Una matazón se desarrolla ante nuestros ojos: la de líderes sociales. Y esto plantea ante todos los ciudadanos dos preguntas simples. Primero, ¿están dispuestos a tolerarlo y a normalizarlo? Y segundo, si la respuesta es negativa, ¿qué quieren y pueden hacer para contrarrestar el fenómeno? Pues si no encontramos soluciones pronto, estamos frente a un fracaso mayúsculo como país.
La pasividad del Gobierno Nacional frente a esta atrocidad ya se pasó de raya. Soy el primero en reconocer el valioso activismo del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien se ha apersonado del tema y ha impulsado legislación que sólo puede considerarse positiva. Pero como lo he dicho varias veces en esta columna, y repito en esencia a quien se me atraviese, éste no es fundamentalmente un problema técnico (chaleco antibalas y Avantel) o legal. Para que no se me malentienda: claro que el chaleco hace bien, claro que una buena ley tiene lugar en cualquier diseño para superar este fenómeno.
Pero la principal pieza del rompecabezas está en otro lugar: en la política. Si los líderes sociales son considerados por sectores claves del Estado y la sociedad como peligrosos y matables, les seguirán dando bala. En el momento en que escribo estas líneas, acaban de quitarle la vida a Ana María Cortés, una valiente mujer que era tanto activista de los desplazados de Hidroituango como de la campaña de Gustavo Petro. Su situación, lejos de ser excepcional, es típica. Lideresa de una junta de acción comunal, denunció actos de corrupción de las autoridades locales, por lo que se le vino el mundo encima: amenazas de grupos herederos del paramilitarismo, hostigamientos de las autoridades supuestamente encargadas de protegerla, etc..
En fin: la crónica de una muerte anunciada. Una más. Y es aquí donde hablo de política. Porque para contrarrestar lo que está pasando se necesitan cuatro ingredientes que no han entrado hasta ahora en la fórmula. Primero, responsabilidades administrativas de todos los funcionarios en las burocracias civiles y armadas en cuyo territorio están asesinando a los líderes. No puede suceder que vayan matando a la gente y eso no tenga consecuencias para nadie. Segundo, un esfuerzo real y sostenido para transformar lógicas, mentalidades y procedimientos con respecto a los liderazgos sociales en diversas agencias y niveles del Estado. ¿Ha habido alguna iniciativa en ese sentido? No la conozco. Un ejemplo simple: ¿ha dicho algo el director de la Unidad de Restitución sobre sus reclamantes asesinados? ¿Algo la gente de Hidroituango, a quien en teoría le debería interesar vitalmente que los desplazados por la obra estuvieran bien organizados para mitigar los impactos de la reciente emergencia? No: su lógica es “ese muerto no lo cargo yo”. Tercero, una ofensiva frente a la opinión pública —en coordinación con los medios de comunicación que quieran participar en ella— para proteger a los líderes y aislar a los asesinos. Sí: pedagogía. A propósito: si los ciudadanos dejan que a la gente que denuncia la corrupción la asesinen, les sacarán el dinero de sus bolsillos y no tendrán derecho de protestar. Y cuarto, una intervención sistemática de diversas agencias del Estado, con seguimiento de la comunidad internacional, en los territorios en donde más ocurre el fenómeno (sí: su concentración territorial es muy alta).
¿Qué expectativa se puede tener de que haya un avance significativo con la prontitud que exige esta catástrofe? Ya podemos decir que el actual gobierno perdió estruendosamente esta asignatura. Por otra parte, hay muchas razones para dudar del interés del gobierno elegido para moverse en la dirección correcta. A raíz del asesinato de Ana María Cortés, Petro le preguntó a Duque si emitirá alguna condena. Ignoro si haya habido alguna respuesta. Pero si no queremos que esto continúe, es fundamental que la ciudadanía haga oír su voz. Fundamental ir a la Velatón de este viernes (Bogotá: Plaza de Bolívar, 6 p.m.).
Una matazón se desarrolla ante nuestros ojos: la de líderes sociales. Y esto plantea ante todos los ciudadanos dos preguntas simples. Primero, ¿están dispuestos a tolerarlo y a normalizarlo? Y segundo, si la respuesta es negativa, ¿qué quieren y pueden hacer para contrarrestar el fenómeno? Pues si no encontramos soluciones pronto, estamos frente a un fracaso mayúsculo como país.
La pasividad del Gobierno Nacional frente a esta atrocidad ya se pasó de raya. Soy el primero en reconocer el valioso activismo del ministro del Interior, Guillermo Rivera, quien se ha apersonado del tema y ha impulsado legislación que sólo puede considerarse positiva. Pero como lo he dicho varias veces en esta columna, y repito en esencia a quien se me atraviese, éste no es fundamentalmente un problema técnico (chaleco antibalas y Avantel) o legal. Para que no se me malentienda: claro que el chaleco hace bien, claro que una buena ley tiene lugar en cualquier diseño para superar este fenómeno.
Pero la principal pieza del rompecabezas está en otro lugar: en la política. Si los líderes sociales son considerados por sectores claves del Estado y la sociedad como peligrosos y matables, les seguirán dando bala. En el momento en que escribo estas líneas, acaban de quitarle la vida a Ana María Cortés, una valiente mujer que era tanto activista de los desplazados de Hidroituango como de la campaña de Gustavo Petro. Su situación, lejos de ser excepcional, es típica. Lideresa de una junta de acción comunal, denunció actos de corrupción de las autoridades locales, por lo que se le vino el mundo encima: amenazas de grupos herederos del paramilitarismo, hostigamientos de las autoridades supuestamente encargadas de protegerla, etc..
En fin: la crónica de una muerte anunciada. Una más. Y es aquí donde hablo de política. Porque para contrarrestar lo que está pasando se necesitan cuatro ingredientes que no han entrado hasta ahora en la fórmula. Primero, responsabilidades administrativas de todos los funcionarios en las burocracias civiles y armadas en cuyo territorio están asesinando a los líderes. No puede suceder que vayan matando a la gente y eso no tenga consecuencias para nadie. Segundo, un esfuerzo real y sostenido para transformar lógicas, mentalidades y procedimientos con respecto a los liderazgos sociales en diversas agencias y niveles del Estado. ¿Ha habido alguna iniciativa en ese sentido? No la conozco. Un ejemplo simple: ¿ha dicho algo el director de la Unidad de Restitución sobre sus reclamantes asesinados? ¿Algo la gente de Hidroituango, a quien en teoría le debería interesar vitalmente que los desplazados por la obra estuvieran bien organizados para mitigar los impactos de la reciente emergencia? No: su lógica es “ese muerto no lo cargo yo”. Tercero, una ofensiva frente a la opinión pública —en coordinación con los medios de comunicación que quieran participar en ella— para proteger a los líderes y aislar a los asesinos. Sí: pedagogía. A propósito: si los ciudadanos dejan que a la gente que denuncia la corrupción la asesinen, les sacarán el dinero de sus bolsillos y no tendrán derecho de protestar. Y cuarto, una intervención sistemática de diversas agencias del Estado, con seguimiento de la comunidad internacional, en los territorios en donde más ocurre el fenómeno (sí: su concentración territorial es muy alta).
¿Qué expectativa se puede tener de que haya un avance significativo con la prontitud que exige esta catástrofe? Ya podemos decir que el actual gobierno perdió estruendosamente esta asignatura. Por otra parte, hay muchas razones para dudar del interés del gobierno elegido para moverse en la dirección correcta. A raíz del asesinato de Ana María Cortés, Petro le preguntó a Duque si emitirá alguna condena. Ignoro si haya habido alguna respuesta. Pero si no queremos que esto continúe, es fundamental que la ciudadanía haga oír su voz. Fundamental ir a la Velatón de este viernes (Bogotá: Plaza de Bolívar, 6 p.m.).