Cambié de opinión sobre el asesinato de líderes sociales

*Invitamos a nuestros columnistas a contarnos de las ideas que defendieron y que, ahora, perciben de manera diferente. Esta columna es parte del especial #CambiéDeOpinión.

Yo vivo cambiando de opinión. Claro, trato de no hacerlo a la ligera. Pero me toca. Si uno quiere investigar en serio, tiene que ajustar sus creencias a medida que se va enfrentando a nuevas teorías, evidencias, problemas, etc. Así que cuando vi esta propuesta de El Espectador, por un lado la encontré muy interesante, pero por otra sentí que me empujaba a una crisis de abundancia.

Finalmente, me decanté por un asunto que es fundamental para la vida y las políticas públicas en el país: los asesinatos de los líderes sociales. El acuerdo de 2016 no significó para ellos una disminución sustancial del riesgo. Desde el principio fue bastante claro para muchos, incluyéndome, que era una cuestión compleja, que no se podía resolver simplemente con la “voluntad política”. Había ahí algo más complejo y turbio, que evidentemente no hemos sabido interpretar.

Sin embargo, confieso que sí creí que sería posible encontrarle alguna salida más contundente, más fácilmente y más rápido. No es que la situación no haya tenido alguna mejoría –pero insuficiente y además, me cuentan varios entendidos, con un giro hacia lo peor en las últimas semanas. Seguimos siendo un país atrozmente letal, amenazante, para los líderes.

¿Eran infundadas las esperanzas de que hubiera una mejora muy significativa? Pienso que no. Primero, durante los gobiernos de Santos y de Duque hubo tantos bloqueos –comenzando por las pseudo explicaciones: líos de faldas, etc.—que fue difícil avanzar. ¿Qué pasaría si tales bloqueos se levantaban? Segundo, cuando la cuestión se mira con un mínimo de atención, es fácil entender que, incluso si uno se abstrae del horror y de la tragedia humana que involucra, esta sangría ininterrumpida y masiva tiene un costo prohibitivo para el país. Piense la lectora en la cantidad de capacidades, de destrezas, de conexiones, de interacciones con diferentes sectores de la sociedad, de conocimiento concreto del territorio y sus problemas, la mayoría de ellos intransferibles (pues han cristalizado a través de trayectorias complejas y únicas en una persona específica), que se pierden con el asesinato de cada líder. ¿No tendría que ser este el tipo de tema susceptible de atravesar al menos algunas de las fronteras invisibles de la política, y de movilizar voluntades para enfrentarlo?

Aún así, la matazón sigue. En las últimas dos semanas, por ejemplo, acabaron con la vida de tres presidentes de acción comunal, en Córdoba, Huila y Putumayo. A propósito, la victimización de comunales ha sido absolutamente brutal. Ellos son bastiones de la construcción de tejido social en barrios y veredas, y de la implementación de diferentes acuerdos de paz. Y los siguen asesinando en medio de un silencio que asusta.

Y aquí va la parte constructiva de esta columna. Bueno: la dura experiencia nos enseñó que esta vergüenza carece de soluciones fáciles, que no hay fórmulas mágicas, etc. Pero entender esto plenamente no puede significar un camino hacia la conformidad y/o el silencio. Es claro que tenemos un déficit tremendo de competencias, ideas, políticas, recursos humanos y materiales, para enfrentarlo. ¿No podría convertirse esto entonces en un punto de confluencia, un problema alrededor del cual puedan converger muchos? En años anteriores, actores de muy diferente procedencia y de tendencias contrapuestas adoptaron algunas iniciativas para enfrentarlo. Algunas de ellas dejaron un saldo positivo. Pero faltó persistencia. ¿No será que nos podemos poner como propósito en el 2024 bajar de manera muy significativa las cifras de victimización de líderes?

Eso implicaría hacer un seguimiento sistemático de la victimización, coordinar entre diferentes agencias y actores, ponerse metas, no dejar de insistir en buscar soluciones. La experiencia, tanto en Colombia como internacional, sugiere que la combinación de publicidad, seguimiento, acopio de conocimiento riguroso para el desarrollo de políticas adecuadas e interacción entre el estado y diferentes dolientes (comenzando por los más afectados) podría producir mejoras reales.

Como verán, pese a que ya me equivoqué, sigo insistiendo tercamente.

*Invitamos a nuestros columnistas a contarnos de las ideas que defendieron y que, ahora, perciben de manera diferente. Esta columna es parte del especial #CambiéDeOpinión.

Yo vivo cambiando de opinión. Claro, trato de no hacerlo a la ligera. Pero me toca. Si uno quiere investigar en serio, tiene que ajustar sus creencias a medida que se va enfrentando a nuevas teorías, evidencias, problemas, etc. Así que cuando vi esta propuesta de El Espectador, por un lado la encontré muy interesante, pero por otra sentí que me empujaba a una crisis de abundancia.

Finalmente, me decanté por un asunto que es fundamental para la vida y las políticas públicas en el país: los asesinatos de los líderes sociales. El acuerdo de 2016 no significó para ellos una disminución sustancial del riesgo. Desde el principio fue bastante claro para muchos, incluyéndome, que era una cuestión compleja, que no se podía resolver simplemente con la “voluntad política”. Había ahí algo más complejo y turbio, que evidentemente no hemos sabido interpretar.

Sin embargo, confieso que sí creí que sería posible encontrarle alguna salida más contundente, más fácilmente y más rápido. No es que la situación no haya tenido alguna mejoría –pero insuficiente y además, me cuentan varios entendidos, con un giro hacia lo peor en las últimas semanas. Seguimos siendo un país atrozmente letal, amenazante, para los líderes.

¿Eran infundadas las esperanzas de que hubiera una mejora muy significativa? Pienso que no. Primero, durante los gobiernos de Santos y de Duque hubo tantos bloqueos –comenzando por las pseudo explicaciones: líos de faldas, etc.—que fue difícil avanzar. ¿Qué pasaría si tales bloqueos se levantaban? Segundo, cuando la cuestión se mira con un mínimo de atención, es fácil entender que, incluso si uno se abstrae del horror y de la tragedia humana que involucra, esta sangría ininterrumpida y masiva tiene un costo prohibitivo para el país. Piense la lectora en la cantidad de capacidades, de destrezas, de conexiones, de interacciones con diferentes sectores de la sociedad, de conocimiento concreto del territorio y sus problemas, la mayoría de ellos intransferibles (pues han cristalizado a través de trayectorias complejas y únicas en una persona específica), que se pierden con el asesinato de cada líder. ¿No tendría que ser este el tipo de tema susceptible de atravesar al menos algunas de las fronteras invisibles de la política, y de movilizar voluntades para enfrentarlo?

Aún así, la matazón sigue. En las últimas dos semanas, por ejemplo, acabaron con la vida de tres presidentes de acción comunal, en Córdoba, Huila y Putumayo. A propósito, la victimización de comunales ha sido absolutamente brutal. Ellos son bastiones de la construcción de tejido social en barrios y veredas, y de la implementación de diferentes acuerdos de paz. Y los siguen asesinando en medio de un silencio que asusta.

Y aquí va la parte constructiva de esta columna. Bueno: la dura experiencia nos enseñó que esta vergüenza carece de soluciones fáciles, que no hay fórmulas mágicas, etc. Pero entender esto plenamente no puede significar un camino hacia la conformidad y/o el silencio. Es claro que tenemos un déficit tremendo de competencias, ideas, políticas, recursos humanos y materiales, para enfrentarlo. ¿No podría convertirse esto entonces en un punto de confluencia, un problema alrededor del cual puedan converger muchos? En años anteriores, actores de muy diferente procedencia y de tendencias contrapuestas adoptaron algunas iniciativas para enfrentarlo. Algunas de ellas dejaron un saldo positivo. Pero faltó persistencia. ¿No será que nos podemos poner como propósito en el 2024 bajar de manera muy significativa las cifras de victimización de líderes?

Eso implicaría hacer un seguimiento sistemático de la victimización, coordinar entre diferentes agencias y actores, ponerse metas, no dejar de insistir en buscar soluciones. La experiencia, tanto en Colombia como internacional, sugiere que la combinación de publicidad, seguimiento, acopio de conocimiento riguroso para el desarrollo de políticas adecuadas e interacción entre el estado y diferentes dolientes (comenzando por los más afectados) podría producir mejoras reales.

Como verán, pese a que ya me equivoqué, sigo insistiendo tercamente.