El procurador general expidió el 11 de junio la Directiva 007, por la cual reconoció al campesinado como sujeto de derechos integrales y de especial protección constitucional y exhortó a las y los servidores públicos a garantizar tales derechos, in cluidos los relativos a su vida, integridad, libertad y seguridad. Instó a las autoridades administrativas a crear planes y políticas públicas a su favor, con enfoque diferencial, y a realizar acciones de discriminación positiva para promover su igualdad material, su desarrollo económico y social, y su acceso progresivo a la propiedad de la tierra.
La Directiva es muy oportuna para dar seguimiento al artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), que le ordena al Gobierno nacional construir “una política pública para la población campesina a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de participación que incluyan a las organizaciones campesinas, la academia, las entidades especializadas en el tema campesino y la Comisión de Expertos del campesinado, entre otros”.
Quizás la Comisión de Expertos a la que se refiere la ley sea la Misión para la Transformación del Campo, presidida por José Antonio Ocampo, que en 2015 rindió un importante informe titulado “El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz”. Allí se propusieron seis estrategias para promover un desarrollo rural integral (económico, social y ambiental).
La primera de esas estrategias se orienta a lograr la inclusión social de los habitantes rurales a través de la garantía de derechos en cinco áreas: 1) Nutrición, incluido un programa de alimentación escolar en todos los colegios rurales y en todos los niveles educativos, así como el establecimiento de huertas escolares para enseñar técnicas de producción y transformación de alimentos y hábitos saludables. 2) Educación, desde un programa de cero analfabetismo, hasta la garantía de nueve años de escolaridad para todos los jóvenes rurales en 2020, y 11 años en 2030, y educación de calidad, que facilite la inclusión productiva, incentive la creatividad y sea un instrumento de movilidad social. 3) Salud, para garantizar una oferta adecuada de servicios, con alternativas de atención flexible y de cuidado integral a la primera infancia. 4) Protección a la vejez, dada la baja cobertura pensional actual, en beneficio de los adultos mayores sin capacidad de pago y en especial de las mujeres frente a riesgos laborales por discapacidad o maternidad. 5) Vivienda, fortaleciendo el Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural y la Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en las zonas rurales. La Misión propuso 15 años para lograr estas metas, y un presupuesto de $48,2 billones ($3,2 billones por año, equivalentes a 0,3 % del PIB).
Las estrategias restantes se refieren a inclusión productiva y agricultura familiar; competitividad basada en ciencia y asistencia técnica, seguridad, justicia y comercio exterior; desarrollo ambientalmente sostenible; reordenamiento territorial, y ajustes institucionales.
Es una excelente guía para la construcción de la política pública para la población campesina por parte del Gobierno y su supervisión por parte de la Procuraduría.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El procurador general expidió el 11 de junio la Directiva 007, por la cual reconoció al campesinado como sujeto de derechos integrales y de especial protección constitucional y exhortó a las y los servidores públicos a garantizar tales derechos, in cluidos los relativos a su vida, integridad, libertad y seguridad. Instó a las autoridades administrativas a crear planes y políticas públicas a su favor, con enfoque diferencial, y a realizar acciones de discriminación positiva para promover su igualdad material, su desarrollo económico y social, y su acceso progresivo a la propiedad de la tierra.
La Directiva es muy oportuna para dar seguimiento al artículo 253 del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 1955 de 2019), que le ordena al Gobierno nacional construir “una política pública para la población campesina a partir de la recolección de insumos de diferentes espacios de participación que incluyan a las organizaciones campesinas, la academia, las entidades especializadas en el tema campesino y la Comisión de Expertos del campesinado, entre otros”.
Quizás la Comisión de Expertos a la que se refiere la ley sea la Misión para la Transformación del Campo, presidida por José Antonio Ocampo, que en 2015 rindió un importante informe titulado “El campo colombiano: un camino hacia el bienestar y la paz”. Allí se propusieron seis estrategias para promover un desarrollo rural integral (económico, social y ambiental).
La primera de esas estrategias se orienta a lograr la inclusión social de los habitantes rurales a través de la garantía de derechos en cinco áreas: 1) Nutrición, incluido un programa de alimentación escolar en todos los colegios rurales y en todos los niveles educativos, así como el establecimiento de huertas escolares para enseñar técnicas de producción y transformación de alimentos y hábitos saludables. 2) Educación, desde un programa de cero analfabetismo, hasta la garantía de nueve años de escolaridad para todos los jóvenes rurales en 2020, y 11 años en 2030, y educación de calidad, que facilite la inclusión productiva, incentive la creatividad y sea un instrumento de movilidad social. 3) Salud, para garantizar una oferta adecuada de servicios, con alternativas de atención flexible y de cuidado integral a la primera infancia. 4) Protección a la vejez, dada la baja cobertura pensional actual, en beneficio de los adultos mayores sin capacidad de pago y en especial de las mujeres frente a riesgos laborales por discapacidad o maternidad. 5) Vivienda, fortaleciendo el Subsidio de Vivienda de Interés Social Rural y la Política para el Suministro de Agua Potable y Saneamiento Básico en las zonas rurales. La Misión propuso 15 años para lograr estas metas, y un presupuesto de $48,2 billones ($3,2 billones por año, equivalentes a 0,3 % del PIB).
Las estrategias restantes se refieren a inclusión productiva y agricultura familiar; competitividad basada en ciencia y asistencia técnica, seguridad, justicia y comercio exterior; desarrollo ambientalmente sostenible; reordenamiento territorial, y ajustes institucionales.
Es una excelente guía para la construcción de la política pública para la población campesina por parte del Gobierno y su supervisión por parte de la Procuraduría.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).