La semana pasada participé en una reunión organizada por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), con el propósito de discutir la necesidad de un nuevo marco de orientaciones de política industrial y de innovación para el país. Agradeciendo a Fescol y a los asistentes del encuentro por la iniciativa y por un rato muy constructivo de intercambio de ideas, comparto con los lectores de esta columna algunas de mis opiniones sobre el tema.
Colombia está lejos tener una política industrial, entendida como un conjunto de incentivos estatales para promover el sector empresarial que, en articulación con universidades y actores regionales, logre expandir sus capacidades productivas, generar empleos y aumentar la productividad laboral.
La política industrial necesita una política económica activa. En el caso de Colombia, es pasiva y acomodaticia. La política monetaria, enmarcada en la inflación objetivo, tiene un sesgo a favor de la apreciación del peso colombiano, que no promueve ni las exportaciones ni la sustitución de importaciones. La política fiscal no ha priorizado lo suficiente el gasto público en infraestructura para conectar productores con mercados, tiene una deuda inmensa en salud y educación –asunto que tiene que ver con la productividad de los trabajadores–, y los gobiernos han renunciado a elegir sectores estratégicos –estratégicos por su capacidad de expansión y generación de empleos– y a incentivarlos tributariamente.
Recientemente, la tasa de cambio ha sido relativamente alta (desde 2015). No obstante, la devaluación del peso, en el contexto actual, aunque ayuda a amortiguar los efectos de las contracciones en los mercados externos, no alcanza a incentivar la inversión industrial del país. Y los incentivos tributarios del actual Gobierno para las industrias culturales pueden ser bienintencionados y mediáticos, pero apuntan a un sector que no llega al 1,5% del PIB.
En lo positivo, el país está hablando más de la importancia de una estrategia de desarrollo productivo, que atienda el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Gracias a los acuerdos de paz, y a la reducción de la intensidad del conflicto, se abrió un espacio en la agenda del Estado para discutir los temas económicos estructurales. No hay razón para posponer más las demandas sociales, incluso si eso significa una redistribución del Presupuesto General de la Nación de recursos antes utilizados para la guerra hacia los sectores de educación y salud y para el desarrollo productivo.
Y también gracias a los acuerdos quedaron identificadas las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Son 16 zonas, con 170 municipios de Colombia que tienen alta incidencia de la pobreza multidimensional y del conflicto armado. Son municipios débiles institucionalmente y afectados por la presencia de cultivos ilícitos. Un nuevo marco de orientaciones de política industrial y de innovación tiene que arrancar en estas zonas. Allí, en la Colombia profunda, se podrá medir el pulso de las gestiones de los gobiernos para reconstruir la paz del país.
No sería fácil para el Gobierno actual o para el siguiente cambiar la configuración de la política monetaria, pero sí pueden arrancar con incentivos tributarios para las empresas que invierten y generan empleo en las zonas PDET. Y esto debería ir acompañado de una focalización del gasto público en salud, educación e infraestructura en estas zonas junto con el impulso de modelos de economía solidaria que permiten innovaciones productivas a la medida de las necesidades de las comunidades. La idea de una política industrial o de desarrollo productivo debe aterrizarse a la realidad del país.
Estamos ante un momento excepcional para implementar algo parecido a un Plan Marshall en las zonas PDET con el propósito de reconstruir la economía, las instituciones y el tejido social de Colombia. Vamos, presidente Duque y futuros candidatos presidenciales, sí se puede.
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).
La semana pasada participé en una reunión organizada por la fundación Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol), con el propósito de discutir la necesidad de un nuevo marco de orientaciones de política industrial y de innovación para el país. Agradeciendo a Fescol y a los asistentes del encuentro por la iniciativa y por un rato muy constructivo de intercambio de ideas, comparto con los lectores de esta columna algunas de mis opiniones sobre el tema.
Colombia está lejos tener una política industrial, entendida como un conjunto de incentivos estatales para promover el sector empresarial que, en articulación con universidades y actores regionales, logre expandir sus capacidades productivas, generar empleos y aumentar la productividad laboral.
La política industrial necesita una política económica activa. En el caso de Colombia, es pasiva y acomodaticia. La política monetaria, enmarcada en la inflación objetivo, tiene un sesgo a favor de la apreciación del peso colombiano, que no promueve ni las exportaciones ni la sustitución de importaciones. La política fiscal no ha priorizado lo suficiente el gasto público en infraestructura para conectar productores con mercados, tiene una deuda inmensa en salud y educación –asunto que tiene que ver con la productividad de los trabajadores–, y los gobiernos han renunciado a elegir sectores estratégicos –estratégicos por su capacidad de expansión y generación de empleos– y a incentivarlos tributariamente.
Recientemente, la tasa de cambio ha sido relativamente alta (desde 2015). No obstante, la devaluación del peso, en el contexto actual, aunque ayuda a amortiguar los efectos de las contracciones en los mercados externos, no alcanza a incentivar la inversión industrial del país. Y los incentivos tributarios del actual Gobierno para las industrias culturales pueden ser bienintencionados y mediáticos, pero apuntan a un sector que no llega al 1,5% del PIB.
En lo positivo, el país está hablando más de la importancia de una estrategia de desarrollo productivo, que atienda el desempleo, la pobreza y la desigualdad. Gracias a los acuerdos de paz, y a la reducción de la intensidad del conflicto, se abrió un espacio en la agenda del Estado para discutir los temas económicos estructurales. No hay razón para posponer más las demandas sociales, incluso si eso significa una redistribución del Presupuesto General de la Nación de recursos antes utilizados para la guerra hacia los sectores de educación y salud y para el desarrollo productivo.
Y también gracias a los acuerdos quedaron identificadas las zonas de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET). Son 16 zonas, con 170 municipios de Colombia que tienen alta incidencia de la pobreza multidimensional y del conflicto armado. Son municipios débiles institucionalmente y afectados por la presencia de cultivos ilícitos. Un nuevo marco de orientaciones de política industrial y de innovación tiene que arrancar en estas zonas. Allí, en la Colombia profunda, se podrá medir el pulso de las gestiones de los gobiernos para reconstruir la paz del país.
No sería fácil para el Gobierno actual o para el siguiente cambiar la configuración de la política monetaria, pero sí pueden arrancar con incentivos tributarios para las empresas que invierten y generan empleo en las zonas PDET. Y esto debería ir acompañado de una focalización del gasto público en salud, educación e infraestructura en estas zonas junto con el impulso de modelos de economía solidaria que permiten innovaciones productivas a la medida de las necesidades de las comunidades. La idea de una política industrial o de desarrollo productivo debe aterrizarse a la realidad del país.
Estamos ante un momento excepcional para implementar algo parecido a un Plan Marshall en las zonas PDET con el propósito de reconstruir la economía, las instituciones y el tejido social de Colombia. Vamos, presidente Duque y futuros candidatos presidenciales, sí se puede.
* Ph.D. en Economía, University of Massachusetts-Amherst. Profesor asociado de Economía y director de Investigación de la Pontificia Universidad Javeriana (http://www.javeriana.edu.co/blogs/gonzalohernandez/).