El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2021 equivale a un examen de laboratorio sobre la salud de nuestra sociedad, en el cual sobresalen cuatro tumores letales:
En primer lugar, salta a la vista “la limitada presencia integral del Estado”, especialmente en zonas rurales. Es decir, faltan autoridades civiles para “garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales”. Se evidencia también un bajo índice de contenido democrático en la gobernanza y la actuación coercitiva de la Fuerza Pública. Tenemos, digo, un enclenque Estado social de derecho, que no garantiza bienestar para toda la ciudadanía.
En segundo lugar, “Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región”, que afecta principalmente a mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes, gente pobre de las grandes ciudades, niñas, niños y población LGBTI. Para ellos es desproporcionado el impacto de la mala distribución de bienes y servicios. Según el DANE, los hogares encabezados por mujeres presentaron un índice de pobreza multidimensional del 19,6 %, y el de los encabezados por hombres, 17,2 %. En los encabezados por indígenas y afrocolombianos fue del 50 % y del 29,2 %, respectivamente. El estudio en casa afectó sobre todo a niñas y niños pobres: el 78,9 % no tiene internet y el 96,9 % no tiene computador de escritorio. De 329 solicitudes de titulación colectiva para comunidades negras, se avanzó en 21 (el 6,6 %), y de 680 demandas relacionadas con resguardos indígenas se avanzó en 50 (el 7,35 %).
En tercer lugar, el impacto también es desproporcionado en materia de violencia. La Oficina verificó su incremento en 2021, con 78 masacres y 292 víctimas (entre ellas 32 mujeres, 15 niños, cinco niñas, siete indígenas y seis afrocolombianos). Entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas (12.848 niños y niñas) han sido desplazadas, mientras que en todo 2020 lo fueron 26.291. Además, 57.787 personas se han visto confinadas. “El 69 % de la población desplazada y el 96 % de la población (confinada) son personas indígenas y afrodescendientes”.
59 homicidios fueron perpetrados por miembros de la Fuerza Pública, 29 de ellos en medio de protestas y algunos otros contra jóvenes afrodescendientes en comunidades pobres. La Oficina también registró violaciones contra personas defensoras de derechos humanos (100 asesinatos verificados en 2021, y 1.016 amenazas y agresiones denunciadas) y expresó preocupación por el asesinato de excombatientes de las Farc (54 verificados en 2021).
La Oficina advierte, en cuarto lugar, el bajo cumplimiento del Acuerdo de Paz, y recomienda que haya “particular atención en la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en (él)”, como la reforma rural integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial, el capítulo étnico (que se ha ejecutado apenas en 2,4 %) y la adopción de una política de desmantelamiento de organizaciones criminales por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entre otros.
Es un diagnóstico acertado, oportuno y valioso. Candidato presidencial que no se comprometa a extirpar al menos estos cuatro tumores no vale la pena.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El informe de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre Colombia en 2021 equivale a un examen de laboratorio sobre la salud de nuestra sociedad, en el cual sobresalen cuatro tumores letales:
En primer lugar, salta a la vista “la limitada presencia integral del Estado”, especialmente en zonas rurales. Es decir, faltan autoridades civiles para “garantizar el pleno goce de los derechos económicos, sociales y culturales”. Se evidencia también un bajo índice de contenido democrático en la gobernanza y la actuación coercitiva de la Fuerza Pública. Tenemos, digo, un enclenque Estado social de derecho, que no garantiza bienestar para toda la ciudadanía.
En segundo lugar, “Colombia es el segundo país con el mayor nivel de desigualdad de la región”, que afecta principalmente a mujeres, campesinos, indígenas, afrodescendientes, gente pobre de las grandes ciudades, niñas, niños y población LGBTI. Para ellos es desproporcionado el impacto de la mala distribución de bienes y servicios. Según el DANE, los hogares encabezados por mujeres presentaron un índice de pobreza multidimensional del 19,6 %, y el de los encabezados por hombres, 17,2 %. En los encabezados por indígenas y afrocolombianos fue del 50 % y del 29,2 %, respectivamente. El estudio en casa afectó sobre todo a niñas y niños pobres: el 78,9 % no tiene internet y el 96,9 % no tiene computador de escritorio. De 329 solicitudes de titulación colectiva para comunidades negras, se avanzó en 21 (el 6,6 %), y de 680 demandas relacionadas con resguardos indígenas se avanzó en 50 (el 7,35 %).
En tercer lugar, el impacto también es desproporcionado en materia de violencia. La Oficina verificó su incremento en 2021, con 78 masacres y 292 víctimas (entre ellas 32 mujeres, 15 niños, cinco niñas, siete indígenas y seis afrocolombianos). Entre enero y noviembre de 2021, 72.388 personas (12.848 niños y niñas) han sido desplazadas, mientras que en todo 2020 lo fueron 26.291. Además, 57.787 personas se han visto confinadas. “El 69 % de la población desplazada y el 96 % de la población (confinada) son personas indígenas y afrodescendientes”.
59 homicidios fueron perpetrados por miembros de la Fuerza Pública, 29 de ellos en medio de protestas y algunos otros contra jóvenes afrodescendientes en comunidades pobres. La Oficina también registró violaciones contra personas defensoras de derechos humanos (100 asesinatos verificados en 2021, y 1.016 amenazas y agresiones denunciadas) y expresó preocupación por el asesinato de excombatientes de las Farc (54 verificados en 2021).
La Oficina advierte, en cuarto lugar, el bajo cumplimiento del Acuerdo de Paz, y recomienda que haya “particular atención en la implementación de los aspectos de derechos humanos contenidos en (él)”, como la reforma rural integral, los programas de desarrollo con enfoque territorial, el capítulo étnico (que se ha ejecutado apenas en 2,4 %) y la adopción de una política de desmantelamiento de organizaciones criminales por parte de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, entre otros.
Es un diagnóstico acertado, oportuno y valioso. Candidato presidencial que no se comprometa a extirpar al menos estos cuatro tumores no vale la pena.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).