El Cauca y en especial su población indígena son quienes más están sufriendo en el país la gravísima oleada de agresiones contra líderes y lideresas sociales. En los últimos 20 días la situación se ha agravado todavía más, a unos niveles demenciales.
El 13 de octubre fue asesinado el guardia indígena Toribio Canas, de 53 años, en su vivenda en Tacueyó (municipio de Toribío). El 28 de octubre fue asesinado Flower Trompeta Paví, integrante de la Asociación de Trabajadores Proconstrucción Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal). El día siguiente, 29 de octubre, en Tacueyó (Toribío), vereda La Luz, fueron masacrados la autoridad ne’jwe’sx Cristina Bautista y cuatro guardias indígenas. El 31 de octubre, cuatro topógrafos fueron asesinados en Corinto. El 1° de noviembre 300 familias fueron confinadas en Corinto por combates entre la Tercera División y la columna móvil Dagoberto Ramos (disidencia de las Farc). El mismo 1° de noviembre fue secuestrado y asesinado Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos, en La Betulia (Suárez). El 2 de septiembre había sido masacrada, también en Suárez, la candidata a la Alcaldía Karina García, su madre y cuatro personas más, al parecer por disidentes de las Farc. El 2 de noviembre fue asesinado Alexánder Vitonás, indígena de 18 años, en la vereda Loma Linda (Toribío). El 3 de noviembre el coordinador de la guardia indígena Arbey Noscué sobrevivió a un atentado en Toribío porque al agresor se le trabó el arma. Ese mismo día fue asesinado el comunero Jesús Eduardo Mestizo, miembro de la Asociación Indígena Avelino Ui, también en la vereda Loma Linda (Toribío).
El Gobierno ha anunciado que enviará 2.500 miembros de la fuerza pública al Cauca para hacer frente a este problema de seguridad y que destinará cerca de $1 billón en medidas sociales para el departamento, a cargo del alto comisionado para la Paz. La ruta para hacerlo está prevista en el Decreto-ley 660 de 2018, que ordena impulsar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios por parte del gobernador o alcalde respectivo, junto con la ministra del Interior y en concertación con las organizaciones de la sociedad civil.
También debería contarse con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada mediante el Decreto-ley 154 de 2017. Dicha comisión está encabezada por el presidente de la República, junto con tres ministros, los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, el fiscal general, el procurador, el defensor del Pueblo, la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y cinco integrantes de la sociedad civil (tres a título de expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos). Su objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares o similares.
Si el Gobierno activara estos decretos, dispondría de unas valiosas herramientas institucionales de gobernabilidad y cumpliría sus deberes legales en favor de la sociedad colombiana y, en particular, de la población del Cauca, que es la más afectada por este fenómeno.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El Cauca y en especial su población indígena son quienes más están sufriendo en el país la gravísima oleada de agresiones contra líderes y lideresas sociales. En los últimos 20 días la situación se ha agravado todavía más, a unos niveles demenciales.
El 13 de octubre fue asesinado el guardia indígena Toribio Canas, de 53 años, en su vivenda en Tacueyó (municipio de Toribío). El 28 de octubre fue asesinado Flower Trompeta Paví, integrante de la Asociación de Trabajadores Proconstrucción Zonas de Reserva Campesina de Caloto (Astrazonacal). El día siguiente, 29 de octubre, en Tacueyó (Toribío), vereda La Luz, fueron masacrados la autoridad ne’jwe’sx Cristina Bautista y cuatro guardias indígenas. El 31 de octubre, cuatro topógrafos fueron asesinados en Corinto. El 1° de noviembre 300 familias fueron confinadas en Corinto por combates entre la Tercera División y la columna móvil Dagoberto Ramos (disidencia de las Farc). El mismo 1° de noviembre fue secuestrado y asesinado Fabián Eduardo Rivera, escolta del líder indígena Bernardo Ciclos, en La Betulia (Suárez). El 2 de septiembre había sido masacrada, también en Suárez, la candidata a la Alcaldía Karina García, su madre y cuatro personas más, al parecer por disidentes de las Farc. El 2 de noviembre fue asesinado Alexánder Vitonás, indígena de 18 años, en la vereda Loma Linda (Toribío). El 3 de noviembre el coordinador de la guardia indígena Arbey Noscué sobrevivió a un atentado en Toribío porque al agresor se le trabó el arma. Ese mismo día fue asesinado el comunero Jesús Eduardo Mestizo, miembro de la Asociación Indígena Avelino Ui, también en la vereda Loma Linda (Toribío).
El Gobierno ha anunciado que enviará 2.500 miembros de la fuerza pública al Cauca para hacer frente a este problema de seguridad y que destinará cerca de $1 billón en medidas sociales para el departamento, a cargo del alto comisionado para la Paz. La ruta para hacerlo está prevista en el Decreto-ley 660 de 2018, que ordena impulsar el Programa Integral de Seguridad y Protección para las Comunidades y Organizaciones en los Territorios por parte del gobernador o alcalde respectivo, junto con la ministra del Interior y en concertación con las organizaciones de la sociedad civil.
También debería contarse con el funcionamiento de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada mediante el Decreto-ley 154 de 2017. Dicha comisión está encabezada por el presidente de la República, junto con tres ministros, los altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía, el fiscal general, el procurador, el defensor del Pueblo, la directora de la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía y cinco integrantes de la sociedad civil (tres a título de expertos y dos delegados de las plataformas de derechos humanos). Su objeto es el diseño y seguimiento de la política pública y criminal en materia de desmantelamiento de las organizaciones paramilitares o similares.
Si el Gobierno activara estos decretos, dispondría de unas valiosas herramientas institucionales de gobernabilidad y cumpliría sus deberes legales en favor de la sociedad colombiana y, en particular, de la población del Cauca, que es la más afectada por este fenómeno.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).