La reacción del Gobierno contra el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre su reciente visita a Colombia es equivocada, torpe y perjudicial para la población colombiana.
Es equivocada porque le reprocha, sin fundamento, no haberse manifestado suficientemente contra los daños causados a los derechos de muchas personas y a la economía durante las protestas. Esos daños son graves y repudiables, sin duda, y quienes los generaron deben responder ante la justicia. Así lo expresa, con todas sus letras, el informe de la Comisión. Pero no se le puede pedir a ella que diga si quien causó más violaciones fue el Gobierno o quienes produjeron esos perjuicios, como si fuera un árbitro de fútbol. La Comisión no vino a hacer una evaluación del paro, sino de la situación de derechos humanos en el país.
La Comisión, al igual que los demás organismos intergubernamentales de supervisión de derechos humanos, ha sido creada por los Estados para promover y vigilar el buen comportamiento de esos mismos Estados en relación con su obligación de respetar y garantizar los derechos humanos. Por consiguiente, sin desconocer el contexto en el cual se desarrollan los acontecimientos ni los delitos cometidos por particulares, su mandato consiste en verificar la conducta del Estado y de sus agentes. Y en ese aspecto, lamentablemente, la Comisión encontró que el Estado está implicado en un alto número de muertes y lesiones a personas, desapariciones, violencia sexual, agresiones con perfilamiento étnico-racial o contra periodistas y misiones médicas, detenciones arbitrarias, abuso de la figura del traslado por protección, discursos estigmatizantes por parte de autoridades públicas, uso excesivo de la fuerza con armas no letales, empleo indebido de armas de fuego, uso de helicópteros intimidantes durante las manifestaciones, disparo de gases lacrimógenos contra centros habitacionales, tratamiento de la población civil como enemiga a través de la intervención de las Fuerzas Militares, actuaciones de la Procuraduría contra funcionarios elegidos popularmente que no pueden ser destituidos sino por sentencia penal según la Convención Americana de Derechos Humanos, intervención indebida de la justicia penal militar en la investigación de abusos policiales, y uso de tecnología restrictiva de información por internet sobre las protestas, entre otras graves violaciones.
Además de equivocada, la reacción es torpe, pues insultando a la Comisión y rechazando sus recomendaciones no se va a lograr una valoración positiva de la actuación del Gobierno. Esa torpeza parece ser estructural: igual ha reaccionado el Gobierno contra informes del relator sobre Defensores y de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y contra la Corte Interamericana. Vergonzosos berrinches.
Por prepotencia y ceguera política el Gobierno desperdiciaría unas observaciones juiciosas y autorizadas que podrían contribuir a mejorar la situación de derechos humanos y la democracia en el país. Que el Mecanismo Especial de Seguimiento creado para Colombia por la Comisión sirva para ello, en beneficio de la población, pese al torpe y equivocado rechazo del Gobierno.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).