El desafío rural a la presencia del Estado social de derecho
La ausencia de los entes civiles del Estado en diversas zonas rurales es el eje del informe anual presentado sobre Colombia el pasado 21 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su alto comisionado para los Derechos Humanos. En años anteriores ya había advertido sobre la desigualdad y el abandono estatal en relación con poblaciones vulnerables, como las indígenas y afrocolombianas. En esta ocasión amplía el análisis de ese factor y lo relaciona con el estado de cumplimiento del Acuerdo de Paz y con la situación actual de derechos humanos.
El vacío estatal y la desigualdad se evidencian desde la cuna, pues la tasa de mortalidad infantil es cinco puntos más alta en la población indígena que en el promedio restante: 20,9 muertos frente a 15,9 sobre 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna en mujeres afrocolombianas es de 152,9, y de 66,5 en el resto de genitoras. Múltiples necesidades primarias desatendidas se agregan a ello y son caldo de cultivo “del uso del gasto público con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos”. Esas condiciones se acompañan de la escasez de proyectos productivos y la proliferación de economías ilegales con presencia de grupos armados que ejercen control sobre sectores de la población, y especialmente sobre la juventud necesitada de empleo.
Interconectados, estos elementos mantienen activo un círculo vicioso de violaciones de derechos humanos. Para 2017 el informe reporta 121 asesinatos de defensores de derechos humanos (84), líderes sociales (23) y participantes en protestas sociales (14). Los 84 casos relativos a defensores se atribuyen a grupos paramilitares (54), Eln (4), ex-Farc (3), Epl (1), sicarios no pertenecientes a grupo conocido (9) y miembros de la fuerza pública (3). “El 64 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con una presencia histórica de las Farc. El vacío de poder que dejaron las Farc después de su desmovilización, la falta de una presencia estatal integral y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.
“La presencia del Estado únicamente a través de sus fuerzas de seguridad no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”, según el informe. O sea, para desconectar estos elementos se necesita proveer justicia, servicios sociales, infraestructura, asistencia técnica, financiación. Allí, el informe advierte el retraso en la implementación de la Reforma Rural Integral, prevista precisamente con ese fin en el Acuerdo de Paz. Y también está retrasado el cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos, que a veces no se pagan y a veces se contradicen con operaciones de erradicación forzada.
Acercar el Estado a las veredas propone en síntesis el alto comisionado. ¿Tendrán algo por decir al respecto los candidatos presidenciales? Más vale.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La ausencia de los entes civiles del Estado en diversas zonas rurales es el eje del informe anual presentado sobre Colombia el pasado 21 de marzo al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas por su alto comisionado para los Derechos Humanos. En años anteriores ya había advertido sobre la desigualdad y el abandono estatal en relación con poblaciones vulnerables, como las indígenas y afrocolombianas. En esta ocasión amplía el análisis de ese factor y lo relaciona con el estado de cumplimiento del Acuerdo de Paz y con la situación actual de derechos humanos.
El vacío estatal y la desigualdad se evidencian desde la cuna, pues la tasa de mortalidad infantil es cinco puntos más alta en la población indígena que en el promedio restante: 20,9 muertos frente a 15,9 sobre 1.000 nacidos vivos. La tasa de mortalidad materna en mujeres afrocolombianas es de 152,9, y de 66,5 en el resto de genitoras. Múltiples necesidades primarias desatendidas se agregan a ello y son caldo de cultivo “del uso del gasto público con el fin de obtener votos en vez de priorizar los recursos para garantizar el acceso y disfrute de derechos básicos”. Esas condiciones se acompañan de la escasez de proyectos productivos y la proliferación de economías ilegales con presencia de grupos armados que ejercen control sobre sectores de la población, y especialmente sobre la juventud necesitada de empleo.
Interconectados, estos elementos mantienen activo un círculo vicioso de violaciones de derechos humanos. Para 2017 el informe reporta 121 asesinatos de defensores de derechos humanos (84), líderes sociales (23) y participantes en protestas sociales (14). Los 84 casos relativos a defensores se atribuyen a grupos paramilitares (54), Eln (4), ex-Farc (3), Epl (1), sicarios no pertenecientes a grupo conocido (9) y miembros de la fuerza pública (3). “El 64 % de los asesinatos ocurrieron en zonas con una presencia histórica de las Farc. El vacío de poder que dejaron las Farc después de su desmovilización, la falta de una presencia estatal integral y demoras en la implementación del Acuerdo permitieron el ingreso de grupos ilegales y grupos criminales a las zonas, los cuales buscaban asumir el control de las economías ilegales aún existentes, provocando un aumento de la violencia”.
“La presencia del Estado únicamente a través de sus fuerzas de seguridad no contribuye a generar cambios positivos y sostenibles para las comunidades. La falta de un enfoque de intervención integral del Estado ha llevado a una escalada de violencia en ciertas partes del país”, según el informe. O sea, para desconectar estos elementos se necesita proveer justicia, servicios sociales, infraestructura, asistencia técnica, financiación. Allí, el informe advierte el retraso en la implementación de la Reforma Rural Integral, prevista precisamente con ese fin en el Acuerdo de Paz. Y también está retrasado el cumplimiento de los programas de sustitución de cultivos, que a veces no se pagan y a veces se contradicen con operaciones de erradicación forzada.
Acercar el Estado a las veredas propone en síntesis el alto comisionado. ¿Tendrán algo por decir al respecto los candidatos presidenciales? Más vale.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).