Ese es el título del capítulo séptimo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Allí se muestra cómo, paradójicamente, la política de seguridad aplicada en Colombia no se ha traducido en mayor seguridad para importantes sectores de la población. Se trata de campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, miembros de la Rama Judicial, periodistas y otros paisanos que han sido tratados como “enemigos internos” del Estado y combatidos militarmente.
La doctrina de la seguridad nacional, surgida en la Guerra Fría, en su afán de combatir el comunismo, identificó a quienes pensaran distinto del gobernante como insurgentes. Su pretensión era definir unos “objetivos nacionales” y realizarlos por un “poder nacional” integrado por los actores económicos, políticos, sociales y militares predominantes. Quien no los compartiera sería tratado como enemigo por jueces militares o acciones armadas legales e ilegales. A través del estado de sitio, los gobiernos concedieron autonomía a la fuerza pública para realizar esas acciones y para que no fueran investigadas por la justicia ordinaria sino por la jurisdicción militar.
En vez de proteger a la población y estimular su desarrollo, esa autonomía condujo a empeñarse en dominar el territorio a través del control de las personas, con operaciones de inteligencia y graves crímenes por parte de organismos como el DAS, el Binci, la Brigada XX o el F-2, que tuvieron que ser desmantelados por la notoriedad de sus abusos. Fracasado el proceso del Caguán, Pastrana promovió la Ley 684 de 2001 que autorizaba establecer “teatros de operaciones militares” y suprimir derechos y garantías sin necesidad de decretar el estado de excepción, ley que fue declarada inconstitucional. Luego, Uribe quiso restablecer esas medidas a través del estado de conmoción interior y de una aterradora reforma constitucional cínicamente llamada “Estatuto Antiterrorista”. Ambos intentos fueron declarados inconstitucionales. Pero logró crear una red de informantes que dio lugar a numerosas detenciones arbitrarias y un programa de soldados campesinos que puso en mayor riesgo a la población civil. Además, proliferaron los asesinatos de civiles mostrados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate (los “falsos positivos”).
La doctrina de seguridad nacional pretendió ser reemplazada durante el gobierno de Santos por la doctrina Damasco. Esta no estaba basada en la noción del enemigo interno, pero introdujo otro concepto problemático, el de la “acción integral”, que incluye acciones sociales y económicas en determinados territorios para controlarlos militarmente. El gobierno de Duque la derogó, sin explicaciones.
“Estos problemas sobre la concepción y estructura actual del sector seguridad dificultan la construcción de paz y democracia en Colombia”, dice el informe. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”. ¡Elemental!
Gracias, Comisión de la Verdad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Ese es el título del capítulo séptimo del volumen sobre “Hallazgos y recomendaciones” de la Comisión de la Verdad. Allí se muestra cómo, paradójicamente, la política de seguridad aplicada en Colombia no se ha traducido en mayor seguridad para importantes sectores de la población. Se trata de campesinos, indígenas, afrodescendientes, estudiantes, sindicalistas, defensores de derechos humanos, miembros de la Rama Judicial, periodistas y otros paisanos que han sido tratados como “enemigos internos” del Estado y combatidos militarmente.
La doctrina de la seguridad nacional, surgida en la Guerra Fría, en su afán de combatir el comunismo, identificó a quienes pensaran distinto del gobernante como insurgentes. Su pretensión era definir unos “objetivos nacionales” y realizarlos por un “poder nacional” integrado por los actores económicos, políticos, sociales y militares predominantes. Quien no los compartiera sería tratado como enemigo por jueces militares o acciones armadas legales e ilegales. A través del estado de sitio, los gobiernos concedieron autonomía a la fuerza pública para realizar esas acciones y para que no fueran investigadas por la justicia ordinaria sino por la jurisdicción militar.
En vez de proteger a la población y estimular su desarrollo, esa autonomía condujo a empeñarse en dominar el territorio a través del control de las personas, con operaciones de inteligencia y graves crímenes por parte de organismos como el DAS, el Binci, la Brigada XX o el F-2, que tuvieron que ser desmantelados por la notoriedad de sus abusos. Fracasado el proceso del Caguán, Pastrana promovió la Ley 684 de 2001 que autorizaba establecer “teatros de operaciones militares” y suprimir derechos y garantías sin necesidad de decretar el estado de excepción, ley que fue declarada inconstitucional. Luego, Uribe quiso restablecer esas medidas a través del estado de conmoción interior y de una aterradora reforma constitucional cínicamente llamada “Estatuto Antiterrorista”. Ambos intentos fueron declarados inconstitucionales. Pero logró crear una red de informantes que dio lugar a numerosas detenciones arbitrarias y un programa de soldados campesinos que puso en mayor riesgo a la población civil. Además, proliferaron los asesinatos de civiles mostrados falsamente como guerrilleros dados de baja en combate (los “falsos positivos”).
La doctrina de seguridad nacional pretendió ser reemplazada durante el gobierno de Santos por la doctrina Damasco. Esta no estaba basada en la noción del enemigo interno, pero introdujo otro concepto problemático, el de la “acción integral”, que incluye acciones sociales y económicas en determinados territorios para controlarlos militarmente. El gobierno de Duque la derogó, sin explicaciones.
“Estos problemas sobre la concepción y estructura actual del sector seguridad dificultan la construcción de paz y democracia en Colombia”, dice el informe. “Se necesita un cambio de la doctrina que considera al opositor como enemigo, una acción distinta que involucre a las comunidades como aliados en las políticas de seguridad para la paz y una transformación de la cultura institucional”. ¡Elemental!
Gracias, Comisión de la Verdad.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).