El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial formuló el pasado diez de diciembre 20 recomendaciones a Colombia como producto de la revisión de los informes periódicos 17º a 19º presentados por el Gobierno.
De ellas, pidió que en un año se le informe sobre la aplicación de dos, relacionadas con la preservación y restitución de tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y la salvaguarda étnica de pueblos identificados como en peligro de extinción física o cultural, o en extrema vulnerabilidad.
Al Comité le preocupan los limitados avances en la implementación de la legislación relativa a la protección y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes y, en especial, que la Unidad de Restitución de Tierras haya denegado el 64 % de las solicitudes de víctimas del conflicto armado despojadas de sus predios. También tiene particular consideración por la frágil situación de los pueblos awá, uitoto y nukak-makú.
Para los informes que el Gobierno debe presentarle en octubre de 2022, el Comité destaca además cuatro recomendaciones sobre las cuales pide que se le ilustre en detalle sobre las medidas concretas que se adopten para aplicarlas. Se trata de la lucha contra el discurso de odio racista, de medidas especiales para enfrentar la discriminación estructural, de la garantía del derecho a la consulta previa y de la protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
El Comité pide que se adopten dispositivos serios para prevenir, investigar y sancionar el racismo, incluyendo campañas de sensibilización y la tipificación como delito de conductas justificatorias o promotoras del odio racial. También solicita estimular la inclusión social y la participación política y reducir los altos índices de pobreza y desigualdad de los grupos étnicos. Asimismo hace hincapié en la necesidad de realizar estudios imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que pueda tener la explotación de recursos naturales en territorios de estas comunidades y definir a su favor, y en consulta con ellas, medidas de mitigación, compensación y participación en los beneficios.
Además, de manera expresa, el Comité manifiesta estar “sumamente preocupado por los asesinatos y constantes actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en particular en el Cauca, como el reciente asesinato de Cristina Bautista el 29 de octubre”.
Llama la atención que muchas de las recomendaciones piden la adopción de normas o de políticas. No es esa la exigencia que ordinariamente se hace a Colombia en materia de derechos humanos, porque el país suele tener suficiente legislación al respecto. Lo que se le pide es que la aplique. No parece ser esa la situación en materia de discriminación racial. Hay que hacer un trabajo normativo específico. El Comité recomienda ratificar varios tratados internacionales pendientes, como los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y otros tres más. No está bien que el Gobierno se siga negando a hacerlo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial formuló el pasado diez de diciembre 20 recomendaciones a Colombia como producto de la revisión de los informes periódicos 17º a 19º presentados por el Gobierno.
De ellas, pidió que en un año se le informe sobre la aplicación de dos, relacionadas con la preservación y restitución de tierras a las comunidades indígenas y afrodescendientes, y la salvaguarda étnica de pueblos identificados como en peligro de extinción física o cultural, o en extrema vulnerabilidad.
Al Comité le preocupan los limitados avances en la implementación de la legislación relativa a la protección y titulación de territorios indígenas y afrodescendientes y, en especial, que la Unidad de Restitución de Tierras haya denegado el 64 % de las solicitudes de víctimas del conflicto armado despojadas de sus predios. También tiene particular consideración por la frágil situación de los pueblos awá, uitoto y nukak-makú.
Para los informes que el Gobierno debe presentarle en octubre de 2022, el Comité destaca además cuatro recomendaciones sobre las cuales pide que se le ilustre en detalle sobre las medidas concretas que se adopten para aplicarlas. Se trata de la lucha contra el discurso de odio racista, de medidas especiales para enfrentar la discriminación estructural, de la garantía del derecho a la consulta previa y de la protección efectiva de personas defensoras de derechos humanos y líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes.
El Comité pide que se adopten dispositivos serios para prevenir, investigar y sancionar el racismo, incluyendo campañas de sensibilización y la tipificación como delito de conductas justificatorias o promotoras del odio racial. También solicita estimular la inclusión social y la participación política y reducir los altos índices de pobreza y desigualdad de los grupos étnicos. Asimismo hace hincapié en la necesidad de realizar estudios imparciales sobre el impacto ambiental y sobre los derechos humanos que pueda tener la explotación de recursos naturales en territorios de estas comunidades y definir a su favor, y en consulta con ellas, medidas de mitigación, compensación y participación en los beneficios.
Además, de manera expresa, el Comité manifiesta estar “sumamente preocupado por los asesinatos y constantes actos de violencia, amenazas, intimidación y represalias en contra de personas defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, en particular en el Cauca, como el reciente asesinato de Cristina Bautista el 29 de octubre”.
Llama la atención que muchas de las recomendaciones piden la adopción de normas o de políticas. No es esa la exigencia que ordinariamente se hace a Colombia en materia de derechos humanos, porque el país suele tener suficiente legislación al respecto. Lo que se le pide es que la aplique. No parece ser esa la situación en materia de discriminación racial. Hay que hacer un trabajo normativo específico. El Comité recomienda ratificar varios tratados internacionales pendientes, como los Protocolos Facultativos de la Convención contra la Tortura y otros tres más. No está bien que el Gobierno se siga negando a hacerlo.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).