La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) tendrá que tener en cuenta dentro de su actividad por lo menos cuatro grandes sectores: los perpetradores, las víctimas, la sociedad y el Estado. Si bien a todos ellos deberá considerarlos en función del presente, el acento estará puesto en el pasado en relación con los dos primeros, y en el futuro en relación con los dos últimos.
Los perpetradores, a su vez, estarán integrados por diferentes subgrupos: guerrilleros (las Farc, pero tal vez también el Eln), agentes estatales, paramilitares y actores civiles vinculados a alguno de los combatientes. En relación con cada cual, la Comisión deberá procurar que se conozca la verdad y se reconozca la responsabilidad colectiva del respectivo grupo. El Gobierno y las Farc se han comprometido, en el Acuerdo de Paz, “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”. Ésta tendrá a su disposición, en cualquier caso, las declaraciones de víctimas y de testigos, y deberá generar un fuerte equipo de investigación, con acceso a la documentación oficial existente.
Las víctimas, por su parte, deberán ser el centro de los esfuerzos de la Comisión, según el acuerdo, para garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entre ellas, deberán visibilizarse las “poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto”, en especial “la victimización sufrida por las mujeres” y por la población desplazada. También deberá tenerse en cuenta el impacto de la guerra en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en el ejercicio de la política, de los partidos y movimientos sociales y en el funcionamiento de la democracia.
La sociedad tendrá un doble impacto de las actividades de la Comisión. En primer lugar, los relatos de los perpetradores y de las víctimas o los dictámenes de la propia Comisión, si se divulgan bien, serán para muchas personas una revelación que producirá efectos en su valoración del conglomerado social y de las instituciones. Si esos efectos se traducen en la convicción sobre la necesidad de superar el pasado, estará abonado el terreno para el segundo impacto que es “la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos” y que se exprese, entre otros aspectos, en “los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios”.
El Estado, en fin, deberá ser el destinatario de las recomendaciones que formule la Comisión a partir de su diagnóstico sobre las causas del conflicto y sobre las medidas que deban adoptarse para el mejor desarrollo de las personas y del país. El reforzamiento de instituciones que garanticen una sociedad más justa e incluyente debería ser el resultado final de todo este proceso, para que se promueva en las regiones una cultura democrática de respeto y tolerancia que permita el buen vivir.
Es decir, la alegría y la esperanza. ¿No fue eso lo que el papa recomendó que nuestros jóvenes no se dejaran robar?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)
La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición (CEVCNR) tendrá que tener en cuenta dentro de su actividad por lo menos cuatro grandes sectores: los perpetradores, las víctimas, la sociedad y el Estado. Si bien a todos ellos deberá considerarlos en función del presente, el acento estará puesto en el pasado en relación con los dos primeros, y en el futuro en relación con los dos últimos.
Los perpetradores, a su vez, estarán integrados por diferentes subgrupos: guerrilleros (las Farc, pero tal vez también el Eln), agentes estatales, paramilitares y actores civiles vinculados a alguno de los combatientes. En relación con cada cual, la Comisión deberá procurar que se conozca la verdad y se reconozca la responsabilidad colectiva del respectivo grupo. El Gobierno y las Farc se han comprometido, en el Acuerdo de Paz, “a contribuir decididamente en el proceso de esclarecimiento de la verdad y a reconocer sus respectivas responsabilidades ante la Comisión”. Ésta tendrá a su disposición, en cualquier caso, las declaraciones de víctimas y de testigos, y deberá generar un fuerte equipo de investigación, con acceso a la documentación oficial existente.
Las víctimas, por su parte, deberán ser el centro de los esfuerzos de la Comisión, según el acuerdo, para garantizar su derecho a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición. Entre ellas, deberán visibilizarse las “poblaciones o sectores en condiciones de discriminación, vulnerabilidad o especialmente afectados por el conflicto”, en especial “la victimización sufrida por las mujeres” y por la población desplazada. También deberá tenerse en cuenta el impacto de la guerra en los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en el ejercicio de la política, de los partidos y movimientos sociales y en el funcionamiento de la democracia.
La sociedad tendrá un doble impacto de las actividades de la Comisión. En primer lugar, los relatos de los perpetradores y de las víctimas o los dictámenes de la propia Comisión, si se divulgan bien, serán para muchas personas una revelación que producirá efectos en su valoración del conglomerado social y de las instituciones. Si esos efectos se traducen en la convicción sobre la necesidad de superar el pasado, estará abonado el terreno para el segundo impacto que es “la creación de un ambiente transformador que permita la resolución pacífica de los conflictos” y que se exprese, entre otros aspectos, en “los planes y programas de construcción de paz que se pongan en marcha en los territorios”.
El Estado, en fin, deberá ser el destinatario de las recomendaciones que formule la Comisión a partir de su diagnóstico sobre las causas del conflicto y sobre las medidas que deban adoptarse para el mejor desarrollo de las personas y del país. El reforzamiento de instituciones que garanticen una sociedad más justa e incluyente debería ser el resultado final de todo este proceso, para que se promueva en las regiones una cultura democrática de respeto y tolerancia que permita el buen vivir.
Es decir, la alegría y la esperanza. ¿No fue eso lo que el papa recomendó que nuestros jóvenes no se dejaran robar?
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)