Al terminar su mandato de tres años como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistrada Patricia Linares destacó que en este tiempo se han abierto siete macrocasos “que vinculan a 9.800 comparecientes de las extintas Farc y 2.700 miembros de la fuerza pública, así como a 117 servidores de Estado sometidos y 600 solicitudes de terceros”. Hay “más de 308.000 víctimas individuales y colectivas acreditadas y se han adoptado 34.000 decisiones judiciales”. El próximo año comenzarán a producirse las primeras sentencias.
Es un resultado bastante significativo, si se tiene en cuenta que la entidad ha tenido que enfrentar un ambiente político hostil por parte de algunos sectores, incluido el propio presidente de la República, quien formuló en marzo de 2019 seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. La Corte Constitucional estableció que ellas fueron rechazadas por el Congreso y le ordenó firmar dicha ley, lo cual hizo a regañadientes. También a regañadientes o, mejor dicho, en un tono insolente y regañón, inauguró el Encuentro Internacional de Justicia Transicional, organizado por la JEP para celebrar su tercer aniversario el pasado 29 de octubre. En vez de aplicar el principio de colaboración armónica entre los órganos del Estado, previsto en el artículo 113 de la Constitución, Duque exigió a la JEP imponer “sanciones ejemplarizantes y dar celeridad a los procedimientos”.
Sanciones ejemplarizantes no existen en una concepción democrática del derecho penal. Corresponden a una mentalidad autoritaria y se aplicaban en el Medioevo a través de ejecuciones en la plaza pública a fin de desestimular supuestamente el delito. En el derecho penal moderno la pena no pretende ejemplarizar sino “cumplir las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”, según el Código Penal (art. 4). Mucho menos caben sanciones ejemplarizantes en una justicia transicional, que persigue la restauración de los derechos de las víctimas y la creación de condiciones para una convivencia pacífica. Por otra parte, mal puede pedirse celeridad a los procedimientos, cuando parte de su demora se debe a las mencionadas objeciones y, en general, a la hostilidad contra la JEP. Pero, muy seguramente, dentro de poco tiempo comenzaremos a ver resultados importantes en materia de verdad, justicia y reparación cosechados como fruto de la siembra que ha venido haciendo esta jurisdicción. Sin duda se reducirá la altísima impunidad que hemos tenido durante años.
El presidente exigió resultados frente a los excombatientes de las Farc. No dijo nada sobre los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o por terceros. Qué sesgo tan evidente y lamentable. La JEP y sus magistrados y funcionarios, hombres y mujeres, merecen el reconocimiento de la sociedad colombiana por los muy importantes logros obtenidos hasta el momento y por los que conseguirán en el futuro, en particular para que las víctimas participen cada vez más en los procesos y accedan a sus derechos. Felicitaciones y gracias a Patricia Linares por su ecuanimidad e inteligencia, y éxitos a su sucesor, el magistrado Eduardo Cifuentes.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Al terminar su mandato de tres años como presidenta de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la magistrada Patricia Linares destacó que en este tiempo se han abierto siete macrocasos “que vinculan a 9.800 comparecientes de las extintas Farc y 2.700 miembros de la fuerza pública, así como a 117 servidores de Estado sometidos y 600 solicitudes de terceros”. Hay “más de 308.000 víctimas individuales y colectivas acreditadas y se han adoptado 34.000 decisiones judiciales”. El próximo año comenzarán a producirse las primeras sentencias.
Es un resultado bastante significativo, si se tiene en cuenta que la entidad ha tenido que enfrentar un ambiente político hostil por parte de algunos sectores, incluido el propio presidente de la República, quien formuló en marzo de 2019 seis objeciones a la Ley Estatutaria de la JEP. La Corte Constitucional estableció que ellas fueron rechazadas por el Congreso y le ordenó firmar dicha ley, lo cual hizo a regañadientes. También a regañadientes o, mejor dicho, en un tono insolente y regañón, inauguró el Encuentro Internacional de Justicia Transicional, organizado por la JEP para celebrar su tercer aniversario el pasado 29 de octubre. En vez de aplicar el principio de colaboración armónica entre los órganos del Estado, previsto en el artículo 113 de la Constitución, Duque exigió a la JEP imponer “sanciones ejemplarizantes y dar celeridad a los procedimientos”.
Sanciones ejemplarizantes no existen en una concepción democrática del derecho penal. Corresponden a una mentalidad autoritaria y se aplicaban en el Medioevo a través de ejecuciones en la plaza pública a fin de desestimular supuestamente el delito. En el derecho penal moderno la pena no pretende ejemplarizar sino “cumplir las funciones de prevención general, retribución justa, prevención especial, reinserción social y protección al condenado”, según el Código Penal (art. 4). Mucho menos caben sanciones ejemplarizantes en una justicia transicional, que persigue la restauración de los derechos de las víctimas y la creación de condiciones para una convivencia pacífica. Por otra parte, mal puede pedirse celeridad a los procedimientos, cuando parte de su demora se debe a las mencionadas objeciones y, en general, a la hostilidad contra la JEP. Pero, muy seguramente, dentro de poco tiempo comenzaremos a ver resultados importantes en materia de verdad, justicia y reparación cosechados como fruto de la siembra que ha venido haciendo esta jurisdicción. Sin duda se reducirá la altísima impunidad que hemos tenido durante años.
El presidente exigió resultados frente a los excombatientes de las Farc. No dijo nada sobre los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública o por terceros. Qué sesgo tan evidente y lamentable. La JEP y sus magistrados y funcionarios, hombres y mujeres, merecen el reconocimiento de la sociedad colombiana por los muy importantes logros obtenidos hasta el momento y por los que conseguirán en el futuro, en particular para que las víctimas participen cada vez más en los procesos y accedan a sus derechos. Felicitaciones y gracias a Patricia Linares por su ecuanimidad e inteligencia, y éxitos a su sucesor, el magistrado Eduardo Cifuentes.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).