El renacimiento de Salaminita es el derecho reclamado por las familias que desde hace 18 años fueron desterradas por los paramilitares de este corregimiento del municipio de Pivijay (Magdalena). El pasado 1º de agosto, 36 de ellas recibieron de la Alcaldía su título de propiedad, ordenado por sentencia del Tribunal de Antioquia, dictada en diciembre. Pendientes del mismo trámite hay otras 12 familias, de las 48 que integraron esta población, desaparecida sin piedad por el Frente Pivijay, creado por alias Jorge 40 y terratenientes de la zona, en mayo de 1999.
El 7 de junio de ese año, 30 paramilitares al mando de alias Esteban reunieron a los habitantes, “les prohibieron llorar” y asesinaron a María del Rosario Hernández, quien era la inspectora de policía desde hacía 12 años. También mataron a dos jóvenes: Óscar Barrios y Carlos Cantillo. La inspectora había alertado a las autoridades sobre cadáveres que los paramilitares arrojaban al borde de la carretera. La madre de la inspectora, que vivía con ella, se enfermó a raíz de su asesinato y murió al poco tiempo.
Según Manuel Lorenzo Díaz Charris, “todo mundo fue cogiendo camino en la noche y al otro día, yo me fui a pie para Fundación. De ahí yo no saqué nada, me fui con la ropa que tenía puesta, yo tenía dos puercas paridas, unas gallinas, los chismes y todo, yo no cogí nada”. Los ancianos Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez se resistieron a abandonar su tierra por considerar que era lo único que tenían, y fueron asesinados el 23 de agosto de 2000.
Por orden de Esteban los paramilitares tumbaron las casas con retroexcavadoras, según confesión de uno de sus sicarios, alias José Cabezón. En total, el pueblo tenía apenas dos hectáreas, y contaba con puesto de salud, postes eléctricos, un colegio con seis profesores, Telecom, una fuente comunal para el abastecimiento de agua y una virgen como primer aporte a la construcción de una iglesia. Todo lo volvieron trizas.
El resultado fue la apropiación de los lotes por los propietarios vecinos: el del costado norte “compró” 24 predios, y el del costado sur, 17, a precios irrisorios, inferiores a la tercera parte de lo que habían costado. Uno y otro declararon ante el tribunal que sabían de la existencia del poblado, así como de los asesinatos y el desplazamiento, a pesar de lo cual lograron la firma de documentos de compraventa por parte de la mayoría de víctimas. Los lotes de quienes no firmaron, incluidos los de la escuela y el puesto de salud, también quedaron dentro de las cercas eléctricas que los rodearon. El tribunal concluyó que estos vecinos no solo no demostraron estar exentos de culpa, sino que no habían actuado de buena fe.
Queda pendiente la entrega de los terrenos, la construcción de las viviendas y obras de infraestructura, así como de la escuela y el centro de salud, el retorno de los pobladores con garantías de seguridad y el desarrollo de proyectos productivos, entre otros aspectos ordenados en la sentencia. A ello se comprometieron la Alcaldía y la Gobernación. Si todo esto se cumple, Salaminita puede ser el ejemplo de justicia por excelencia para las víctimas de despojo de tierras.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El renacimiento de Salaminita es el derecho reclamado por las familias que desde hace 18 años fueron desterradas por los paramilitares de este corregimiento del municipio de Pivijay (Magdalena). El pasado 1º de agosto, 36 de ellas recibieron de la Alcaldía su título de propiedad, ordenado por sentencia del Tribunal de Antioquia, dictada en diciembre. Pendientes del mismo trámite hay otras 12 familias, de las 48 que integraron esta población, desaparecida sin piedad por el Frente Pivijay, creado por alias Jorge 40 y terratenientes de la zona, en mayo de 1999.
El 7 de junio de ese año, 30 paramilitares al mando de alias Esteban reunieron a los habitantes, “les prohibieron llorar” y asesinaron a María del Rosario Hernández, quien era la inspectora de policía desde hacía 12 años. También mataron a dos jóvenes: Óscar Barrios y Carlos Cantillo. La inspectora había alertado a las autoridades sobre cadáveres que los paramilitares arrojaban al borde de la carretera. La madre de la inspectora, que vivía con ella, se enfermó a raíz de su asesinato y murió al poco tiempo.
Según Manuel Lorenzo Díaz Charris, “todo mundo fue cogiendo camino en la noche y al otro día, yo me fui a pie para Fundación. De ahí yo no saqué nada, me fui con la ropa que tenía puesta, yo tenía dos puercas paridas, unas gallinas, los chismes y todo, yo no cogí nada”. Los ancianos Antonio Araque Bolaños y María Eloísa Gutiérrez se resistieron a abandonar su tierra por considerar que era lo único que tenían, y fueron asesinados el 23 de agosto de 2000.
Por orden de Esteban los paramilitares tumbaron las casas con retroexcavadoras, según confesión de uno de sus sicarios, alias José Cabezón. En total, el pueblo tenía apenas dos hectáreas, y contaba con puesto de salud, postes eléctricos, un colegio con seis profesores, Telecom, una fuente comunal para el abastecimiento de agua y una virgen como primer aporte a la construcción de una iglesia. Todo lo volvieron trizas.
El resultado fue la apropiación de los lotes por los propietarios vecinos: el del costado norte “compró” 24 predios, y el del costado sur, 17, a precios irrisorios, inferiores a la tercera parte de lo que habían costado. Uno y otro declararon ante el tribunal que sabían de la existencia del poblado, así como de los asesinatos y el desplazamiento, a pesar de lo cual lograron la firma de documentos de compraventa por parte de la mayoría de víctimas. Los lotes de quienes no firmaron, incluidos los de la escuela y el puesto de salud, también quedaron dentro de las cercas eléctricas que los rodearon. El tribunal concluyó que estos vecinos no solo no demostraron estar exentos de culpa, sino que no habían actuado de buena fe.
Queda pendiente la entrega de los terrenos, la construcción de las viviendas y obras de infraestructura, así como de la escuela y el centro de salud, el retorno de los pobladores con garantías de seguridad y el desarrollo de proyectos productivos, entre otros aspectos ordenados en la sentencia. A ello se comprometieron la Alcaldía y la Gobernación. Si todo esto se cumple, Salaminita puede ser el ejemplo de justicia por excelencia para las víctimas de despojo de tierras.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).