Son inmensos los retos que el país tiene en materia de derechos humanos para el año 2021.
La necesidad de prevenir y superar el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, activistas de paz y excombatientes es uno de ellos. La Comisión Colombiana de Juristas tiene registrados 293 homicidios de líderes y personas defensoras entre el 1º de enero y el 7 de diciembre de este año, es decir, casi uno cada día, en promedio. Es una situación gravísima, que en vez de mejorar empeora. El Gobierno no lo ve así. Por el contrario, en varias ocasiones el presidente ha destacado que los homicidios han disminuido. Puede ser, pero no los de este grupo de personas, para el que se requiere una política especial que las autoridades no atinan a definir.
Otro reto importante está relacionado con el respeto y cumplimiento del Acuerdo de Paz. Si bien ha habido avances en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), falta mucho por hacer en materia de reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El Gobierno no ha mostrado intenciones de promover esos temas. Además, ha sido hostil con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (es decir, con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) y le ha recortado el presupuesto. Será difícil vencer esa reticencia, pero hay que hacer lo necesario para que se cumplan estas obligaciones. Los organismos internacionales de supervisión del Acuerdo (tanto en el Consejo de Seguridad como en el Consejo de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Corte Penal Internacional y en las relaciones bilaterales de algunos países con Colombia) son un importante baluarte para el efecto.
La superación de la pobreza y de la desigualdad es un reto de enormes proporciones, que se ha agravado con la pandemia del coronavirus. La pérdida de empleos y la inmensa magnitud del trabajo informal han puesto en evidencia la necesidad de una política social más ambiciosa, que garantice los derechos de los sectores más vulnerables de la población y haga viable el desarrollo de la sociedad colombiana en su conjunto. Mecanismos como la renta básica universal se hacen cada vez más necesarios para ese propósito.
El fortalecimiento del Estado social de derecho es de una importancia crucial. Esto tiene que ver con la independencia de la justicia y la preservación de los pesos y contrapesos entre los poderes estatales. No es muy halagüeña la situación en este campo, debido al hostigamiento contra la Rama Judicial promovido como reacción frente a la investigación judicial adelantada por la probable compra de testigos falsos efectuada por el expresidente Uribe. El fortalecimiento del Estado social de derecho tiene que ver también con la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio nacional. Es condición para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y se relaciona estrechamente con el primero de los retos aquí mencionados.
El movimiento de derechos humanos tiene entonces para el año entrante enormes desafíos. Será sin duda un año difícil. Ojalá también sea próspero.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Son inmensos los retos que el país tiene en materia de derechos humanos para el año 2021.
La necesidad de prevenir y superar el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, activistas de paz y excombatientes es uno de ellos. La Comisión Colombiana de Juristas tiene registrados 293 homicidios de líderes y personas defensoras entre el 1º de enero y el 7 de diciembre de este año, es decir, casi uno cada día, en promedio. Es una situación gravísima, que en vez de mejorar empeora. El Gobierno no lo ve así. Por el contrario, en varias ocasiones el presidente ha destacado que los homicidios han disminuido. Puede ser, pero no los de este grupo de personas, para el que se requiere una política especial que las autoridades no atinan a definir.
Otro reto importante está relacionado con el respeto y cumplimiento del Acuerdo de Paz. Si bien ha habido avances en los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET), falta mucho por hacer en materia de reforma rural integral y sustitución voluntaria de cultivos ilícitos. El Gobierno no ha mostrado intenciones de promover esos temas. Además, ha sido hostil con el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición (es decir, con la Jurisdicción Especial para la Paz, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas) y le ha recortado el presupuesto. Será difícil vencer esa reticencia, pero hay que hacer lo necesario para que se cumplan estas obligaciones. Los organismos internacionales de supervisión del Acuerdo (tanto en el Consejo de Seguridad como en el Consejo de Derechos Humanos, la Unión Europea, la Corte Penal Internacional y en las relaciones bilaterales de algunos países con Colombia) son un importante baluarte para el efecto.
La superación de la pobreza y de la desigualdad es un reto de enormes proporciones, que se ha agravado con la pandemia del coronavirus. La pérdida de empleos y la inmensa magnitud del trabajo informal han puesto en evidencia la necesidad de una política social más ambiciosa, que garantice los derechos de los sectores más vulnerables de la población y haga viable el desarrollo de la sociedad colombiana en su conjunto. Mecanismos como la renta básica universal se hacen cada vez más necesarios para ese propósito.
El fortalecimiento del Estado social de derecho es de una importancia crucial. Esto tiene que ver con la independencia de la justicia y la preservación de los pesos y contrapesos entre los poderes estatales. No es muy halagüeña la situación en este campo, debido al hostigamiento contra la Rama Judicial promovido como reacción frente a la investigación judicial adelantada por la probable compra de testigos falsos efectuada por el expresidente Uribe. El fortalecimiento del Estado social de derecho tiene que ver también con la presencia de las instituciones civiles del Estado en todo el territorio nacional. Es condición para garantizar la vida de líderes y lideresas sociales, y se relaciona estrechamente con el primero de los retos aquí mencionados.
El movimiento de derechos humanos tiene entonces para el año entrante enormes desafíos. Será sin duda un año difícil. Ojalá también sea próspero.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).