El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido llamando la atención acerca del papel que la justicia transicional puede desempeñar en la prevención de violaciones de derechos humanos. Es una reflexión especialmente relevante para Colombia, que tiene actualmente un proceso de justicia transicional, en el cual se inscriben tres instituciones creadas en desarrollo del Acuerdo de Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Además de la función obvia de la justicia transicional, relacionada con la verdad, la justicia y la reparación de violaciones cometidas en el pasado, la pregunta es cómo puede ella contribuir a evitar la perpetración de violaciones en el futuro. Las garantías de no repetición por parte de los combatientes que celebraron el Acuerdo responden parcialmente el interrogante. Pero el esfuerzo debería servir también para impedir la comisión de más atrocidades por otros actores.
El nuevo relator especial de Naciones Unidas sobre este tema, el profesor argentino Fabián Salvioli, en su primer informe rendido ante el Consejo el pasado 13 de septiembre (doc. A/HRC/39/53) señaló tres elementos al respecto. En primer lugar, destacó la importancia de la lucha contra la impunidad para conjurar “una repetición de la victimización por parte de quienes hayan perpetrado o ideado las violaciones masivas o sistemáticas”. Además, tal lucha “ofrece cierto reconocimiento a las víctimas y contribuye a establecer la confianza entre los miembros de la sociedad”.
En segundo lugar, mencionó el arte y la cultura, así como la educación y en especial la enseñanza de la historia, y anunció que examinará las experiencias nacionales en ese campo, para apoyar los objetivos de la justicia de transición. En este y en otros aspectos respaldó los aportes formulados por su antecesor, el profesor colombiano Pablo de Greiff, quien presentó en marzo de este año un informe conjunto, con el asesor del secretario general para la Prevención del Genocidio, sobre la contribución de la justicia transicional a la prevención de estos crímenes (doc. A/HRC/37/65).
En tercer lugar, y también en concordancia con el profesor De Greiff, sostuvo que para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas en 2015, es primordial la justicia, y no solo el crecimiento económico. En particular, indicó varias metas del Objetivo 16 relacionadas directamente con la justicia de transición: promover el Estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, reducir todas las formas de violencia, reducir la corrupción y fortalecer la recuperación de los bienes robados. Reveló que hará una evaluación a fondo de la interrelación de la corrupción con las violaciones manifiestas de los derechos humanos y de los mecanismos de justicia transicional que tienen el propósito de afrontar la corrupción.
El relator se comprometió a prestar asistencia técnica a los Estados miembros que emprendan procesos de justicia de transición. ¿Qué espera el Gobierno para invitarlo?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha venido llamando la atención acerca del papel que la justicia transicional puede desempeñar en la prevención de violaciones de derechos humanos. Es una reflexión especialmente relevante para Colombia, que tiene actualmente un proceso de justicia transicional, en el cual se inscriben tres instituciones creadas en desarrollo del Acuerdo de Paz: la Jurisdicción Especial para la Paz; la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Además de la función obvia de la justicia transicional, relacionada con la verdad, la justicia y la reparación de violaciones cometidas en el pasado, la pregunta es cómo puede ella contribuir a evitar la perpetración de violaciones en el futuro. Las garantías de no repetición por parte de los combatientes que celebraron el Acuerdo responden parcialmente el interrogante. Pero el esfuerzo debería servir también para impedir la comisión de más atrocidades por otros actores.
El nuevo relator especial de Naciones Unidas sobre este tema, el profesor argentino Fabián Salvioli, en su primer informe rendido ante el Consejo el pasado 13 de septiembre (doc. A/HRC/39/53) señaló tres elementos al respecto. En primer lugar, destacó la importancia de la lucha contra la impunidad para conjurar “una repetición de la victimización por parte de quienes hayan perpetrado o ideado las violaciones masivas o sistemáticas”. Además, tal lucha “ofrece cierto reconocimiento a las víctimas y contribuye a establecer la confianza entre los miembros de la sociedad”.
En segundo lugar, mencionó el arte y la cultura, así como la educación y en especial la enseñanza de la historia, y anunció que examinará las experiencias nacionales en ese campo, para apoyar los objetivos de la justicia de transición. En este y en otros aspectos respaldó los aportes formulados por su antecesor, el profesor colombiano Pablo de Greiff, quien presentó en marzo de este año un informe conjunto, con el asesor del secretario general para la Prevención del Genocidio, sobre la contribución de la justicia transicional a la prevención de estos crímenes (doc. A/HRC/37/65).
En tercer lugar, y también en concordancia con el profesor De Greiff, sostuvo que para cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible, aprobados por Naciones Unidas en 2015, es primordial la justicia, y no solo el crecimiento económico. En particular, indicó varias metas del Objetivo 16 relacionadas directamente con la justicia de transición: promover el Estado de derecho y garantizar la igualdad de acceso a la justicia, crear instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas, reducir todas las formas de violencia, reducir la corrupción y fortalecer la recuperación de los bienes robados. Reveló que hará una evaluación a fondo de la interrelación de la corrupción con las violaciones manifiestas de los derechos humanos y de los mecanismos de justicia transicional que tienen el propósito de afrontar la corrupción.
El relator se comprometió a prestar asistencia técnica a los Estados miembros que emprendan procesos de justicia de transición. ¿Qué espera el Gobierno para invitarlo?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).