Así se llama el primer capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Se registran allí, con una mirada clínica, algunas de las principales afectaciones causadas por el conflicto armado, que nos han convertido en una sociedad profundamente dividida, desconfiada de las instituciones y de nuestras relaciones, con dificultad para reconocer las violaciones de quienes no pertenezcan al grupo propio, acostumbrada a “no expresar lo que se piensa porque no se sabe cuál será la reacción del otro”, con altas dosis de rabia, odio y enojo social. “Las décadas de conflicto armado y la impunidad asociada a la mayor parte de esos hechos han llevado a una naturalización de la violencia que penetra en la vida cotidiana, los conflictos políticos, las relaciones sociales o las actitudes frente a las víctimas en la sociedad”.
Estos fenómenos han perjudicado a la nación en su conjunto y a la democracia, pero especialmente a los sectores más vulnerables: “El impacto no ha sido igual ni ha llevado a generalizar el efecto sufriente sobre toda la población. La población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por un conflicto armado, en el que tener control sobre la población civil y el territorio se convirtió en objetivo central de la guerra”.
Los han afectado no solo como individuos, sino como grupos poblacionales, limitando gravemente “su relación con el territorio o la naturaleza, y los distintos significados que adquieren los hechos en su cultura”, tanto para el movimiento campesino como para comunidades indígenas o afrodescendientes.
Otros sectores sociales han sufrido también de manera colectiva los efectos de esta violencia sociopolítica: grupos políticos y partidos de oposición exterminados, así como sectores empresariales amenazados o extorsionados, miembros de las Fuerzas Armadas lesionados y familiares de miembros de grupos guerrilleros satanizados.
Ha sufrido también la naturaleza: ríos que fueron convertidos en fosas comunes o escenarios de terror, lugares sagrados que fueron destruidos —como en la Sierra Nevada de Santa Marta—, recursos naturales extraídos de manera irregular y abusiva. “Más allá de la confrontación para ganar control del conflicto, la lucha por el territorio no solo ha tenido un propósito insurgente o contrainsurgente, sino que también se ha mezclado con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y, en algunos territorios, con proyectos económicos y extractivos”.
Todo esto ha generado un impacto en la salud mental de personas en particular y del país en general, y requiere ser remediado a fondo. El punto de partida para ello es el reconocimiento de los daños y responsabilidades, así como la dignificación de las víctimas. “Los líderes políticos, Gobierno, partidos, gremios económicos, sindicatos y movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica para dar los pasos en un gran Acuerdo Nacional que ponga estos elementos en sus prioridades políticas”.
Colombia está enferma, urge curarla y es posible lograrlo. Gracias, Comisión de la Verdad.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Así se llama el primer capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Se registran allí, con una mirada clínica, algunas de las principales afectaciones causadas por el conflicto armado, que nos han convertido en una sociedad profundamente dividida, desconfiada de las instituciones y de nuestras relaciones, con dificultad para reconocer las violaciones de quienes no pertenezcan al grupo propio, acostumbrada a “no expresar lo que se piensa porque no se sabe cuál será la reacción del otro”, con altas dosis de rabia, odio y enojo social. “Las décadas de conflicto armado y la impunidad asociada a la mayor parte de esos hechos han llevado a una naturalización de la violencia que penetra en la vida cotidiana, los conflictos políticos, las relaciones sociales o las actitudes frente a las víctimas en la sociedad”.
Estos fenómenos han perjudicado a la nación en su conjunto y a la democracia, pero especialmente a los sectores más vulnerables: “El impacto no ha sido igual ni ha llevado a generalizar el efecto sufriente sobre toda la población. La población campesina y la urbana empobrecida, los pueblos étnicos, las mujeres de sectores populares y los niños, niñas y jóvenes en áreas rurales o urbanas marginalizadas han sido los más afectados por un conflicto armado, en el que tener control sobre la población civil y el territorio se convirtió en objetivo central de la guerra”.
Los han afectado no solo como individuos, sino como grupos poblacionales, limitando gravemente “su relación con el territorio o la naturaleza, y los distintos significados que adquieren los hechos en su cultura”, tanto para el movimiento campesino como para comunidades indígenas o afrodescendientes.
Otros sectores sociales han sufrido también de manera colectiva los efectos de esta violencia sociopolítica: grupos políticos y partidos de oposición exterminados, así como sectores empresariales amenazados o extorsionados, miembros de las Fuerzas Armadas lesionados y familiares de miembros de grupos guerrilleros satanizados.
Ha sufrido también la naturaleza: ríos que fueron convertidos en fosas comunes o escenarios de terror, lugares sagrados que fueron destruidos —como en la Sierra Nevada de Santa Marta—, recursos naturales extraídos de manera irregular y abusiva. “Más allá de la confrontación para ganar control del conflicto, la lucha por el territorio no solo ha tenido un propósito insurgente o contrainsurgente, sino que también se ha mezclado con el narcotráfico, el blanqueo de capitales y, en algunos territorios, con proyectos económicos y extractivos”.
Todo esto ha generado un impacto en la salud mental de personas en particular y del país en general, y requiere ser remediado a fondo. El punto de partida para ello es el reconocimiento de los daños y responsabilidades, así como la dignificación de las víctimas. “Los líderes políticos, Gobierno, partidos, gremios económicos, sindicatos y movimientos sociales tienen una responsabilidad histórica para dar los pasos en un gran Acuerdo Nacional que ponga estos elementos en sus prioridades políticas”.
Colombia está enferma, urge curarla y es posible lograrlo. Gracias, Comisión de la Verdad.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).