáneas emergencias, sino la de los decretos expedidos a su amparo, algunos de ellos claramente violatorios de los mínimos derechos fundamentales de los ciudadanos. El ministro, al predicar semejante catástrofe, cuatro meses después de iniciada la pandemia, estaría demostrando la incapacidad gubernamental para manejarla y la inutilidad de las cuarentenas, desaprovechadas para proveer a los servicios hospitalarios de los respiradores suficientes para los enfermos reales y en los tiempos reales de la pandemia. Su ingreso al Gobierno coincide con el brote del COVID-19. Si los cálculos de ese momento son los que consigna en la nota de El Tiempo, significa que Ruiz era consciente de que el modelo de aseguramiento comercial de la salud está fracasado, porque deshabilitó la capacidad de la salud pública para atender una emergencia sanitaria. Posiblemente su negligencia para resolver las quejas de los pacientes, de los organismos de control, de los mandatarios locales, de los directores de hospitales y clínicas, sobre la negación de servicios por parte de las EPS durante la pandemia, sea consecuencia de su reacción al desastre del modelo que ha defendido por años.
La sociedad civil ya está suficientemente atormentada y vulnerada por las cuarentenas, por las desigualdades en la libertad de movilización de los niños y de los adultos mayores, por el trato indigno a los profesionales de la salud, médicos y odontólogos, acosados en su ejercicio profesional. Es cruel e inhumano que ahora sobrevenga el pánico sanitario, de zozobra y de miedo, por la evolución de la pandemia hasta finales de este año, contenido en las referencias citadas de la secretaria jurídica y del ministro de Salud.
En la entrevista del 9 de junio, le preguntaron al ministro: “¿Cómo han sido sus 100 días?”. Contestó: “Como si fueran 100 años”. Sí, es verdad, así lo estamos experimentando todos los colombianos.
Parche I. Después de las denuncias del ministro y del superintendente de Salud sobre el manejo de las UCI, en “Pregunta Yamid”, de CM&, el ministro dijo que se refería al manejo administrativo de tales unidades en algunos hospitales. El doctor José Luis Accini M., presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, rechazó las denuncias de los funcionarios y defendió que el ingreso de un paciente a una UCI y su permanencia en ella es una decisión médica, ética y científica, exclusiva e indelegable, del equipo multidisciplinario responsable por la salud y la vida de los pacientes.
Parche II. Para guardar en las carteras de los funcionarios de salud, con el propósito de que no se repita (del recordatorio del colegio de los jesuitas): “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.
El viernes 12 de junio se conoció, por diferentes medios, que la secretaria jurídica de la Presidencia, Clara María González, envió a la Corte Constitucional un extenso documento sobre el Decreto 637, con el que se declaró la segunda emergencia en el país por el coronavirus.
“Se proyecta un total de 3’631.583 casos acumulados de pacientes sintomáticos, es decir, de portadores que presentan síntomas ya sean leves o severos durante todo el período de estimación (27 de abril a 31 de diciembre). Las muertes totales serían 41.622”, expresó la secretaria.
Días antes, en entrevista para El Tiempo, que la Unidad de Salud tituló: “Las disculpas del ministro de Salud a los médicos y otras reflexiones” (09/06/20), el imaginario del ministro Fernando Ruiz fue un poco más inflamado que el de la secretaria González: “Si no actuábamos oportunamente habríamos acumulado más de cinco millones y medio de hospitalizaciones y alrededor de 300.000 muertes”.
¿De dónde pudo obtener esa información el ministro Ruiz para esculpirla en el reportaje escrito, si la cifra de la totalidad de muertos por coronavirus en el mundo (7.500 millones de habitantes), el 20 de junio, era de 460.530 y los fallecimientos en Colombia (48,5 millones de habitantes) eran 2.046?
¿Seguirá el ministro especulando (con el modelo matemático desmontado internacionalmente desde abril) que en los próximos días fallecerán 297.954 colombianos por el COVID-19? ¿El presidente atenderá tal información?
Con esos hiperbólicos guarismos, los funcionarios resultan autodestructivos y le han pegado un tiro en el pie a la credibilidad del Gobierno. Respecto al documento remitido por la secretaria jurídica, la Corte Constitucional, en su sabiduría, dictaminará la exequibilidad no solo de las sucedáneas emergencias, sino la de los decretos expedidos a su amparo, algunos de ellos claramente violatorios de los mínimos derechos fundamentales de los ciudadanos. El ministro, al predicar semejante catástrofe, cuatro meses después de iniciada la pandemia, estaría demostrando la incapacidad gubernamental para manejarla y la inutilidad de las cuarentenas, desaprovechadas para proveer a los servicios hospitalarios de los respiradores suficientes para los enfermos reales y en los tiempos reales de la pandemia. Su ingreso al Gobierno coincide con el brote del COVID-19. Si los cálculos de ese momento son los que consigna en la nota de El Tiempo, significa que Ruiz era consciente de que el modelo de aseguramiento comercial de la salud está fracasado, porque deshabilitó la capacidad de la salud pública para atender una emergencia sanitaria. Posiblemente su negligencia para resolver las quejas de los pacientes, de los organismos de control, de los mandatarios locales, de los directores de hospitales y clínicas, sobre la negación de servicios por parte de las EPS durante la pandemia, sea consecuencia de su reacción al desastre del modelo que ha defendido por años.
La sociedad civil ya está suficientemente atormentada y vulnerada por las cuarentenas, por las desigualdades en la libertad de movilización de los niños y de los adultos mayores, por el trato indigno a los profesionales de la salud, médicos y odontólogos, acosados en su ejercicio profesional. Es cruel e inhumano que ahora sobrevenga el pánico sanitario, de zozobra y de miedo, por la evolución de la pandemia hasta finales de este año, contenido en las referencias citadas de la secretaria jurídica y del ministro de Salud.
En la entrevista del 9 de junio, le preguntaron al ministro: “¿Cómo han sido sus 100 días?”. Contestó: “Como si fueran 100 años”. Sí, es verdad, así lo estamos experimentando todos los colombianos.
Parche I. Después de las denuncias del ministro y del superintendente de Salud sobre el manejo de las UCI, en “Pregunta Yamid”, de CM&, el ministro dijo que se refería al manejo administrativo de tales unidades en algunos hospitales. El doctor José Luis Accini M., presidente de la Asociación Colombiana de Medicina Crítica y Cuidado Intensivo, rechazó las denuncias de los funcionarios y defendió que el ingreso de un paciente a una UCI y su permanencia en ella es una decisión médica, ética y científica, exclusiva e indelegable, del equipo multidisciplinario responsable por la salud y la vida de los pacientes.
Parche II. Para guardar en las carteras de los funcionarios de salud, con el propósito de que no se repita (del recordatorio del colegio de los jesuitas): “Excusatio non petita, accusatio manifesta”.