La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha recomendado al Gobierno la creación de “una comisión tripartita de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto del examen periódico universal y por los órganos de tratados y los procedimientos especiales para así avanzar en una agenda integral y consensuada en derechos humanos”. De hecho, es la última de las recomendaciones contenidas en su informe sobre la situación de derechos humanos de Colombia en 2018, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este 20 de marzo, y es muy acertada por varias razones.
En primer lugar, porque es útil para aplicar las numerosas y pertinentes recomendaciones que Colombia viene recibiendo de Naciones Unidas para mejorar la situación de derechos humanos, que es indudablemente grave. El año pasado, el 10 de mayo, en el examen periódico universal que cada cinco años se le hace a Colombia por el Consejo de Derechos Humanos, 86 países lo instaron a tomar medidas en relación con la adecuada implementación del Acuerdo de Paz, las poblaciones más vulnerables, la impunidad y las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Son, de una forma u otra, preocupaciones que se reiteran en el informe presentado por la alta comisionada este año, y que requieren, por tanto, urgente atención.
En segundo lugar, porque el presidente Duque, como lo recuerda la alta comisionada, firmó el Pacto Social por los Derechos Humanos, promovido por su oficina durante la pasada campaña presidencial. Además, como también lo pone de presente su informe, “la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos” delineada en “los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de Naciones Unidas y del sistema interamericano”.
Entre ellos, uno que es central es el relacionado con la reforma rural integral, “pues constituye —dice la alta comisionada— una oportunidad para promover el desarrollo y garantizar el acceso a los derechos en territorios que presentan altos niveles de pobreza, gravemente afectados por el conflicto armado, con baja capacidad institucional y presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilícitas”. Es decir que, por esa vía, y con una perspectiva étnica y de género, se puede promover el desarrollo económico y social en las regiones más violentas.
En tercer lugar, porque la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tiene desde diciembre un compromiso pendiente con la adopción de un Plan Nacional en Derechos Humanos con las organizaciones de la sociedad civil que, junto con la cooperación internacional, integrarían esa comisión tripartita.
El Gobierno tiene a su disposición un recetario de políticas de derechos humanos que conducen al desarrollo y también a la paz duradera. Debería incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo (que hoy carece de un enfoque de derechos) y, en vez de enfrentarse al Acuerdo de Paz, impulsar su pronta implementación, para verdaderamente alcanzar la igualdad, la inclusión y la legalidad. La oficina de la alta comisionada se ha puesto a su disposición para el efecto. Sería insensato desdeñarla.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
La alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos le ha recomendado al Gobierno la creación de “una comisión tripartita de seguimiento a la aplicación de las recomendaciones formuladas en el contexto del examen periódico universal y por los órganos de tratados y los procedimientos especiales para así avanzar en una agenda integral y consensuada en derechos humanos”. De hecho, es la última de las recomendaciones contenidas en su informe sobre la situación de derechos humanos de Colombia en 2018, presentado al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas este 20 de marzo, y es muy acertada por varias razones.
En primer lugar, porque es útil para aplicar las numerosas y pertinentes recomendaciones que Colombia viene recibiendo de Naciones Unidas para mejorar la situación de derechos humanos, que es indudablemente grave. El año pasado, el 10 de mayo, en el examen periódico universal que cada cinco años se le hace a Colombia por el Consejo de Derechos Humanos, 86 países lo instaron a tomar medidas en relación con la adecuada implementación del Acuerdo de Paz, las poblaciones más vulnerables, la impunidad y las agresiones contra defensores de derechos humanos y líderes sociales. Son, de una forma u otra, preocupaciones que se reiteran en el informe presentado por la alta comisionada este año, y que requieren, por tanto, urgente atención.
En segundo lugar, porque el presidente Duque, como lo recuerda la alta comisionada, firmó el Pacto Social por los Derechos Humanos, promovido por su oficina durante la pasada campaña presidencial. Además, como también lo pone de presente su informe, “la mayoría de los compromisos asumidos por el Estado en el Acuerdo hacen parte de la agenda de derechos humanos” delineada en “los tratados, mecanismos, recomendaciones y directrices de Naciones Unidas y del sistema interamericano”.
Entre ellos, uno que es central es el relacionado con la reforma rural integral, “pues constituye —dice la alta comisionada— una oportunidad para promover el desarrollo y garantizar el acceso a los derechos en territorios que presentan altos niveles de pobreza, gravemente afectados por el conflicto armado, con baja capacidad institucional y presencia de cultivos ilícitos y otras economías ilícitas”. Es decir que, por esa vía, y con una perspectiva étnica y de género, se puede promover el desarrollo económico y social en las regiones más violentas.
En tercer lugar, porque la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos tiene desde diciembre un compromiso pendiente con la adopción de un Plan Nacional en Derechos Humanos con las organizaciones de la sociedad civil que, junto con la cooperación internacional, integrarían esa comisión tripartita.
El Gobierno tiene a su disposición un recetario de políticas de derechos humanos que conducen al desarrollo y también a la paz duradera. Debería incorporarlas al Plan Nacional de Desarrollo (que hoy carece de un enfoque de derechos) y, en vez de enfrentarse al Acuerdo de Paz, impulsar su pronta implementación, para verdaderamente alcanzar la igualdad, la inclusión y la legalidad. La oficina de la alta comisionada se ha puesto a su disposición para el efecto. Sería insensato desdeñarla.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).