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La inminente desaparición en el mercado aéreo colombiano de las compañías Viva Air -tras la decisión definitiva de Avianca de desistir del proceso de integración que adelantaba ante las autoridades- y Ultra Air debería ser el punto de quiebre para que el Gobierno replantee, de un solo tajo, las políticas públicas que orientan al sector y promueva el ingreso, bajo el marco de la Quinta Libertad, de las aerolíneas extranjeras interesadas en operar en el país.
El tema de la integración entre Avianca y Viva, definitivamente, no va más, según lo informó la compañía el pasado fin de semana, alegando que los condicionamientos de la Aerocivil imposibilitan su recuperación e, incluso, podrían afectar la estabilidad de la propia Avianca, a la que, sin duda, ante su irregular proceso de integración, le recae cuota de responsabilidad por la crisis desatada. En consecuencia, la pequeña low cost, pionera en el país de este revolucionario modelo de servicio, que, durante década y media, generó empleo y permitió viajar a millones de colombianos, prácticamente ha quedado sepultada.
Su suerte, ahora, depende de la solicitud sobre un proceso de reorganización que se encuentra en manos de la Superintendencia de Sociedades, pronto a decidirse, pero que pareciera estar lejos de una respuesta favorable, dado el calamitoso estado financiero en que se encuentra. En caso de que se le admita la reorganización, se le preservará como empresa viable y socialmente responsable y se le exigirá la protección de los derechos de los acreedores y de los millares de usuarios que resultaron perjudicados por el cese de operaciones. Ello implicará, en consecuencia, preservar sus relaciones crediticias y pagar todas las obligaciones pendientes. Esta agónica etapa es semejante a la que atraviesa Ultra, su compañera de infortunio.
La virtual salida de estos dos jugadores fractura el transporte aéreo, lo contrae y deja una notoria brecha en materia de conectividad, reflejada en la desatención en la que quedaron sumidos varios destinos, con especial gravedad San Andrés, tras la cancelación de decenas de rutas nacionales e internacionales. Con escasas alternativas a la mano, el Gobierno intenta recomponer el sector para el que se requiere garantizar su sostenibilidad mediante el estímulo de una sana competencia que conlleve a la ampliación de la oferta, en aras de fortalecer la conectividad y la cohesión territorial.
Las circunstancias actuales abonan el terreno para revivir la debatida propuesta de implementar una política liberal de cielos abiertos, que permita la llegada de nuevos operadores nacionales y extranjeros, para que haya una verdadera dinamización del mercado. La diversificación de la oferta aérea abre oportunidades comerciales y de negocios, irriga recursos económicos, facilita accesos directos entre ciudades, democratiza el servicio entre la población, potencia el turismo y beneficia el bolsillo de los usuarios, gracias a la mayor oferta de vuelos y de sillas y a la reducción de los precios de los tiquetes.
Una apertura amplia del mercado aéreo debería estar acompañada de medidas oficiales, garantes de la supervivencia misma de las aerolíneas y de la democratización del servicio. Son varios los factores incidentes en los elevados costos operativos de las compañías y en los precios de los pasajes, que pudieran ser revisados, como es el caso de las diferentes tasas y contribuciones que recaen sobre el sector, relacionadas con los impuestos de timbre, tasa aeroportuaria y navegación aérea, entre otros. El impuesto sobre las ventas (IVA) en los pasajes equivale al 19 % del valor del boleto, siendo el segundo más alto entre los países de la región.
Valga recordar que la rápida recuperación que tuvo nuestro transporte aéreo durante la pos-pandemia no fue cuota del azar, sino una respuesta a la reducción temporal del IVA, al 5 %, medida que facilitó el acceso de millones de colombianos a este servicio esencial.
Aunque el precio del combustible es un componente no controlable, dado que tiene una influencia internacional, el Gobierno bien podría considerar su intervención, mediante la revisión de aquellos impuestos internos que se le cargan, cada uno de los cuales impacta de manera significativa en el valor comercial de este producto. En estos tiempos de prolongado conflicto mundial y de fuerte devaluación, el combustible ha pasado a representar alrededor del 50 % de los costos operativos de las empresas.
El país enfrenta una crucial coyuntura en términos de mercado aéreo, sector económico estratégico dentro de las pretensiones del Gobierno de hacer del turismo un sustituto, en materia de divisas, del petróleo y los hidrocarburos. Con el perentorio retiro del par de aerolíneas de bajo costo, la apuesta del Gobierno debería orientarse a ofrecerles a los colombianos la posibilidad de una oferta, amplia y variada, posible a través de la liberación plena del espacio aéreo, con la decidida promoción de una política de cielos abiertos y de sana competencia.
En el sector: La falta de pilotos y controladores de tránsito aéreo en los en Estados Unidos continúa impactando en la capacidad de las aerolíneas para garantizar la programación de sus operaciones. Actualmente hay un 10 % menos de controladores que hace una década, situación que empeoró con la pandemia y que no parece mejorar a las puertas de la temporada de verano. Para sortear la situación, United impulsó una campaña para reclutar asistentes con disponibilidad de traslado a cualquiera de sus bases de operación y con pago de tarifa estándar máxima, sin importar la antigüedad.
