Se archivó la investigación sobre el ingreso de dineros a la campaña presidencial de Iván Duque por parte del narcotraficante José Ñeñe Hernández. Lo mataron en Brasil y era investigado por el asesinato del hijo de su sastre, a quien le debía mucho dinero. Agentes de la Fiscalía habían interceptado 1.500 de sus conversaciones telefónicas con María Claudia Cayita Daza, asesora de la campaña y de Álvaro Uribe en el Senado. En el ingreso de esa plata habría estado involucrada Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, también detectada en las llamadas. Una historia digna de Agatha Christie… o de El padrino.
Pero el Consejo Nacional Electoral archivó el caso en octubre. El magistrado Luis Guillermo Pérez salvó su voto por considerar que había pruebas muy graves y que muchas otras se debieron practicar, lo cual no se hizo. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ordenó también el archivo en diciembre, con ponencia de Óscar Villamizar, del Centro Democrático. Dos miembros de la Comisión, Mauricio Toro y Wilmer Leal, de la Alianza Verde, votaron en contra porque Villamizar, aliado del Gobierno, había ignorado una petición de declararse impedido, no realizó una investigación rigurosa y los 1.500 audios contenían revelaciones suficientemente comprometedoras. Pero la decisión fue aprobada por 12 votos. La Comisión está integrada por 16 miembros, dos de los cuales son de la Alianza Verde, dos de la U y los 12 restantes pertenecen a partidos cercanos al Gobierno: cuatro del Centro Democrático, tres de Cambio Radical, tres del Partido Liberal y dos del Partido Conservador.
Decisiones como estas generan indignación y ahondan la distancia, ya grande, entre la ciudadanía y las instituciones. No se trata de acontecimientos aislados o extraños. La pérdida de los $70.000 millones, por ejemplo, es otro de ellos. Allí, la ministra de las TIC se vio obligada a renunciar. Pero el presidente Duque la nombró alcaldesa encargada de Sincelejo, cargo en el cual se posesionó el 5 de agosto, sin vergüenza alguna. Ya había también sucedido algo similar con Alberto Carrasquilla, el exministro de Hacienda, quien renunció en mayo ante el fracaso de su propuesta de reforma tributaria, que dio lugar a tensas e intensas protestas sociales. Eso no impidió que el presidente lo nombrara codirector del Banco de la República en agosto. Carrasquilla tiene además unas cuentas pendientes por haber hecho endeudar a 117 municipios en $1,5 billones durante 19 años supuestamente para construir acueductos, con un costo más de tres veces y media superior al que correspondía, lo cual benefició a financistas privados. Y hay más: contra Álvaro Uribe cursan como 250 denuncias en la Comisión de Acusación, que no se mueven. ¿Y qué hace la presidenta de la Cámara todavía en ese cargo pese al plagio de su tesis? Etc.
Urge rectificar el engañoso sistema de fueros que garantiza impunidad a altos funcionarios en las ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial y la de control. Si no se hace por nobles convicciones, al menos que sea para evitar que se desate la ira popular, como ha ocurrido a veces, porque “el que la hace la paga”, aunque el Gobierno sea cínico al decirlo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Se archivó la investigación sobre el ingreso de dineros a la campaña presidencial de Iván Duque por parte del narcotraficante José Ñeñe Hernández. Lo mataron en Brasil y era investigado por el asesinato del hijo de su sastre, a quien le debía mucho dinero. Agentes de la Fiscalía habían interceptado 1.500 de sus conversaciones telefónicas con María Claudia Cayita Daza, asesora de la campaña y de Álvaro Uribe en el Senado. En el ingreso de esa plata habría estado involucrada Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático, también detectada en las llamadas. Una historia digna de Agatha Christie… o de El padrino.
Pero el Consejo Nacional Electoral archivó el caso en octubre. El magistrado Luis Guillermo Pérez salvó su voto por considerar que había pruebas muy graves y que muchas otras se debieron practicar, lo cual no se hizo. La Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara ordenó también el archivo en diciembre, con ponencia de Óscar Villamizar, del Centro Democrático. Dos miembros de la Comisión, Mauricio Toro y Wilmer Leal, de la Alianza Verde, votaron en contra porque Villamizar, aliado del Gobierno, había ignorado una petición de declararse impedido, no realizó una investigación rigurosa y los 1.500 audios contenían revelaciones suficientemente comprometedoras. Pero la decisión fue aprobada por 12 votos. La Comisión está integrada por 16 miembros, dos de los cuales son de la Alianza Verde, dos de la U y los 12 restantes pertenecen a partidos cercanos al Gobierno: cuatro del Centro Democrático, tres de Cambio Radical, tres del Partido Liberal y dos del Partido Conservador.
Decisiones como estas generan indignación y ahondan la distancia, ya grande, entre la ciudadanía y las instituciones. No se trata de acontecimientos aislados o extraños. La pérdida de los $70.000 millones, por ejemplo, es otro de ellos. Allí, la ministra de las TIC se vio obligada a renunciar. Pero el presidente Duque la nombró alcaldesa encargada de Sincelejo, cargo en el cual se posesionó el 5 de agosto, sin vergüenza alguna. Ya había también sucedido algo similar con Alberto Carrasquilla, el exministro de Hacienda, quien renunció en mayo ante el fracaso de su propuesta de reforma tributaria, que dio lugar a tensas e intensas protestas sociales. Eso no impidió que el presidente lo nombrara codirector del Banco de la República en agosto. Carrasquilla tiene además unas cuentas pendientes por haber hecho endeudar a 117 municipios en $1,5 billones durante 19 años supuestamente para construir acueductos, con un costo más de tres veces y media superior al que correspondía, lo cual benefició a financistas privados. Y hay más: contra Álvaro Uribe cursan como 250 denuncias en la Comisión de Acusación, que no se mueven. ¿Y qué hace la presidenta de la Cámara todavía en ese cargo pese al plagio de su tesis? Etc.
Urge rectificar el engañoso sistema de fueros que garantiza impunidad a altos funcionarios en las ramas Ejecutiva, Legislativa, Judicial y la de control. Si no se hace por nobles convicciones, al menos que sea para evitar que se desate la ira popular, como ha ocurrido a veces, porque “el que la hace la paga”, aunque el Gobierno sea cínico al decirlo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).