Proteger a defensores cumpliendo los acuerdos de paz

Más de 57 recomendaciones, todas muy pertinentes, formuló el relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en el informe final de su misión en Colombia divulgado el 5 de diciembre. Cabría destacar aquí tres de ellas:

Él pide “adoptar un enfoque de prevención más integral, haciendo hincapié en las causas subyacentes de los ataques de una manera multidimensional, lo que incluye abordar las causas estructurales”. Esto significa no solamente medidas coercitivas, sino también presencia de las instituciones civiles del Estado en los territorios, muchos de los cuales carecen de servicios públicos y estímulos para labores productivas. Significa asimismo que la propia actividad coercitiva debe ser más consistente. Algunos pasos importantes se han dado en esa dirección, como la creación de un Cuerpo Élite en la Policía, desde hace año y medio, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, que ha neutralizado a numerosos miembros de grupos armados ilegales. Pero falta más contundencia para identificar y desarticular los poderes civiles y las conexiones estatales que están detrás de estas organizaciones armadas.

En segundo lugar, propone potenciar los mecanismos institucionales existentes, en particular la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por decreto-ley en cumplimiento del Acuerdo de Paz, para formular y supervisar una política de desmantelamiento del paramilitarismo y otras organizaciones ilegales que atentan contra defensores y líderes sociales. El Gobierno, por el contrario, la está ignorando y ha creado otra comisión para el seguimiento de un Plan de Acción Oportuna (PAO) a fin de coordinar las tareas de las diferentes entidades relacionadas con el tema, que es una de las 16 funciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Como lo advirtió el relator: “Es importante que el PAO no debilite los mecanismos de protección ya establecidos. Construir sobre la base de acuerdos, mecanismos y políticas existentes será fundamental para garantizar que todas las partes interesadas tengan confianza en el proceso”. El nuevo Gobierno no solamente no ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sino que ha paralizado toda la actividad que esta venía realizando, consistente en una subcomisión, cuatro comisiones técnicas y visitas a las regiones. El Gobierno debe restablecer cuanto antes el funcionamiento completo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

En tercer lugar, el relator pide “garantizar el compromiso político y los recursos necesarios para la implementación plena del Acuerdo de Paz, la presencia integral del Estado en los territorios y el desarrollo sostenible, con miras a contribuir a un ambiente seguro y propicio para los defensores y defensoras y a abordar desde la raíz las causas de los ataques contra los defensores de los derechos humanos”. Parte importante de la solución está, pues, en la aplicación de los mecanismos y las decisiones contenidas en el Acuerdo de Paz, que miembros destacados del partido de Gobierno repudian.

Qué mejor regalo de Navidad para Colombia que reconocer el valor de la paz y de los mecanismos pactados para concretarla. Urge hacerlo, dice el relator.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).

Más de 57 recomendaciones, todas muy pertinentes, formuló el relator de Naciones Unidas sobre Defensores de Derechos Humanos, Michel Forst, en el informe final de su misión en Colombia divulgado el 5 de diciembre. Cabría destacar aquí tres de ellas:

Él pide “adoptar un enfoque de prevención más integral, haciendo hincapié en las causas subyacentes de los ataques de una manera multidimensional, lo que incluye abordar las causas estructurales”. Esto significa no solamente medidas coercitivas, sino también presencia de las instituciones civiles del Estado en los territorios, muchos de los cuales carecen de servicios públicos y estímulos para labores productivas. Significa asimismo que la propia actividad coercitiva debe ser más consistente. Algunos pasos importantes se han dado en esa dirección, como la creación de un Cuerpo Élite en la Policía, desde hace año y medio, en cumplimiento del Acuerdo de Paz, que ha neutralizado a numerosos miembros de grupos armados ilegales. Pero falta más contundencia para identificar y desarticular los poderes civiles y las conexiones estatales que están detrás de estas organizaciones armadas.

En segundo lugar, propone potenciar los mecanismos institucionales existentes, en particular la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, creada por decreto-ley en cumplimiento del Acuerdo de Paz, para formular y supervisar una política de desmantelamiento del paramilitarismo y otras organizaciones ilegales que atentan contra defensores y líderes sociales. El Gobierno, por el contrario, la está ignorando y ha creado otra comisión para el seguimiento de un Plan de Acción Oportuna (PAO) a fin de coordinar las tareas de las diferentes entidades relacionadas con el tema, que es una de las 16 funciones de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad. Como lo advirtió el relator: “Es importante que el PAO no debilite los mecanismos de protección ya establecidos. Construir sobre la base de acuerdos, mecanismos y políticas existentes será fundamental para garantizar que todas las partes interesadas tengan confianza en el proceso”. El nuevo Gobierno no solamente no ha convocado a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, sino que ha paralizado toda la actividad que esta venía realizando, consistente en una subcomisión, cuatro comisiones técnicas y visitas a las regiones. El Gobierno debe restablecer cuanto antes el funcionamiento completo de la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.

En tercer lugar, el relator pide “garantizar el compromiso político y los recursos necesarios para la implementación plena del Acuerdo de Paz, la presencia integral del Estado en los territorios y el desarrollo sostenible, con miras a contribuir a un ambiente seguro y propicio para los defensores y defensoras y a abordar desde la raíz las causas de los ataques contra los defensores de los derechos humanos”. Parte importante de la solución está, pues, en la aplicación de los mecanismos y las decisiones contenidas en el Acuerdo de Paz, que miembros destacados del partido de Gobierno repudian.

Qué mejor regalo de Navidad para Colombia que reconocer el valor de la paz y de los mecanismos pactados para concretarla. Urge hacerlo, dice el relator.

* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).