Por estos días Parques Nacionales celebró 40 años de la creación de 18 áreas protegidas, el primer paso dado por el país para tomar conciencia ambiental y velar por la conservación de los recursos naturales. La firma adicional del Código de Recursos Naturales y Protección del Medioambiente marcó el sendero para la reglamentación del uso y la preservación de este patrimonio, poniéndole freno a décadas de acelerado deterioro, en algunos casos irreversible.
En muchas naciones los invaluables beneficios de los parques naturales se aprovechan no solo como enclaves de biodiversidad, sino como impulsores socioeconómicos de las comunidades locales. Costa Rica, nuestro más cercano referente, cuenta con una cuarta parte de su territorio protegido y hoy convertido en excelente y rentable negocio económico. Lo ha transformado en herramienta esencial para la atracción de inversiones, la generación de energía sostenible y la experiencia de turistas.
Colombia, el país más biodiverso del mundo, cuenta con más de 14 millones de hectáreas (12,6 por ciento del territorio nacional), de área protegidas, un formidable atractivo para el turismo de naturaleza. Sin embargo, su protagonismo en el sector apenas empieza a despuntar. Entre tanto, contribuyen con producción de energía hidroeléctrica, con el 52 por ciento de los recursos hídricos y con su función mitigadora del cambio climático. Su valoración monetaria en aportes ecosistémicos, incluyendo los costos evitados por la depuración del agua, se estima en US$2.770 millones anuales.
Gran parte de esas áreas son desconocidas para los colombianos, como consecuencia del largo conflicto armado que ha vetado su disfrute. El 63 por ciento de sus territorios alcanzó a ser controlado por grupos subversivos, narcotraficantes y toda clase de actores al margen de la ley. Una decena de ellos logró liberarse con el acuerdo de paz, y el posconflicto les abre posibilidades de convertirse en instrumentos generadores de ingresos, que apoyen su sostenimiento y lleven progreso a las comunidades locales.
De las 59 áreas protegidas en el país, 29 tienen vocación ecoturística y solo 23 están abiertas para prestar el servicio. Las cifras sobre el ingreso de turistas llaman la atención por su ritmo de crecimiento. El año pasado recibieron 1,5 millones de viajeros —50 por ciento más que en 2015—, resultado de una proyección en alza del 75 por ciento durante el último cuatrienio, cuando poco se pensaba en alcanzar estos volúmenes.
Como es razonable, por sus condiciones de seguridad los parques más visitados son Corales del Rosario y San Bernardo, frente a las costas de Bolívar y Córdoba, y el emblemático Tayrona, en Santa Marta. Los dos suman el paquete más grueso de la torta turística, con un 1’300.000 visitantes. Se trata ahora de implementar propuestas en la veintena de alternativas restantes para ponerlas a producir, orientadas hacia un desarrollo sostenible. Pulmones naturales como Tuparro, Amayacacu, Paya o Punawai, e incluso Sanquianga, Las Hermosas, La Sierra de la Macarena, o Paramillo —estos últimos afectados por el medio siglo de ilicitudes de las Farc—, pueden ingresar a la economía, a través de una oferta ecoturística organizada, modalidad que atrae al 10 por ciento de los viajeros globales.
La Macarena, excepcional paraje de flora y fauna nativas, con vestigios de cultura indígena, en cuyas inmediaciones el Mono Jojoy construyó las llamadas cárceles para secuestrados, tiene en Caño Cristales —el único río de cinco colores del mundo— uno de los mejores ejemplos del turismo como fuente de irrigación económica y armonización social. De 35 familias dedicadas a la actividad en 2009, el año pasado registró 520, incorporadas en condiciones de trabajo dignas.
El ecoturismo, mediante estrategias sostenibles y sin desmedro de las áreas protegidas, será un buen aliado para generar beneficios socioeconómicos. Parques Nacionales Naturales hace su labor y trabaja a través de acuerdos comunitarios locales para la prestación de servicios ecoturísticos, pero falta un largo trecho por recorrer. Logradas las condiciones necesarias de seguridad, es hora de dinamizar alianzas público-privadas para definir operadores turísticos; organizar senderos; desarrollar y adecuar la limitada infraestructura existente y mejorar el precario estado de las vías de acceso.
Colombia dispone de un valioso e inexplorado capital en sus activos ambientales que merece ser visitado y conocido, no solo con el pretexto del disfrute personal, sino para generar ingresos en las economías locales y producir desarrollo. El ecoturismo, como valor agregado de nuestra oferta turística, es cabecera de puente para que el país se identifique y posicione como referente de la industria e incursione en los catálogos internacionales.
Por estos días Parques Nacionales celebró 40 años de la creación de 18 áreas protegidas, el primer paso dado por el país para tomar conciencia ambiental y velar por la conservación de los recursos naturales. La firma adicional del Código de Recursos Naturales y Protección del Medioambiente marcó el sendero para la reglamentación del uso y la preservación de este patrimonio, poniéndole freno a décadas de acelerado deterioro, en algunos casos irreversible.
En muchas naciones los invaluables beneficios de los parques naturales se aprovechan no solo como enclaves de biodiversidad, sino como impulsores socioeconómicos de las comunidades locales. Costa Rica, nuestro más cercano referente, cuenta con una cuarta parte de su territorio protegido y hoy convertido en excelente y rentable negocio económico. Lo ha transformado en herramienta esencial para la atracción de inversiones, la generación de energía sostenible y la experiencia de turistas.
Colombia, el país más biodiverso del mundo, cuenta con más de 14 millones de hectáreas (12,6 por ciento del territorio nacional), de área protegidas, un formidable atractivo para el turismo de naturaleza. Sin embargo, su protagonismo en el sector apenas empieza a despuntar. Entre tanto, contribuyen con producción de energía hidroeléctrica, con el 52 por ciento de los recursos hídricos y con su función mitigadora del cambio climático. Su valoración monetaria en aportes ecosistémicos, incluyendo los costos evitados por la depuración del agua, se estima en US$2.770 millones anuales.
Gran parte de esas áreas son desconocidas para los colombianos, como consecuencia del largo conflicto armado que ha vetado su disfrute. El 63 por ciento de sus territorios alcanzó a ser controlado por grupos subversivos, narcotraficantes y toda clase de actores al margen de la ley. Una decena de ellos logró liberarse con el acuerdo de paz, y el posconflicto les abre posibilidades de convertirse en instrumentos generadores de ingresos, que apoyen su sostenimiento y lleven progreso a las comunidades locales.
De las 59 áreas protegidas en el país, 29 tienen vocación ecoturística y solo 23 están abiertas para prestar el servicio. Las cifras sobre el ingreso de turistas llaman la atención por su ritmo de crecimiento. El año pasado recibieron 1,5 millones de viajeros —50 por ciento más que en 2015—, resultado de una proyección en alza del 75 por ciento durante el último cuatrienio, cuando poco se pensaba en alcanzar estos volúmenes.
Como es razonable, por sus condiciones de seguridad los parques más visitados son Corales del Rosario y San Bernardo, frente a las costas de Bolívar y Córdoba, y el emblemático Tayrona, en Santa Marta. Los dos suman el paquete más grueso de la torta turística, con un 1’300.000 visitantes. Se trata ahora de implementar propuestas en la veintena de alternativas restantes para ponerlas a producir, orientadas hacia un desarrollo sostenible. Pulmones naturales como Tuparro, Amayacacu, Paya o Punawai, e incluso Sanquianga, Las Hermosas, La Sierra de la Macarena, o Paramillo —estos últimos afectados por el medio siglo de ilicitudes de las Farc—, pueden ingresar a la economía, a través de una oferta ecoturística organizada, modalidad que atrae al 10 por ciento de los viajeros globales.
La Macarena, excepcional paraje de flora y fauna nativas, con vestigios de cultura indígena, en cuyas inmediaciones el Mono Jojoy construyó las llamadas cárceles para secuestrados, tiene en Caño Cristales —el único río de cinco colores del mundo— uno de los mejores ejemplos del turismo como fuente de irrigación económica y armonización social. De 35 familias dedicadas a la actividad en 2009, el año pasado registró 520, incorporadas en condiciones de trabajo dignas.
El ecoturismo, mediante estrategias sostenibles y sin desmedro de las áreas protegidas, será un buen aliado para generar beneficios socioeconómicos. Parques Nacionales Naturales hace su labor y trabaja a través de acuerdos comunitarios locales para la prestación de servicios ecoturísticos, pero falta un largo trecho por recorrer. Logradas las condiciones necesarias de seguridad, es hora de dinamizar alianzas público-privadas para definir operadores turísticos; organizar senderos; desarrollar y adecuar la limitada infraestructura existente y mejorar el precario estado de las vías de acceso.
Colombia dispone de un valioso e inexplorado capital en sus activos ambientales que merece ser visitado y conocido, no solo con el pretexto del disfrute personal, sino para generar ingresos en las economías locales y producir desarrollo. El ecoturismo, como valor agregado de nuestra oferta turística, es cabecera de puente para que el país se identifique y posicione como referente de la industria e incursione en los catálogos internacionales.