El 20 de julio y el 7 de agosto contienen valiosas enseñanzas en cuanto a las posibilidades y dificultades de avanzar hacia la construcción de una sociedad cada vez más civilizada en Colombia.
Para ello fue decisiva la publicación en 1794, por Antonio Nariño, de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, originada en la Revolución Francesa. Seguramente no fue el único evento producido al respecto en la época, pero sí revela la influencia que ese manifiesto tuvo en la dirigencia criolla para inspirar la creación de instituciones orientadas a garantizar la libertad, la igualdad, el Estado de derecho y demás valores relacionados con el respeto a la dignidad humana. El trayecto que ha debido recorrerse desde entonces hasta hoy no ha sido fácil, pero cabe reconocer que ha tenido importantes impulsos en diversas reformas legales y constitucionales, y especialmente en la Constitución de 1991 y sus desarrollos jurisprudenciales y normativos.
Llama la atención también la manera como fue necesario superar la extremada fragmentación de la Nueva Granada, cuyas principales localidades y cabildos tenían resistencias para entenderse entre sí y aceptar constituir una entidad política unificada, luego de estar acostumbradas a tener relaciones más directas con la metrópolis que entre las provincias, y que dio lugar incluso a guerras por ese motivo y al agudo conflicto entre el modelo centralista y la fórmula federal de gobierno. Ante fenómenos como la profunda polarización que actualmente existe en Colombia, se tiende a olvidar que ha habido períodos en los que la división social y política ha sido mayor, y que en buena parte se han superado.
La guerra de reconquista llevada a cabo por el general Pablo Morillo de 1815 a 1819 constituye uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia por su violenta represión. Pero, como bien lo anota Jorge Orlando Melo, “probablemente fue esta represión la que convirtió a la mayoría de los criollos, mestizos y pardos vacilantes en defensores de la Independencia” (Historia mínima de Colombia, pág. 113).
La campaña libertadora, que culminó en Colombia con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, constituye una admirable gesta militar y política, tanto por el heroísmo y el valor de quienes soportaron las inclemencias de la travesía y del combate, como por la inteligencia y coordinación que tuvieron para actuar unidos en pos del objetivo independentista.
Ese empeño había nacido mucho tiempo antes, y su manifestación más contundente había sido la rebelión de los comuneros en 1781, casi 40 años atrás. Después de 1819 el país ha padecido confrontaciones dolorosas entre sus dirigentes políticos y graves violaciones de derechos humanos. Esos padecimientos no han sido en vano, y tal vez sin ellos no se habría podido convenir un Acuerdo de Paz, luego de más de 50 años de conflicto armado, que contiene compromisos valiosos en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos, reintegración política, seguridad y verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un significativo paso hacia la maduración de la independencia de nuestra sociedad. Por eso hay que defender la paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El 20 de julio y el 7 de agosto contienen valiosas enseñanzas en cuanto a las posibilidades y dificultades de avanzar hacia la construcción de una sociedad cada vez más civilizada en Colombia.
Para ello fue decisiva la publicación en 1794, por Antonio Nariño, de la Declaración de los derechos del hombre y del ciudadano, originada en la Revolución Francesa. Seguramente no fue el único evento producido al respecto en la época, pero sí revela la influencia que ese manifiesto tuvo en la dirigencia criolla para inspirar la creación de instituciones orientadas a garantizar la libertad, la igualdad, el Estado de derecho y demás valores relacionados con el respeto a la dignidad humana. El trayecto que ha debido recorrerse desde entonces hasta hoy no ha sido fácil, pero cabe reconocer que ha tenido importantes impulsos en diversas reformas legales y constitucionales, y especialmente en la Constitución de 1991 y sus desarrollos jurisprudenciales y normativos.
Llama la atención también la manera como fue necesario superar la extremada fragmentación de la Nueva Granada, cuyas principales localidades y cabildos tenían resistencias para entenderse entre sí y aceptar constituir una entidad política unificada, luego de estar acostumbradas a tener relaciones más directas con la metrópolis que entre las provincias, y que dio lugar incluso a guerras por ese motivo y al agudo conflicto entre el modelo centralista y la fórmula federal de gobierno. Ante fenómenos como la profunda polarización que actualmente existe en Colombia, se tiende a olvidar que ha habido períodos en los que la división social y política ha sido mayor, y que en buena parte se han superado.
La guerra de reconquista llevada a cabo por el general Pablo Morillo de 1815 a 1819 constituye uno de los episodios más dolorosos de nuestra historia por su violenta represión. Pero, como bien lo anota Jorge Orlando Melo, “probablemente fue esta represión la que convirtió a la mayoría de los criollos, mestizos y pardos vacilantes en defensores de la Independencia” (Historia mínima de Colombia, pág. 113).
La campaña libertadora, que culminó en Colombia con la batalla de Boyacá el 7 de agosto de 1819, constituye una admirable gesta militar y política, tanto por el heroísmo y el valor de quienes soportaron las inclemencias de la travesía y del combate, como por la inteligencia y coordinación que tuvieron para actuar unidos en pos del objetivo independentista.
Ese empeño había nacido mucho tiempo antes, y su manifestación más contundente había sido la rebelión de los comuneros en 1781, casi 40 años atrás. Después de 1819 el país ha padecido confrontaciones dolorosas entre sus dirigentes políticos y graves violaciones de derechos humanos. Esos padecimientos no han sido en vano, y tal vez sin ellos no se habría podido convenir un Acuerdo de Paz, luego de más de 50 años de conflicto armado, que contiene compromisos valiosos en materia de desarrollo rural, sustitución de cultivos, reintegración política, seguridad y verdad, justicia, reparación y no repetición. Es un significativo paso hacia la maduración de la independencia de nuestra sociedad. Por eso hay que defender la paz.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).