La Declaración de Túnez, de la Comisión Internacional de Juristas
La creación de una Corte Mundial de Derechos Humanos y la promoción de un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos son algunos de los empeños de la Declaración de Túnez, adoptada por la Comisión Internacional de Juristas el pasado domingo, 24 de marzo.
La Comisión, integrada por 60 miembros titulares, además de varios miembros honorarios y de secciones nacionales afiliadas, como la Comisión Colombiana de Juristas, es la más antigua organización de derechos humanos. Fundada en 1952, en Ginebra, se ha dedicado a promover el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la adopción de tratados que precisen las obligaciones estatales derivadas de ella y generen mecanismos de supervisión y cumplimiento.
Reafirmar el compromiso con el Estado de derecho y los derechos humanos es el propósito general de la Declaración. Con esa perspectiva, reitera cinco aspectos esenciales: la independencia de los jueces y abogados, el acceso a la justicia para exigir responsabilidad, la seguridad en un Estado de derecho, la igualdad y no discriminación, y el espacio de la sociedad civil para el desarrollo de las libertades fundamentales.
En estos cinco campos recuerda y refuerza compromisos consignados en sus declaraciones anteriores: 1) la realización de acciones nacionales e internacionales para proteger a jueces, fiscales y abogados frente a ataques por su labor, y promover el cumplimiento imparcial de sus deberes; 2) el apoyo a la Corte Penal Internacional y a genuinos procedimientos nacionales de administración de justicia; 3) la condena del terrorismo, así como de la violación del Estado de derecho para combatirlo, pues la seguridad y los derechos humanos no son objetivos contradictorios sino complementarios; 4) el rechazo de la discriminación, especialmente de mujeres, niñas y personas que hacen parte de grupos marginados, y el compromiso de avanzar en la realización de sus derechos a través de la capacitación de jueces, abogados y la sociedad en esa dirección; 5) la importancia, para garantizar el Estado de derecho y los derechos humanos, de la veeduría independiente por parte de la sociedad civil, que es necesario preservar frente a ataques estatales o no estatales en su contra, como arrestos, medidas tributarias, censura o asesinatos.
Tres retos nuevos se destacan de manera especial en la Declaración. Uno es el cambio climático, que no duda en calificar de “catastrófico”. El segundo es el efecto adverso que a veces tienen, para la vigencia de los derechos humanos, las nuevas tecnologías digitales especialmente aplicadas a las comunicaciones, la inteligencia artificial y la vigilancia. Y el tercero es el populismo autoritario que, en diversas partes del mundo, se permite desconocer las conquistas y logros en derechos humanos… y hasta en materia climática. Un peligroso trío de corrientes adversas al Estado de derecho que la Comisión Internacional de Juristas nos propone enfrentar con decisión defendiendo la interrelación de todos los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Un traje hecho a la medida de muchos países, incluido Colombia.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La creación de una Corte Mundial de Derechos Humanos y la promoción de un tratado internacional vinculante sobre empresas y derechos humanos son algunos de los empeños de la Declaración de Túnez, adoptada por la Comisión Internacional de Juristas el pasado domingo, 24 de marzo.
La Comisión, integrada por 60 miembros titulares, además de varios miembros honorarios y de secciones nacionales afiliadas, como la Comisión Colombiana de Juristas, es la más antigua organización de derechos humanos. Fundada en 1952, en Ginebra, se ha dedicado a promover el desarrollo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a través de la adopción de tratados que precisen las obligaciones estatales derivadas de ella y generen mecanismos de supervisión y cumplimiento.
Reafirmar el compromiso con el Estado de derecho y los derechos humanos es el propósito general de la Declaración. Con esa perspectiva, reitera cinco aspectos esenciales: la independencia de los jueces y abogados, el acceso a la justicia para exigir responsabilidad, la seguridad en un Estado de derecho, la igualdad y no discriminación, y el espacio de la sociedad civil para el desarrollo de las libertades fundamentales.
En estos cinco campos recuerda y refuerza compromisos consignados en sus declaraciones anteriores: 1) la realización de acciones nacionales e internacionales para proteger a jueces, fiscales y abogados frente a ataques por su labor, y promover el cumplimiento imparcial de sus deberes; 2) el apoyo a la Corte Penal Internacional y a genuinos procedimientos nacionales de administración de justicia; 3) la condena del terrorismo, así como de la violación del Estado de derecho para combatirlo, pues la seguridad y los derechos humanos no son objetivos contradictorios sino complementarios; 4) el rechazo de la discriminación, especialmente de mujeres, niñas y personas que hacen parte de grupos marginados, y el compromiso de avanzar en la realización de sus derechos a través de la capacitación de jueces, abogados y la sociedad en esa dirección; 5) la importancia, para garantizar el Estado de derecho y los derechos humanos, de la veeduría independiente por parte de la sociedad civil, que es necesario preservar frente a ataques estatales o no estatales en su contra, como arrestos, medidas tributarias, censura o asesinatos.
Tres retos nuevos se destacan de manera especial en la Declaración. Uno es el cambio climático, que no duda en calificar de “catastrófico”. El segundo es el efecto adverso que a veces tienen, para la vigencia de los derechos humanos, las nuevas tecnologías digitales especialmente aplicadas a las comunicaciones, la inteligencia artificial y la vigilancia. Y el tercero es el populismo autoritario que, en diversas partes del mundo, se permite desconocer las conquistas y logros en derechos humanos… y hasta en materia climática. Un peligroso trío de corrientes adversas al Estado de derecho que la Comisión Internacional de Juristas nos propone enfrentar con decisión defendiendo la interrelación de todos los derechos: civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. Un traje hecho a la medida de muchos países, incluido Colombia.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).