“… interno colombiano”. Ese es el título del capítulo décimo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Es clave para entender por qué existe en diversos sectores del país una desconfianza en las instituciones, un modo violento de resolución de conflictos y una débil ética pública que conducen a la imposición prepotente de intereses, sin respeto por la diferencia.
Todo empezó quizás con el racismo, el clasismo y el modelo de hacienda sobre cuya base se ha construido esta nación, que “han dejado formas de discriminación con huellas profundas en nuestra cultura”. Considerar a ciertas poblaciones inferiores por su raza justificó su sumisión y hasta su asesinato. Así se concentró la propiedad, lo que profundizó la desigualdad y el repudio maniqueo de aquellos con quienes no era imaginable construir un “nosotros”. A cambio, se desarrollaron “una democracia y una justicia de baja intensidad, razón y consecuencia de la persistencia del conflicto armado (que) han estimulado la desconfianza y abierto paso a la ilegalidad”.
Sus consecuencias en la pobreza y precariedad de poblaciones indígenas, afrodescendientes, rom y campesinas son palpables en sus índices de necesidades básicas insatisfechas: “El 70 % de hogares campesinos tienen bajo logro educativo y el 86,7 % está compuesto por trabajadores informales”. Las regiones donde se asientan son vistas como atrasadas o “salvajes”, por lo cual históricamente han sido objeto de apropiación forzada para llevarles “progreso” y “desarrollo”, o para convertirlas en escenarios de guerra.
El abuso se ha ejercido en mayor medida sobre poblaciones especialmente vulnerables, como las mujeres y las personas sexualmente diversas, a consecuencia del sistema patriarcal. Asimismo, niños, niñas y adolescentes han sufrido deserción escolar, reclutamiento, uso de sus escuelas como trinchera, exilio o persecuciones por su parentesco con actores armados, legales o ilegales.
Esta discriminación social, mezclada con el combate militar al comunismo, se transformó en estigmatización y dio lugar a la persecución de quienes fueran considerados como “enemigos internos” por su disidencia o su protesta. A su vez, la insurgencia consideró “enemigos de clase” a sus adversarios ideológicos. Se desarrolló así una justificación cultural para defenderse del otro por “malvado”, hasta aniquilarlo. La impunidad acentuó esa costumbre y la prolongación del conflicto hizo ver como naturales todas las violencias asociadas al mismo. El desplazamiento de nueve millones de habitantes de sus territorios contribuyó a la pérdida o disminución de su identidad en espacios urbanos extraños a su tradición. El toque de gracia para la anomia y el predominio de la violencia y la ilegalidad a fin de lograr ventajas y beneficios se dio con el narcotráfico.
En medio de todo, hay valiosas experiencias culturales de resiliencia. Es necesario fortalecerlas con un extraordinario esfuerzo educativo, político, comunicacional y de los diversos sistemas de creencias. Para obtener la paz es imprescindible fundar una ética pública laica, dice el Informe. Un contrato social, agregaría Rousseau. No hay más remedio.
Gracias, Comisión de la Verdad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
“… interno colombiano”. Ese es el título del capítulo décimo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Es clave para entender por qué existe en diversos sectores del país una desconfianza en las instituciones, un modo violento de resolución de conflictos y una débil ética pública que conducen a la imposición prepotente de intereses, sin respeto por la diferencia.
Todo empezó quizás con el racismo, el clasismo y el modelo de hacienda sobre cuya base se ha construido esta nación, que “han dejado formas de discriminación con huellas profundas en nuestra cultura”. Considerar a ciertas poblaciones inferiores por su raza justificó su sumisión y hasta su asesinato. Así se concentró la propiedad, lo que profundizó la desigualdad y el repudio maniqueo de aquellos con quienes no era imaginable construir un “nosotros”. A cambio, se desarrollaron “una democracia y una justicia de baja intensidad, razón y consecuencia de la persistencia del conflicto armado (que) han estimulado la desconfianza y abierto paso a la ilegalidad”.
Sus consecuencias en la pobreza y precariedad de poblaciones indígenas, afrodescendientes, rom y campesinas son palpables en sus índices de necesidades básicas insatisfechas: “El 70 % de hogares campesinos tienen bajo logro educativo y el 86,7 % está compuesto por trabajadores informales”. Las regiones donde se asientan son vistas como atrasadas o “salvajes”, por lo cual históricamente han sido objeto de apropiación forzada para llevarles “progreso” y “desarrollo”, o para convertirlas en escenarios de guerra.
El abuso se ha ejercido en mayor medida sobre poblaciones especialmente vulnerables, como las mujeres y las personas sexualmente diversas, a consecuencia del sistema patriarcal. Asimismo, niños, niñas y adolescentes han sufrido deserción escolar, reclutamiento, uso de sus escuelas como trinchera, exilio o persecuciones por su parentesco con actores armados, legales o ilegales.
Esta discriminación social, mezclada con el combate militar al comunismo, se transformó en estigmatización y dio lugar a la persecución de quienes fueran considerados como “enemigos internos” por su disidencia o su protesta. A su vez, la insurgencia consideró “enemigos de clase” a sus adversarios ideológicos. Se desarrolló así una justificación cultural para defenderse del otro por “malvado”, hasta aniquilarlo. La impunidad acentuó esa costumbre y la prolongación del conflicto hizo ver como naturales todas las violencias asociadas al mismo. El desplazamiento de nueve millones de habitantes de sus territorios contribuyó a la pérdida o disminución de su identidad en espacios urbanos extraños a su tradición. El toque de gracia para la anomia y el predominio de la violencia y la ilegalidad a fin de lograr ventajas y beneficios se dio con el narcotráfico.
En medio de todo, hay valiosas experiencias culturales de resiliencia. Es necesario fortalecerlas con un extraordinario esfuerzo educativo, político, comunicacional y de los diversos sistemas de creencias. Para obtener la paz es imprescindible fundar una ética pública laica, dice el Informe. Un contrato social, agregaría Rousseau. No hay más remedio.
Gracias, Comisión de la Verdad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).