Falsos desmovilizados del Bloque Tolima de las Auc

Cien de las 207 personas presentadas en 2006 como desmovilizadas del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia no eran realmente miembros de ese grupo paramilitar. Fueron vinculadas con la doble finalidad de aparentar una desmovilización mayor que la realmente producida y de disimular la ausencia de desmovilización de una parte importante de los integrantes del grupo. Lo primero ya se intuía. Lo segundo era menos evidente.

Tanto lo uno como lo otro ha sido puesto de presente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que divulgó la semana pasada un importante informe sobre dicho bloque. Su fuente principal son las declaraciones rendidas por excombatientes de esa organización que celebraron “Acuerdos de contribución a la verdad” a cambio de la suspensión condicional de la pena, beneficio judicial establecido por la Ley 1424 de 2011 para quienes no hubieren cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.

La simulación de la desmovilización de los falsos paramilitares no fue una operación improvisada. Desde el año 2005, el comandante apodado Daniel se dio a esa tarea, según sentencia del Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Justicia y Paz, contra John Fredy Rubio y otros, mayo 19/14). Uno de los declarantes ante el Centro de Memoria reveló que a ellos no los pusieron a pelear sino “a comer, dormir y esperar la voz del comandante, que él estaba en contacto con el ministro” que iba a recibir la desmovilización. Algunos otros recibieron instrucción militar “para que el día de la desmovilización, si había ceremonia, que supieran al menos marchar”. A todos les ofrecieron subsidios en dinero y servicios de salud, y unos cuantos tuvieron el incentivo adicional de anular deudas pendientes con la justicia.

Recibieron también uniformes, que habrían sido entregados por el Ejército, indica el informe. “Las insignias estaban borradas, con ácido las borraron, porque uno por las insignias sabe de qué batallón vienen los camuflados”, afirmó uno de los beneficiarios de la Ley 1424. Otro declarante reveló que las armas se las pasaron desde una camioneta cuando estaban en la fila el día de la supuesta desmovilización, para entregarlas inmediatamente.

A los verdaderos combatientes, en cambio, lo que hizo el bloque fue recogerles “antes de la desmovilización, como dos meses, tres meses antes, lo que era pistola, revólver, y dicen que para el lado norte recogió mucha fusilería”. Lo cierto es que, según el informe, “el Bloque Tolima hizo entrega de 36 armas largas, 12 cortas, tres de apoyo y 6.997 unidades de munición de diferente calibre”. Conforme a la MAPP/OEA, “mientras el promedio general fue de un arma por cada dos combatientes, el Bloque Tolima entregó 0,24 armas por combatiente”.

Las armas no entregadas fueron a parar en manos de los paramilitares que no se desmovilizaron, unos 200 individuos. No es extraño por ello que luego hayan aparecido en el Tolima Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas o Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, entre otros nombres, ni que la Defensoría del Pueblo haya registrado allí amenazas en 2016 contra diversos movimientos sociales. ¿Habrá pasado lo mismo con la supuesta desmovilización de los otros grupos paramilitares?

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

Cien de las 207 personas presentadas en 2006 como desmovilizadas del Bloque Tolima de las Autodefensas Unidas de Colombia no eran realmente miembros de ese grupo paramilitar. Fueron vinculadas con la doble finalidad de aparentar una desmovilización mayor que la realmente producida y de disimular la ausencia de desmovilización de una parte importante de los integrantes del grupo. Lo primero ya se intuía. Lo segundo era menos evidente.

Tanto lo uno como lo otro ha sido puesto de presente por el Centro Nacional de Memoria Histórica, que divulgó la semana pasada un importante informe sobre dicho bloque. Su fuente principal son las declaraciones rendidas por excombatientes de esa organización que celebraron “Acuerdos de contribución a la verdad” a cambio de la suspensión condicional de la pena, beneficio judicial establecido por la Ley 1424 de 2011 para quienes no hubieren cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad.

La simulación de la desmovilización de los falsos paramilitares no fue una operación improvisada. Desde el año 2005, el comandante apodado Daniel se dio a esa tarea, según sentencia del Tribunal Superior de Bogotá (Sala de Justicia y Paz, contra John Fredy Rubio y otros, mayo 19/14). Uno de los declarantes ante el Centro de Memoria reveló que a ellos no los pusieron a pelear sino “a comer, dormir y esperar la voz del comandante, que él estaba en contacto con el ministro” que iba a recibir la desmovilización. Algunos otros recibieron instrucción militar “para que el día de la desmovilización, si había ceremonia, que supieran al menos marchar”. A todos les ofrecieron subsidios en dinero y servicios de salud, y unos cuantos tuvieron el incentivo adicional de anular deudas pendientes con la justicia.

Recibieron también uniformes, que habrían sido entregados por el Ejército, indica el informe. “Las insignias estaban borradas, con ácido las borraron, porque uno por las insignias sabe de qué batallón vienen los camuflados”, afirmó uno de los beneficiarios de la Ley 1424. Otro declarante reveló que las armas se las pasaron desde una camioneta cuando estaban en la fila el día de la supuesta desmovilización, para entregarlas inmediatamente.

A los verdaderos combatientes, en cambio, lo que hizo el bloque fue recogerles “antes de la desmovilización, como dos meses, tres meses antes, lo que era pistola, revólver, y dicen que para el lado norte recogió mucha fusilería”. Lo cierto es que, según el informe, “el Bloque Tolima hizo entrega de 36 armas largas, 12 cortas, tres de apoyo y 6.997 unidades de munición de diferente calibre”. Conforme a la MAPP/OEA, “mientras el promedio general fue de un arma por cada dos combatientes, el Bloque Tolima entregó 0,24 armas por combatiente”.

Las armas no entregadas fueron a parar en manos de los paramilitares que no se desmovilizaron, unos 200 individuos. No es extraño por ello que luego hayan aparecido en el Tolima Águilas Negras, Autodefensas Gaitanistas o Autodefensas Nueva Generación Futuro Verde, entre otros nombres, ni que la Defensoría del Pueblo haya registrado allí amenazas en 2016 contra diversos movimientos sociales. ¿Habrá pasado lo mismo con la supuesta desmovilización de los otros grupos paramilitares?

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).