Cerca de 13 millones de colombianos tienen individualmente un ingreso inferior a $257.000 mensuales y son clasificados como pobres por el Dane (27 % de la población). 3,5 millones de colombianos están en la pobreza extrema (7,2 % de población); tienen ingresos mensuales que están por debajo de la denominada línea de indigencia ($118.000).
Si a todos los pobres se les hiciera una transferencia monetaria mensual de $257.000, sin condiciones, el presupuesto de la iniciativa sería 40 billones de pesos anuales –casi todo el Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a Educación o alrededor del 15% del PGN total–. No parece viable. Es demasiado costoso, tanto directamente como en términos de su costo de oportunidad.
Pero hay un par de alternativas, que podrían balancear mejor cobertura, focalización y viabilidad. Una de ellas podría ser garantizarle $118.000 (línea de indigencia) a cada colombiano pobre (13 millones). El presupuesto sería como máximo (no todos necesitan auxilio completo) 18,4 billones de pesos anuales –7% del PGN–. De esta manera, una familia pobre de cuatro personas contaría con un ingreso mínimo de $472.000. La otra posibilidad es que esa transferencia de $118.000 mensuales se dirija solo a quienes están en la pobreza extrema (3,5 millones). En este caso el presupuesto sería cinco billones de pesos.
Puede haber más combinaciones. En cualquier caso, el punto de fondo es la decisión política de incrementar el presupuesto destinado al gasto social. Y no importa si el consenso político se alcanza con el nombre de renta básica garantizada, ingreso solidario o simplemente transferencia monetaria para las pobres.
Con el propósito de mejorar la comprensión ciudadana, y para no crear falsas expectativas, debe ser claro que este ingreso básico para los pobres no es la estrategia de desarrollo económico y social de largo plazo del país y que obviamente tiene limitaciones de alcance, como las descritas en los escenarios anteriores.
Eso sí, puede ser un instrumento útil y eficiente que se suma a la batería de oportunidades que el Estado debe darles a sus ciudadanos, en especial en momentos de emergencia. El ingreso básico para los pobres les permite a estos ciudadanos contar con un piso –y red de salvamento en muchos casos– para seguir forjando su futuro en la sociedad, e incluso para poder aprovechar de manera efectiva los bienes públicos de educación y salud. De ninguna manera puede olvidarse que ese ingreso básico y el gasto social en educación y salud son complementarios, no sustitutos. Una escuela no es suficiente para un niño cuando hay hambre, desempleo e inestabilidad en su familia. Y para aumentar el capital humano y las capacidades de desarrollo del país no es suficiente una transferencia monetaria para las familias sin inversiones ambiciosas en educación y salud, con las que se aprovechan las economías de escala y se aumenta el impacto social.
Por estas razones, así sean cinco o 18 billones de pesos –o algo en el medio– los recursos necesarios para financiar la iniciativa, tendrán que ser adicionales a los ya presupuestados para el gasto social, a pesar de que algunos gobiernos tengan la inclinación, en especial cuando se habla de apoyar a los pobres, de tapar huecos con la tierra que sacan de huecos abiertos al lado.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
Cerca de 13 millones de colombianos tienen individualmente un ingreso inferior a $257.000 mensuales y son clasificados como pobres por el Dane (27 % de la población). 3,5 millones de colombianos están en la pobreza extrema (7,2 % de población); tienen ingresos mensuales que están por debajo de la denominada línea de indigencia ($118.000).
Si a todos los pobres se les hiciera una transferencia monetaria mensual de $257.000, sin condiciones, el presupuesto de la iniciativa sería 40 billones de pesos anuales –casi todo el Presupuesto General de la Nación (PGN) destinado a Educación o alrededor del 15% del PGN total–. No parece viable. Es demasiado costoso, tanto directamente como en términos de su costo de oportunidad.
Pero hay un par de alternativas, que podrían balancear mejor cobertura, focalización y viabilidad. Una de ellas podría ser garantizarle $118.000 (línea de indigencia) a cada colombiano pobre (13 millones). El presupuesto sería como máximo (no todos necesitan auxilio completo) 18,4 billones de pesos anuales –7% del PGN–. De esta manera, una familia pobre de cuatro personas contaría con un ingreso mínimo de $472.000. La otra posibilidad es que esa transferencia de $118.000 mensuales se dirija solo a quienes están en la pobreza extrema (3,5 millones). En este caso el presupuesto sería cinco billones de pesos.
Puede haber más combinaciones. En cualquier caso, el punto de fondo es la decisión política de incrementar el presupuesto destinado al gasto social. Y no importa si el consenso político se alcanza con el nombre de renta básica garantizada, ingreso solidario o simplemente transferencia monetaria para las pobres.
Con el propósito de mejorar la comprensión ciudadana, y para no crear falsas expectativas, debe ser claro que este ingreso básico para los pobres no es la estrategia de desarrollo económico y social de largo plazo del país y que obviamente tiene limitaciones de alcance, como las descritas en los escenarios anteriores.
Eso sí, puede ser un instrumento útil y eficiente que se suma a la batería de oportunidades que el Estado debe darles a sus ciudadanos, en especial en momentos de emergencia. El ingreso básico para los pobres les permite a estos ciudadanos contar con un piso –y red de salvamento en muchos casos– para seguir forjando su futuro en la sociedad, e incluso para poder aprovechar de manera efectiva los bienes públicos de educación y salud. De ninguna manera puede olvidarse que ese ingreso básico y el gasto social en educación y salud son complementarios, no sustitutos. Una escuela no es suficiente para un niño cuando hay hambre, desempleo e inestabilidad en su familia. Y para aumentar el capital humano y las capacidades de desarrollo del país no es suficiente una transferencia monetaria para las familias sin inversiones ambiciosas en educación y salud, con las que se aprovechan las economías de escala y se aumenta el impacto social.
Por estas razones, así sean cinco o 18 billones de pesos –o algo en el medio– los recursos necesarios para financiar la iniciativa, tendrán que ser adicionales a los ya presupuestados para el gasto social, a pesar de que algunos gobiernos tengan la inclinación, en especial cuando se habla de apoyar a los pobres, de tapar huecos con la tierra que sacan de huecos abiertos al lado.
Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).