Así se titula el quinto capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Califica al paramilitarismo como un “entramado”, es decir, una red conformada por múltiples elementos:
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Así se titula el quinto capítulo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Califica al paramilitarismo como un “entramado”, es decir, una red conformada por múltiples elementos:
“Además del brazo armado, el fenómeno paramilitar ha mantenido una participación de componentes del Estado como la fuerza pública, entidades de seguridad y de inteligencia, Congreso, asambleas y concejos, instituciones judiciales y organismos de control, así como sectores económicos agroindustriales, extractivos y de infraestructura, y empleados públicos y candidatos a cargos de elección popular. Además, ha permeado sectores de la Iglesia y de los medios de comunicación”.
En 1962, una misión comandada por el brigadier general William P. Yarborough recomendó crear grupos de civiles armados en apoyo al Ejército. Su existencia se legalizó mediante el Decreto Legislativo 3398 de 1965. A partir de ello, se establecieron directrices para emplearlos contra la población civil que se considerara sospechosa, como el “Reglamento de Combate de Contraguerrillas” en 1969 y el “Manual de Instrucciones Generales para Operaciones Contraguerrillas” en 1982. Esos manuales están vigentes: no se conoce ningún acto administrativo que los haya derogado.
En los años 60, “solo en el Eje Cafetero, Valle y Tolima había 90 grupos armados con la participación directa de 181 personas”. En los años 80, estos grupos se transformaron con la participación del narcotráfico, especialmente a partir de Puerto Boyacá (donde importaron mercenarios extranjeros como instructores), y con la creación del grupo Muerte a Secuestradores (MAS), integrado por 53 miembros del Ejército, además de narcotraficantes. Altos mandos militares también fomentaron su fortalecimiento para oponerse a los procesos de paz del presidente Betancur, lo cual no menciona el informe. El presidente Barco suspendió, por Decreto 815 de 1989, la norma del Decreto 3398 de 1965 que había legalizado su existencia.
Siguieron creciendo y en 1995 se les autorizó, como Convivir, portar de nuevo armas de guerra. La experiencia de Puerto Boyacá se trasladó a Córdoba, junto con la creación de Los Pepes, “y especialmente tras el asesinato de Pablo Escobar en 1993, donde participaron los hermanos Castaño aliados con el Cartel de Cali, el Bloque de Búsqueda de la Policía y el apoyo de la Administración de Control de Drogas (DEA)”, terminaron creándose las Autodefensas Campesinas de Córdoba y de Urabá (Accu) y luego las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).
“El 61,6 % del total de víctimas civiles letales en Colombia entre 1958 y 2018 (140.642 personas), fueron causadas por grupos paramilitares”. “El 98,52 % de las víctimas fueron civiles, frente al 1,48 % de víctimas no civiles”. Atroz.
El entramado paramilitar continúa activo hoy en día, porque, además de estructuras armadas sucesoras, hay impunidad para los cómplices —incluidos empresarios—, falta que el Estado y la Fuerza Pública reconozcan la responsabilidad que tuvieron en su desarrollo, y permanecen patrones culturales favorables a su existencia.
Para lograr la paz, hay que desmantelar la tenebrosa red paramilitar subsistente. Gracias, Comisión de la Verdad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).