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Un crimen de lesa humanidad es un delito de tal gravedad que lesiona a la humanidad entera. El asesinato de Jaime Garzón fue declarado crimen de lesa humanidad por el Consejo de Estado el 14 de septiembre de 2016 porque “ese hecho se produjo en medio de un ataque generalizado y sistemático propiciado y/o auspiciado desde la institucionalidad estatal, en contra de un grupo determinado de individuos con características políticas comunes, es decir, personas que pudieran tener algún tipo de vínculo con grupos subversivos (ONG, defensores de derechos humanos, periodistas, etc.)”. Añadió el Consejo de Estado que “en la época de los hechos se presentaron actos de la más alta gravedad, en los que miembros de las fuerzas regulares del Estado se aliaron con grupos al margen de la ley —paramilitares—, para permitir y colaborar con la actividad delictiva de estos últimos. Así ocurrió en el crimen del reconocido periodista Jaime Garzón, cuya ejecución —como se verá— fue coadyuvada por miembros del Ejército Nacional”. En consecuencia, concluyó que “la ejecución extrajudicial del periodista Jaime Hernando Garzón Forero, ocurrida en ese contexto de violaciones generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, es constitutiva de un crimen de lesa humanidad”. El 29 de septiembre del mismo año, la Fiscalía también declaró el asesinato de Jaime Garzón como un crimen de lesa humanidad.
El pasado lunes, 13 de agosto de 2018, la misma fecha en que fue asesinado Jaime Garzón hace 19 años, el Juzgado 7° Penal del Circuito Especializado de Bogotá condenó a José Miguel Narváez a 30 años de prisión como determinador de este crimen. Para la época, Narváez tenía una estrecha relación con la cúpula del Ejército Nacional, “en virtud de que éste fue oficial de la reserva, catedrático de la Escuela Superior de Guerra y la Escuela de Inteligencia, profesor en varias escuelas de formación para ascenso de oficiales y suboficiales”. Simultáneamente actuaba como instructor de los paramilitares, a quienes dictaba charlas bajo el título de “Por qué es lícito matar a comunistas en Colombia”, según varios declarantes dentro del proceso. Era muy cercano a Carlos Castaño, quien le profesaba un gran respeto por sus supuestos conocimientos y sus vínculos con la oficialidad militar. En ese contexto, Narváez le suministró información a Castaño mostrando falsamente a Jaime Garzón como guerrillero, lo cual fue decisivo para que ordenara asesinarlo.
El juzgado no consideró, sin embargo, que se tratara de un crimen de lesa humanidad, pues extrañamente no lo vio como parte de una política de los paramilitares para exterminar a un grupo concreto de la población. Este aspecto será, pues, motivo y materia de apelación. De otra parte, urge que haya sentencia en relación con los miembros de la fuerza pública procesados por aparte en relación con este mismo asesinato. Que todo ello se produzca pronto y bien para que se supere plenamente la impunidad por este grave crimen y por otros atribuidos también a Narváez, quien continuó actuando sistemáticamente contra defensores de derechos humanos desde el DAS, como asesor a partir de 2003 y subdirector en 2005. Siempre tenebroso: por eso es de lesa humanidad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).