En el debate Semana en vivo sobre el proyecto Los Ciruelos en el parque Tayrona, el representante de los interesados argumentó que en la gestión moderna de las áreas protegidas el sector privado es más exitoso que el público. Para él, el caótico uso público masivo del Tayrona es argumento para que se le deje al sector privado causar la diferencia. Quienes defendemos un parque nacional somos ahora “ecomamertos”. El debate me recordó las discusiones de hace 13, años cuando fui asesor técnico principal del Programa Machu Picchu, uno de cuyos temas era ordenar el caos del turismo.
Ambas son áreas protegidas para la conservación de valores naturales y culturales, en sobresalientes paisajes. Tanto allá como acá, una parte del área protegida persistía como propiedad privada no aclarada. Mientras allá el saneamiento legal avanza, aquí el problema crónico generó otra enfermedad: la confusión de medios y fines. La palabra ecoturismo se volvió sustituto de la visita temporal controlada, que es la actividad permitida y que no incluye desarrollo de infraestructura privada adentro.
En Machu Picchu las visitas masivas destructoras en el Camino Inca y la Ciudadela están hoy controladas por el Estado y operadas por actores privados o comunitarios. Dentro del área protegida la infraestructura que se desea no son hoteles, sino centros de visitantes. En algunos parques naturales del mundo, la tendencia hoy es desmontar hoteles y promover el sector por fuera de los límites. Pero para ello hay que superar el conflicto de derechos de propiedad.
En Colombia se volvió normal que los parques tengan propietarios privados, mientras los parques se vuelven anormales. ¿Imaginan ustedes si, por el conflicto de propiedad, el gobierno peruano hubiera permitido que los propietarios de la finca de Santa Rita de Quente, y otras, desarrollaran infraestructura? Machu Picchu sería hoy un parque temático. En eso se puede convertir un Tayrona con cabañas “superecológicas”. En la discusión nos hemos ido por las ramas, así sean de “bosque seco tropical”.
El Tayrona es un parque nacional, es decir, natural y público. ¿Podría ser más natural si fuera privado? Posiblemente: el músculo financiero puede aplicar su fuerza. Pero sería una injusticia ambiental. La Constitución además genera una jerarquía normativa. ¿En qué momento se hizo jurídicamente viable una licencia ambiental pertinente por definición para el resto del territorio? ¿En qué momento la conservación de un parque nacional natural se volvió asunto de trámite y su defensa se produce por la reacción reiterada (van dos) del presidente? Pues en el momento en que perdimos el norte. Porque el proyecto Six Senses y el de Los Ciruelos nacieron, no con la intención de destruir la naturaleza —son empresarios modernos que ven Discovery— sino la de solucionar sus propios problemas: el de la naturaleza como activo cesante.
A Ramón Jimeno hay que preguntarle: ¿en qué contribuye un negocio ecoturístico en los predios en disputa, con la conservación del resto del parque maltratado por el uso masivo? ¿No era ese el argumento? Pues en nada, porque los privados nada podrían hacer para detener los paseos de olla en Villa Concha. Esperemos el estudio de predios, para ver además la legitimidad de la pretensión.
Es claro que en el Tayrona falta un manejo coherente y completo, como parque nacional natural. Los vacíos de gestión llevan a buscar atajos de solución. El Tayrona, que todavía es natural —un milagro en el Caribe—, debe ser nacional. ¿Ahora sí, presidente Santos?
En el debate Semana en vivo sobre el proyecto Los Ciruelos en el parque Tayrona, el representante de los interesados argumentó que en la gestión moderna de las áreas protegidas el sector privado es más exitoso que el público. Para él, el caótico uso público masivo del Tayrona es argumento para que se le deje al sector privado causar la diferencia. Quienes defendemos un parque nacional somos ahora “ecomamertos”. El debate me recordó las discusiones de hace 13, años cuando fui asesor técnico principal del Programa Machu Picchu, uno de cuyos temas era ordenar el caos del turismo.
Ambas son áreas protegidas para la conservación de valores naturales y culturales, en sobresalientes paisajes. Tanto allá como acá, una parte del área protegida persistía como propiedad privada no aclarada. Mientras allá el saneamiento legal avanza, aquí el problema crónico generó otra enfermedad: la confusión de medios y fines. La palabra ecoturismo se volvió sustituto de la visita temporal controlada, que es la actividad permitida y que no incluye desarrollo de infraestructura privada adentro.
En Machu Picchu las visitas masivas destructoras en el Camino Inca y la Ciudadela están hoy controladas por el Estado y operadas por actores privados o comunitarios. Dentro del área protegida la infraestructura que se desea no son hoteles, sino centros de visitantes. En algunos parques naturales del mundo, la tendencia hoy es desmontar hoteles y promover el sector por fuera de los límites. Pero para ello hay que superar el conflicto de derechos de propiedad.
En Colombia se volvió normal que los parques tengan propietarios privados, mientras los parques se vuelven anormales. ¿Imaginan ustedes si, por el conflicto de propiedad, el gobierno peruano hubiera permitido que los propietarios de la finca de Santa Rita de Quente, y otras, desarrollaran infraestructura? Machu Picchu sería hoy un parque temático. En eso se puede convertir un Tayrona con cabañas “superecológicas”. En la discusión nos hemos ido por las ramas, así sean de “bosque seco tropical”.
El Tayrona es un parque nacional, es decir, natural y público. ¿Podría ser más natural si fuera privado? Posiblemente: el músculo financiero puede aplicar su fuerza. Pero sería una injusticia ambiental. La Constitución además genera una jerarquía normativa. ¿En qué momento se hizo jurídicamente viable una licencia ambiental pertinente por definición para el resto del territorio? ¿En qué momento la conservación de un parque nacional natural se volvió asunto de trámite y su defensa se produce por la reacción reiterada (van dos) del presidente? Pues en el momento en que perdimos el norte. Porque el proyecto Six Senses y el de Los Ciruelos nacieron, no con la intención de destruir la naturaleza —son empresarios modernos que ven Discovery— sino la de solucionar sus propios problemas: el de la naturaleza como activo cesante.
A Ramón Jimeno hay que preguntarle: ¿en qué contribuye un negocio ecoturístico en los predios en disputa, con la conservación del resto del parque maltratado por el uso masivo? ¿No era ese el argumento? Pues en nada, porque los privados nada podrían hacer para detener los paseos de olla en Villa Concha. Esperemos el estudio de predios, para ver además la legitimidad de la pretensión.
Es claro que en el Tayrona falta un manejo coherente y completo, como parque nacional natural. Los vacíos de gestión llevan a buscar atajos de solución. El Tayrona, que todavía es natural —un milagro en el Caribe—, debe ser nacional. ¿Ahora sí, presidente Santos?