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La Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición es una institución muy valiosa para el logro de la paz y la democracia, luego del conflicto armado que hemos padecido. Su objetivo es contribuir al esclarecimiento de lo ocurrido, así como al reconocimiento de las víctimas y de las violaciones causadas, y a la convivencia en los territorios, para construir “una paz basada en el conocimiento y reconocimiento de un pasado cruento que debe ser asumido para ser superado” (Decreto-Ley 588/17, art. 2).
Junto con la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un tribunal de justicia, la Comisión es un mecanismo extrajudicial orientado a facilitar ese propósito. El relator de Naciones Unidas sobre justicia transicional, el profesor argentino Fabián Salvioli (al igual que su antecesor, el profesor colombiano Pablo de Greiff) ha destacado la importancia de este tipo de mecanismos y ha advertido, entre otros aspectos, tres elementos que deben ser tenidos en cuenta en su funcionamiento.
En primer lugar, la necesidad de “formar alianzas con diversos actores de la sociedad civil para contribuir a cambiar una cultura política tóxica de violencia, enfrentamiento y marginación. (…) Los procesos de justicia transicional deben alejarse de un enfoque puramente tecnocrático y establecer una alianza con la sociedad civil” (doc. de Naciones Unidas A/HRC/45/45, párr. 56). Si hay alguna cultura política tóxica de violencia que deba cambiarse, la colombiana está en la primera fila. Es necesario superar la aguda polarización existente en el país y el atavismo violento que prevalece en algunos sectores sociales que estuvieron ligados y siguen atados a una mentalidad de guerra.
En segundo lugar, advierte el relator que “algunos órganos estatales vinculados a aparatos de seguridad se niegan a cooperar plenamente con los mecanismos de justicia transicional y a dar acceso a sus archivos” (párr. 71). Tal parece que Colombia no ha sido la excepción en esta materia. Es necesario que el Estado garantice que haya transparencia en relación con la documentación oficial relativa al manejo que se ha dado al conflicto armado en el país por parte de las autoridades, de tal manera que se identifiquen y se corrijan las prácticas violatorias de derechos humanos que se han aplicado.
En tercer lugar, hay que hacer frente a la “peligrosa manipulación de la información y la memoria en detrimento de los derechos humanos (…). En el mundo abundan discursos discriminadores, étnicos, ultranacionalistas y de odio; la incitación a la violencia también prolifera en las redes sociales, contribuyendo a polarizar y radicalizar los comportamientos sociales, incluidos actos violentos. Acciones estatales concretas son necesarias para responder a estos desafíos” (párr. 78 y 79). Hay que prepararse desde ya para la distorsión informativa y los ataques mediáticos contra el informe que produzca la Comisión de la Verdad.
Por cierto, el período de la Comisión de la Verdad vence en noviembre de este año. Pero el desarrollo de su mandato ha estado limitado por la pandemia. La Corte Constitucional debería acoger la demanda que pide reponer ese tiempo para que la Comisión cumpla cabalmente su función.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org)