Efusivas felicitaciones por el Acuerdo de Paz y la política de género allí contenida le ha expresado al Gobierno el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “Sentó un importante precedente en lo relacionado con la participación de las mujeres en las negociaciones y la incorporación de una perspectiva de género en los acuerdos, y proporciona una base importante para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres”, dice el Comité en sus observaciones al noveno informe de Colombia sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la eliminación de esta discriminación. Sin embargo, le preocupa la lentitud de su aplicación, “la falta de armonización con el Plan de Desarrollo” y el aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos después de la firma del acuerdo, aun cuando celebró “la aprobación del programa integral de garantías para las mujeres líderes y defensoras de derechos humanos (Resolución 845/2018)”.
Mirando más allá de la violencia política, el Comité recomendó que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se convierta en Ministerio, “de manera que se aumente su capacidad para influir en la formulación, el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas relativas a la igualdad de género”. También propuso la adopción de “medidas especiales de carácter temporal”, previstas en la Convención, “para la plena inclusión de las mujeres en la salud, el empleo, la educación, la política y otras esferas”.
A cada uno de estos derechos se refirió en particular para reclamar la eliminación de las barreras que impiden la práctica del aborto en los casos reconocidos por la Corte Constitucional, la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, la disminución de la deserción escolar en la enseñanza superior y la alternancia entre damas y varones en las listas de candidatos de partidos políticos. Protestó especialmente por el alto y creciente número de casos de violencia de género contra mujeres y niñas y por su impunidad, así como la de la trata de personas: en 2016 solo una víctima de trata recibió protección de la Fiscalía y no hay refugios estatales para las víctimas de este delito.
En todos los temas hizo énfasis en la situación de mujeres vulnerables, a las cuales dedicó además párrafos específicos: mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas, en particular por la persistencia de obstáculos a la restitución de sus tierras; así como mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, objeto de especial discriminación y agresiones. Pidió también la expedición de certificados de nacionalidad colombiana a los hijos de madres extranjeras, especialmente venezolanas, para evitar la apatridia y garantizarles educación y salud.
El Comité exhortó al Gobierno a aceptar su competencia sobre casos individuales y a elaborar “una estrategia integral para combatir las actitudes estereotipadas patriarcales y sexistas” sobre las funciones de mujeres y hombres en la familia y la sociedad. Ojalá dicha estrategia sirviera a quienes votaron No en el plebiscito, por la perspectiva de género, para corregir su miopía a la luz de este valioso informe (CEDAW/C/COL/CO/9).
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
Efusivas felicitaciones por el Acuerdo de Paz y la política de género allí contenida le ha expresado al Gobierno el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer. “Sentó un importante precedente en lo relacionado con la participación de las mujeres en las negociaciones y la incorporación de una perspectiva de género en los acuerdos, y proporciona una base importante para hacer realidad los derechos humanos de las mujeres”, dice el Comité en sus observaciones al noveno informe de Colombia sobre el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Convención Internacional para la eliminación de esta discriminación. Sin embargo, le preocupa la lentitud de su aplicación, “la falta de armonización con el Plan de Desarrollo” y el aumento de la violencia contra las defensoras de derechos humanos después de la firma del acuerdo, aun cuando celebró “la aprobación del programa integral de garantías para las mujeres líderes y defensoras de derechos humanos (Resolución 845/2018)”.
Mirando más allá de la violencia política, el Comité recomendó que la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer se convierta en Ministerio, “de manera que se aumente su capacidad para influir en la formulación, el diseño, la aplicación y el seguimiento de las políticas relativas a la igualdad de género”. También propuso la adopción de “medidas especiales de carácter temporal”, previstas en la Convención, “para la plena inclusión de las mujeres en la salud, el empleo, la educación, la política y otras esferas”.
A cada uno de estos derechos se refirió en particular para reclamar la eliminación de las barreras que impiden la práctica del aborto en los casos reconocidos por la Corte Constitucional, la igualdad de remuneración para hombres y mujeres, la disminución de la deserción escolar en la enseñanza superior y la alternancia entre damas y varones en las listas de candidatos de partidos políticos. Protestó especialmente por el alto y creciente número de casos de violencia de género contra mujeres y niñas y por su impunidad, así como la de la trata de personas: en 2016 solo una víctima de trata recibió protección de la Fiscalía y no hay refugios estatales para las víctimas de este delito.
En todos los temas hizo énfasis en la situación de mujeres vulnerables, a las cuales dedicó además párrafos específicos: mujeres rurales, indígenas y afrocolombianas, en particular por la persistencia de obstáculos a la restitución de sus tierras; así como mujeres lesbianas, bisexuales y transgénero, objeto de especial discriminación y agresiones. Pidió también la expedición de certificados de nacionalidad colombiana a los hijos de madres extranjeras, especialmente venezolanas, para evitar la apatridia y garantizarles educación y salud.
El Comité exhortó al Gobierno a aceptar su competencia sobre casos individuales y a elaborar “una estrategia integral para combatir las actitudes estereotipadas patriarcales y sexistas” sobre las funciones de mujeres y hombres en la familia y la sociedad. Ojalá dicha estrategia sirviera a quienes votaron No en el plebiscito, por la perspectiva de género, para corregir su miopía a la luz de este valioso informe (CEDAW/C/COL/CO/9).
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)