“La impunidad…”

“… como factor de persistencia del conflicto armado”. Así se titula el capítulo octavo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad, en el cual se evidencia una inmensa brecha entre los delitos que se cometen en el país y los que se investigan: “Hasta abril de 2018, la Fiscalía reportó 223.282 casos en la jurisdicción ordinaria relacionados con el conflicto armado por hechos cometidos antes del 1° de diciembre de 2016, que corresponden a 184.951 víctimas. Hasta 2022, por su parte, el Registro Único de Víctimas (RUV) contó 9’363.124 víctimas”. “El problema es aún mayor al momento de determinar responsabilidades. Los informes de la Fiscalía muestran que (…) cuatro de cada 10 casos reportados (relacionados con conflicto armado) no identifican siquiera el grupo que cometió los delitos”.

Las causas de esta impunidad van desde la desidia institucional hasta la agresión contra la justicia por parte del propio Estado y de grupos armados. Desidia, porque “en países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), de la que Colombia forma parte, y que no tienen un conflicto armado con violaciones masivas como las ocurridas en Colombia, el estándar es de 64 jueces por cada 100.000 habitantes. En Colombia, en cambio, el punto más alto se presentó entre 2016 y 2020 cuando la cifra osciló entre 11 y 11,3 despachos por cada 100.000 habitantes”.

Agresión por parte del propio Estado, porque durante años se privilegió el juzgamiento de civiles por la justicia penal militar y el encubrimiento de violadores de derechos humanos también por la jurisdicción militar. Lo primero se hacía a través del estado de sitio y fue declarado inconstitucional en 1987. Lo segundo fue asimismo declarado inconstitucional en 1997 y se prohibió en el Código Penal Militar de 1999, pero se ha seguido practicando de manera tramposa: “Entre 1996 y 2016, se presentaron ante el Consejo Superior de la Judicatura 1.938 decisiones relativas a disputas entre la jurisdicción penal militar y la justicia ordinaria por los casos”. Además, “durante la administración del fiscal Luis Camilo Osorio (2001-2005) se dio la cooptación de la Fiscalía General de la Nación por parte del paramilitarismo”, advierte el informe y muestra varias evidencias al respecto, que están pendientes de ser investigadas. Por no hablar de las actuaciones irregulares del DAS que dieron lugar a su desmantelamiento.

Ha habido agresión también por parte de grupos paramilitares (como la masacre de La Rochela en 1989), de las Farc (como la masacre de Usme en 1991) y del Eln (como el asesinato de un juez y de su esposa abogada en Bucaramanga en 1990).

A lo anterior se agregan políticas como la extradición, que ha alejado de las víctimas a graves perpetradores de violaciones e infracciones al derecho humanitario. O el asesinato de defensoras y defensores de derechos humanos (729 entre 1995 y 2015).

Por eso, el informe señala que “mientras haya impunidad persistirán la desesperanza, la violencia y la desigualdad ante la ley”, relieva la importancia de la justicia que se imparta a través de la JEP y subraya que “sin justicia nunca llegará la paz verdadera”.

Gracias, Comisión de la Verdad.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).