El respeto y la garantía de los derechos humanos deben ser una prioridad para cualquier persona que aspire a asumir la Presidencia de Colombia. Ante todo, porque dicho respeto y garantía son obligaciones a cargo del Estado, previstas como tales en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. Quien aspire a convertirse en Jefe del Estado tiene que honrarlas.
Pero, además, porque es una exigencia de la ciudadanía. El respeto y la garantía de los derechos humanos se han convertido en nuestro país en una condición cada vez más clara para el ejercicio del poder político. No era así quizás en la época de las torturas toleradas o promovidas por el gobierno de Turbay a finales de los años 70. Pero es inadmisible hoy en día, en nuestro territorio, que se censure la prensa, se viole el debido proceso o se organicen grupos paramilitares por parte de la fuerza pública.
Probablemente la crudeza misma de las violaciones que hemos tenido que padecer en el país ha dado lugar a una ciudadanía que hoy no tolera semejantes abusos. La enorme cantidad de víctimas durante las cuatro últimas décadas ha dado lugar asimismo al empoderamiento de sus derechos y también a la indignación de sectores importantes de la sociedad que no están dispuestos a permitir más arbitrariedades. Además, la reducción del conflicto armado interno (en virtud del acuerdo logrado con las Farc, las conversaciones de paz mantenidas con el Eln y la nueva doctrina militar anunciada por la Comandancia del Ejército) ha generado una atmósfera más respirable, en la cual son estériles los pretextos de justificación de barbaries y de abusos de poder.
Por ello, las y los candidatos presidenciales deberían dar a conocer la política de derechos humanos para su eventual gobierno. Así, las y los electores sabríamos a qué atenernos y a quién escoger, al menos en relación con la adopción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Este es un compromiso asumido por el Gobierno colombiano desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en 1993 en Viena. Posteriormente, dicho compromiso se reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las Declaraciones sobre Colombia adoptadas por el presidente de dicha Comisión en 2004 y 2005. Más recientemente, tal compromiso se reafirmó en el Acuerdo de Paz celebrado por el actual Gobierno con las Farc así: “Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales que, teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de política existentes, permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de la paz” (punto 5.4).
El Gobierno actual ha empezado a realizar encuentros con la sociedad civil dirigidos a adoptar el mencionado Plan. Es crucial saber qué continuidad dará a esos esfuerzos el nuevo Gobierno. Que se pronuncien las y los candidatos, pues allí hay un límite a cualquier tentación de hacer trizas el acuerdo de paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El respeto y la garantía de los derechos humanos deben ser una prioridad para cualquier persona que aspire a asumir la Presidencia de Colombia. Ante todo, porque dicho respeto y garantía son obligaciones a cargo del Estado, previstas como tales en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en la Convención Americana de Derechos Humanos, entre otros tratados internacionales. Quien aspire a convertirse en Jefe del Estado tiene que honrarlas.
Pero, además, porque es una exigencia de la ciudadanía. El respeto y la garantía de los derechos humanos se han convertido en nuestro país en una condición cada vez más clara para el ejercicio del poder político. No era así quizás en la época de las torturas toleradas o promovidas por el gobierno de Turbay a finales de los años 70. Pero es inadmisible hoy en día, en nuestro territorio, que se censure la prensa, se viole el debido proceso o se organicen grupos paramilitares por parte de la fuerza pública.
Probablemente la crudeza misma de las violaciones que hemos tenido que padecer en el país ha dado lugar a una ciudadanía que hoy no tolera semejantes abusos. La enorme cantidad de víctimas durante las cuatro últimas décadas ha dado lugar asimismo al empoderamiento de sus derechos y también a la indignación de sectores importantes de la sociedad que no están dispuestos a permitir más arbitrariedades. Además, la reducción del conflicto armado interno (en virtud del acuerdo logrado con las Farc, las conversaciones de paz mantenidas con el Eln y la nueva doctrina militar anunciada por la Comandancia del Ejército) ha generado una atmósfera más respirable, en la cual son estériles los pretextos de justificación de barbaries y de abusos de poder.
Por ello, las y los candidatos presidenciales deberían dar a conocer la política de derechos humanos para su eventual gobierno. Así, las y los electores sabríamos a qué atenernos y a quién escoger, al menos en relación con la adopción de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos. Este es un compromiso asumido por el Gobierno colombiano desde la Conferencia Mundial de Derechos Humanos realizada en 1993 en Viena. Posteriormente, dicho compromiso se reiteró ante la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas en las Declaraciones sobre Colombia adoptadas por el presidente de dicha Comisión en 2004 y 2005. Más recientemente, tal compromiso se reafirmó en el Acuerdo de Paz celebrado por el actual Gobierno con las Farc así: “Diseño, elaboración y ejecución de un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales que, teniendo en cuenta los diferentes esfuerzos de política existentes, permita ajustarlos a las necesidades de un escenario de construcción de la paz” (punto 5.4).
El Gobierno actual ha empezado a realizar encuentros con la sociedad civil dirigidos a adoptar el mencionado Plan. Es crucial saber qué continuidad dará a esos esfuerzos el nuevo Gobierno. Que se pronuncien las y los candidatos, pues allí hay un límite a cualquier tentación de hacer trizas el acuerdo de paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).