Iván Duque, al igual que los demás candidatos presidenciales, se comprometió a poner en su gobierno “un énfasis especial para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. El 13 de marzo firmó, ante el representante de la Oficina en Colombia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un “Pacto Social por los Derechos Humanos” para “impulsar en todo el país y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan estas zonas, haciendo efectivo de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”.
Para cumplir este compromiso tendrá que hacer ajustes a las 203 propuestas de su campaña presidencial. En ellas se mencionan las palabras derechos humanos dos veces. En la propuesta 10, para restaurar “el honor y la moral militar” (¿?) se plantea una “capacitación universal y de calidad en derechos humanos, con base en las mejores prácticas internacionales, para una relación armoniosa con la sociedad”. Y la propuesta 197 se refiere a una política integral de equidad para la mujer que, entre otros aspectos, considere la “protección a los derechos humanos de la mujer (educación sobre DD. HH., participación equitativa en la crianza, títulos de propiedad, etc.)”. Además, hay varias propuestas que guardan relación con este tema: creación de un ambiente de equidad que reduzca graves brechas sociales (propuesta 158), instrumentos de acceso al empleo y a la educación para la población afrodescendiente (pr. 193), acciones estratégicas en materia educativa para comunidades étnicas (195), dignificación de las personas en cualquier situación de discapacidad (198), entre otras.
Hay, pues, un punto de partida para concretar este pacto. Pero sin duda es necesario robustecerlo significativamente. Para el efecto, existe un proceso de concertación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que se adelanta con participación de amplios sectores de la sociedad civil, entidades estatales encabezadas por la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, y representantes de la comunidad internacional. Se inició en 2006, y dio lugar, entre otros aportes, a una “Propuesta de Política Integral de DD. HH. 2014-2034”, entregada formalmente al presidente de la República el 10 de diciembre de 2013. Contiene diez temáticas: educación y cultura; igualdad; derechos civiles y políticos; paz y reconciliación; justicia; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; derecho humanitario; empresas y derechos humanos; lucha contra la corrupción, y sistema nacional de información. Está previsto que durante este mes de junio se instalen una instancia de coordinación y un comité técnico operativo que aseguren la realización de encuentros territoriales en los que se definan dichos temas. Y en julio, a más tardar, deberá haber un empalme de este proceso con el nuevo Gobierno.
Se trata de un compromiso también contenido en el punto 5.2. del Acuerdo de Paz. Sería mejor no hacerlo trizas si el presidente electo quiere honrar el Pacto y, como lo anunció, dedicar sus energías a “unir a nuestro país”.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Le puede interesar:
Iván Duque, al igual que los demás candidatos presidenciales, se comprometió a poner en su gobierno “un énfasis especial para respetar, proteger y garantizar los derechos humanos”. El 13 de marzo firmó, ante el representante de la Oficina en Colombia del alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, un “Pacto Social por los Derechos Humanos” para “impulsar en todo el país y, en particular, en las zonas más afectadas por el conflicto y la violencia, la inclusión política, económica y social de las personas que habitan estas zonas, haciendo efectivo de una forma real el ejercicio de los derechos civiles y políticos, y económicos, sociales y culturales”.
Para cumplir este compromiso tendrá que hacer ajustes a las 203 propuestas de su campaña presidencial. En ellas se mencionan las palabras derechos humanos dos veces. En la propuesta 10, para restaurar “el honor y la moral militar” (¿?) se plantea una “capacitación universal y de calidad en derechos humanos, con base en las mejores prácticas internacionales, para una relación armoniosa con la sociedad”. Y la propuesta 197 se refiere a una política integral de equidad para la mujer que, entre otros aspectos, considere la “protección a los derechos humanos de la mujer (educación sobre DD. HH., participación equitativa en la crianza, títulos de propiedad, etc.)”. Además, hay varias propuestas que guardan relación con este tema: creación de un ambiente de equidad que reduzca graves brechas sociales (propuesta 158), instrumentos de acceso al empleo y a la educación para la población afrodescendiente (pr. 193), acciones estratégicas en materia educativa para comunidades étnicas (195), dignificación de las personas en cualquier situación de discapacidad (198), entre otras.
Hay, pues, un punto de partida para concretar este pacto. Pero sin duda es necesario robustecerlo significativamente. Para el efecto, existe un proceso de concertación de un Plan Nacional de Acción en Derechos Humanos, que se adelanta con participación de amplios sectores de la sociedad civil, entidades estatales encabezadas por la Vicepresidencia, la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y el Ministerio del Interior, y representantes de la comunidad internacional. Se inició en 2006, y dio lugar, entre otros aportes, a una “Propuesta de Política Integral de DD. HH. 2014-2034”, entregada formalmente al presidente de la República el 10 de diciembre de 2013. Contiene diez temáticas: educación y cultura; igualdad; derechos civiles y políticos; paz y reconciliación; justicia; derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; derecho humanitario; empresas y derechos humanos; lucha contra la corrupción, y sistema nacional de información. Está previsto que durante este mes de junio se instalen una instancia de coordinación y un comité técnico operativo que aseguren la realización de encuentros territoriales en los que se definan dichos temas. Y en julio, a más tardar, deberá haber un empalme de este proceso con el nuevo Gobierno.
Se trata de un compromiso también contenido en el punto 5.2. del Acuerdo de Paz. Sería mejor no hacerlo trizas si el presidente electo quiere honrar el Pacto y, como lo anunció, dedicar sus energías a “unir a nuestro país”.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
Le puede interesar: