Está pendiente de cumplirse el compromiso de diseñar y ejecutar “un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales” (punto 5.2 del Acuerdo de Paz).
No es un compromiso nuevo. Entre 2006 y 2007 se llevó a cabo un importante proceso en esa dirección entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, con el acompañamiento de las entidades estatales de control y la comunidad internacional oficial y privada. Se creó una “Instancia de Coordinación” que discutió y aprobó una “Ruta Metodológica” según la cual el proceso se desarrollaría a partir de foros territoriales en cada departamento y en Bogotá, que definirían propuestas para ser aprobadas en un foro nacional. Se acordaron cinco ejes temáticos con arreglo a siete criterios (entre ellos, la participación de un amplio número de sectores sociales —16 se alcanzaron a identificar).
Lamentablemente, el proceso se rompió debido al incesante asesinato de defensoras y defensores. Se creó entonces una Mesa Nacional de Garantías orientada a crear condiciones favorables para continuar la concertación sobre el Plan Nacional. Al iniciarse la administración Santos, la Vicepresidencia convocó a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con un importante grupo de embajadas y con Naciones Unidas, contribuyeron a que el evento fuera precedido por foros en todos los departamentos y en Bogotá. Participaron más de 17.000 personas y 8.500 organizaciones. Produjeron así un documento de lineamientos de política pública en derechos humanos, entregado al presidente de la República el 10 de diciembre de 2013, y el Gobierno adoptó en 2014 una “Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034”.
El desarrollo de tal estrategia parece haber sido olvidado en el segundo período de este Gobierno. En todo caso, constituye un valioso punto de partida para retomar la Ruta Metodológica aprobada hace una década y adoptar el mencionado Plan.
Para ello, el Acuerdo de Paz previó también que la Defensoría convocara “a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos” para formular recomendaciones al Gobierno en materia de derechos humanos y paz (punto 5.2.3). Igualmente, el Gobierno se comprometió a elaborar, de manera concertada con las organizaciones de derechos humanos, “un protocolo para su protección integral” (punto 5.2.2). La Fiscalía debería, según el Acuerdo, hacer “informes públicos de avance cada tres meses” sobre el seguimiento a las denuncias por violaciones a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. Lejos estamos de eso.
El Gobierno está en mora de generar, con el apoyo de la Defensoría y de la Fiscalía, una dinámica con las organizaciones de derechos humanos para concertar el Plan Nacional, traducirlo en instituciones responsables y en normas jurídicas exigibles, y asegurar su cumplimiento. Si no se apura, los opositores al Acuerdo de Paz no necesitarán esforzarse demasiado para realizar su obsesión de hacerlo trizas, al menos en relación con este tema.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Está pendiente de cumplirse el compromiso de diseñar y ejecutar “un Plan Nacional en Derechos Humanos con la participación efectiva de las organizaciones de defensores y defensoras de derechos humanos y organizaciones y movimientos sociales” (punto 5.2 del Acuerdo de Paz).
No es un compromiso nuevo. Entre 2006 y 2007 se llevó a cabo un importante proceso en esa dirección entre el Gobierno y las organizaciones no gubernamentales, con el acompañamiento de las entidades estatales de control y la comunidad internacional oficial y privada. Se creó una “Instancia de Coordinación” que discutió y aprobó una “Ruta Metodológica” según la cual el proceso se desarrollaría a partir de foros territoriales en cada departamento y en Bogotá, que definirían propuestas para ser aprobadas en un foro nacional. Se acordaron cinco ejes temáticos con arreglo a siete criterios (entre ellos, la participación de un amplio número de sectores sociales —16 se alcanzaron a identificar).
Lamentablemente, el proceso se rompió debido al incesante asesinato de defensoras y defensores. Se creó entonces una Mesa Nacional de Garantías orientada a crear condiciones favorables para continuar la concertación sobre el Plan Nacional. Al iniciarse la administración Santos, la Vicepresidencia convocó a una Conferencia Nacional de Derechos Humanos. Diversas organizaciones de la sociedad civil, junto con un importante grupo de embajadas y con Naciones Unidas, contribuyeron a que el evento fuera precedido por foros en todos los departamentos y en Bogotá. Participaron más de 17.000 personas y 8.500 organizaciones. Produjeron así un documento de lineamientos de política pública en derechos humanos, entregado al presidente de la República el 10 de diciembre de 2013, y el Gobierno adoptó en 2014 una “Estrategia Nacional para la Garantía de los Derechos Humanos 2014-2034”.
El desarrollo de tal estrategia parece haber sido olvidado en el segundo período de este Gobierno. En todo caso, constituye un valioso punto de partida para retomar la Ruta Metodológica aprobada hace una década y adoptar el mencionado Plan.
Para ello, el Acuerdo de Paz previó también que la Defensoría convocara “a las instituciones del Estado y a las organizaciones de derechos humanos” para formular recomendaciones al Gobierno en materia de derechos humanos y paz (punto 5.2.3). Igualmente, el Gobierno se comprometió a elaborar, de manera concertada con las organizaciones de derechos humanos, “un protocolo para su protección integral” (punto 5.2.2). La Fiscalía debería, según el Acuerdo, hacer “informes públicos de avance cada tres meses” sobre el seguimiento a las denuncias por violaciones a los derechos de defensoras y defensores de derechos humanos. Lejos estamos de eso.
El Gobierno está en mora de generar, con el apoyo de la Defensoría y de la Fiscalía, una dinámica con las organizaciones de derechos humanos para concertar el Plan Nacional, traducirlo en instituciones responsables y en normas jurídicas exigibles, y asegurar su cumplimiento. Si no se apura, los opositores al Acuerdo de Paz no necesitarán esforzarse demasiado para realizar su obsesión de hacerlo trizas, al menos en relación con este tema.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).