Los Estados Unidos suspendieron el monitoreo de las siembras de coca y Colombia ha virado hacia una política provisional (sus perfiles definitivos están por verse) que implica al menos no usar la violencia contra los campesinos que cultivan la mal llamada “mata que mata”. En realidad es una mata que provee, con múltiples potencialidades constructivas. El problema que tenemos todos los que quisiéramos una nueva visión es definir con claridad el hacia dónde hay que moverse y el cómo se debe transitar ese camino (hace rato estoy convencido de que la legalización es la proverbial condición necesaria pero no suficiente).
Quienes defienden la absurda guerra contra las drogas en su versión colombiana no enfrentan, claro, esa dificultad. Quisieran que las cosas se mantuvieran como han sido hasta ahora. Hablo de los barbosas y los rubios, en Colombia y en la potencia del norte. Que un senador estadounidense pretenda que le rindamos cuentas por esa guerra —lanzada por su Gobierno, al servicio de los sectores más conservadores de su país y desastrosa para nosotros— puede ser inmoral y apolítico, pero a la vez es comprensible. Se trata de una forma de demagogia lo suficientemente importante como para no dejarla caer. Recuerden la declaración de un asesor de Nixon (si mal no recuerdo, el mismísimo Ehrlichman) a la excelente revista Harper’s: sabíamos desde el principio que la guerra contra las drogas era una forma de hostilizar a los negros y a hippies antiguerra, de desestabilizar sus redes y comunidades. Lo demás era paja. Pero que lo plantee un alto funcionario colombiano, cuyo deber constitucional es preocuparse por la vida e integridad de todos los ciudadanos de este país, no de otro, es repugnante. Y que haga de esto una supuesta forma de presión moral contra un gobierno que dejó de darle bala a un sector social muy vulnerable no revela más que la naturaleza del personaje en cuestión.
La idea de que no fumigar ni matar campesinos cocaleros es de alguna manera moralmente reprochable ha hecho por desgracia carrera, por lo que amerita un debate público explícito. Este debate debe plantearse en términos de qué tan buena es para nuestro país la ilegalidad del cultivo.
Sé que al decir esto me estrello contra la pared de otra forma de corrección política, esta bienintencionada y en muchos sentidos positiva. Puedo oír la admonición: “No son cultivos ilícitos, sino de uso ilícito”. Esto me lo han dicho ya en un par de eventos personas por las que por lo demás siento respeto y afecto.
Pero en este punto discrepo. La corrección política en el lenguaje vale en la medida en que permite descubrir y aclarar cosas. Por ejemplo, si se usa un nombre despectivo para denotar a una persona con una cierta identidad sexual, exigir que se utilice otra palabra muestra qué tan pesado es el estigma del término peyorativo. Pero reemplazar “cultivo ilícito” por “de uso ilícito” no aclara. Esconde la naturaleza de la guerra contra las drogas en Colombia, que en sus formas más extremas, violentas y devastadoras estuvo dirigida contra la mata y el campesinado que la cultivaba.
Fue a este al que fumigaron con toda clase de venenos (una agresión extraordinaria contra la propia población, difícil de encontrar en cualquier otra parte). Como esa extravagante forma de presencia del Estado por aspersión no fue suficiente, se reforzó con bala y masacres (la última que conozco, bajo el mando del general ajúa y con su plena justificación). No hablemos ya de estigmatizaciones brutales, de diferentes formas de exclusión, de persecuciones, de agresiones salvajes incluso en el contexto de la pandemia. Y, sí, atérrense y persígnense, de expropiación (tema al que volveré): totalmente institucionalizada contra los cultivadores de coca, desde hace rato.
Les recomiendo entonces usar “cultivos ilícitos”. Por mi parte, yo lo seguiré haciendo. Hasta que dejen de serlo, que es lo que quiero.
Los Estados Unidos suspendieron el monitoreo de las siembras de coca y Colombia ha virado hacia una política provisional (sus perfiles definitivos están por verse) que implica al menos no usar la violencia contra los campesinos que cultivan la mal llamada “mata que mata”. En realidad es una mata que provee, con múltiples potencialidades constructivas. El problema que tenemos todos los que quisiéramos una nueva visión es definir con claridad el hacia dónde hay que moverse y el cómo se debe transitar ese camino (hace rato estoy convencido de que la legalización es la proverbial condición necesaria pero no suficiente).
Quienes defienden la absurda guerra contra las drogas en su versión colombiana no enfrentan, claro, esa dificultad. Quisieran que las cosas se mantuvieran como han sido hasta ahora. Hablo de los barbosas y los rubios, en Colombia y en la potencia del norte. Que un senador estadounidense pretenda que le rindamos cuentas por esa guerra —lanzada por su Gobierno, al servicio de los sectores más conservadores de su país y desastrosa para nosotros— puede ser inmoral y apolítico, pero a la vez es comprensible. Se trata de una forma de demagogia lo suficientemente importante como para no dejarla caer. Recuerden la declaración de un asesor de Nixon (si mal no recuerdo, el mismísimo Ehrlichman) a la excelente revista Harper’s: sabíamos desde el principio que la guerra contra las drogas era una forma de hostilizar a los negros y a hippies antiguerra, de desestabilizar sus redes y comunidades. Lo demás era paja. Pero que lo plantee un alto funcionario colombiano, cuyo deber constitucional es preocuparse por la vida e integridad de todos los ciudadanos de este país, no de otro, es repugnante. Y que haga de esto una supuesta forma de presión moral contra un gobierno que dejó de darle bala a un sector social muy vulnerable no revela más que la naturaleza del personaje en cuestión.
La idea de que no fumigar ni matar campesinos cocaleros es de alguna manera moralmente reprochable ha hecho por desgracia carrera, por lo que amerita un debate público explícito. Este debate debe plantearse en términos de qué tan buena es para nuestro país la ilegalidad del cultivo.
Sé que al decir esto me estrello contra la pared de otra forma de corrección política, esta bienintencionada y en muchos sentidos positiva. Puedo oír la admonición: “No son cultivos ilícitos, sino de uso ilícito”. Esto me lo han dicho ya en un par de eventos personas por las que por lo demás siento respeto y afecto.
Pero en este punto discrepo. La corrección política en el lenguaje vale en la medida en que permite descubrir y aclarar cosas. Por ejemplo, si se usa un nombre despectivo para denotar a una persona con una cierta identidad sexual, exigir que se utilice otra palabra muestra qué tan pesado es el estigma del término peyorativo. Pero reemplazar “cultivo ilícito” por “de uso ilícito” no aclara. Esconde la naturaleza de la guerra contra las drogas en Colombia, que en sus formas más extremas, violentas y devastadoras estuvo dirigida contra la mata y el campesinado que la cultivaba.
Fue a este al que fumigaron con toda clase de venenos (una agresión extraordinaria contra la propia población, difícil de encontrar en cualquier otra parte). Como esa extravagante forma de presencia del Estado por aspersión no fue suficiente, se reforzó con bala y masacres (la última que conozco, bajo el mando del general ajúa y con su plena justificación). No hablemos ya de estigmatizaciones brutales, de diferentes formas de exclusión, de persecuciones, de agresiones salvajes incluso en el contexto de la pandemia. Y, sí, atérrense y persígnense, de expropiación (tema al que volveré): totalmente institucionalizada contra los cultivadores de coca, desde hace rato.
Les recomiendo entonces usar “cultivos ilícitos”. Por mi parte, yo lo seguiré haciendo. Hasta que dejen de serlo, que es lo que quiero.