El 12 de abril, Estados Unidos publicó su informe de derechos humanos, que incluye un capítulo sobre Colombia. Basado en datos de la ONU, la Fiscalía y la Defensoría, y de organizaciones no gubernamentales, que considera creíbles, advierte que hay problemas significativos de derechos humanos en el país, como los siguientes:
Asesinatos cometidos por agentes estatales: entre 25 y 80 civiles muertos durante las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021. También, 15 policías acusados de complicidad con grupos paramilitares, en el primer semestre. Además, supuestos “errores militares”, como el bombardeo criminal realizado en Guaviare el 2 de marzo, que segó la vida de varios niños.
Desapariciones forzadas: seis denuncias formales entre enero y julio, sin ninguna acusación ni condena.
Torturas: 40 víctimas atribuidas a fuerzas gubernamentales de seguridad, hasta agosto, además de 17 casos de golpes y 14 de agresiones sexuales durante las protestas.
Detenciones arbitrarias: más de 2.000 en el paro nacional.
Confinamiento y desplazamiento: 40.000 personas confinadas hasta septiembre y 48.597 desplazadas entre enero y julio.
Estas violaciones, según el informe, afectan desproporcionadamente a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ellas son las principales víctimas de confinamiento y desplazamiento, así como de homicidios (343 indígenas asesinados desde el Acuerdo de Paz) y de indigencia (79 % de chocoanos por debajo de la línea de pobreza, frente a un promedio nacional de 32 %).
También lesionan gravemente a otros sectores, como las personas LGBTIQ+: la Fiscalía abrió cinco investigaciones, hasta agosto, por violencia ejercida en su contra por militares o policías. O a periodistas: 117 de ellos fueron afectados por amenazas hasta el 6 de septiembre. Y a trabajadores: se registraron cuatro profesores y cinco sindicalistas asesinados hasta julio, además de 55 amenazas, tres atentados, dos casos de desplazamiento y 25 de hostigamiento.
Al Departamento de Estado le preocupa lo que llama la “corrupción gubernamental generalizada”: numerosos eventos de funcionarios involucrados en prácticas corruptas, que quedan impunes. Hasta el 31 de julio, la Fiscalía había recibido 8.414 denuncias y tenía 51 investigaciones activas. Se alude específicamente a la pérdida de los $70.000 millones en el contrato del Mintic sobre conexión de escuelas rurales a internet.
El informe menciona otros problemas, como la situación de las cárceles, el secuestro y abuso de mujeres y niños, el reclutamiento forzado, el trabajo infantil, la siembra de minas terrestres y varios más. También indica que los grupos armados, como las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas narcotraficantes, continúan operando y son perpetradores significativos de violaciones de derechos y de crímenes violentos.
Ese mismo 12 de abril, el Gobierno le dijo al embajador ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no tenía autoridad moral para calificar de triquiñuela la política de “paz con legalidad”. ¿Le diría lo mismo a los Estados Unidos por este informe? Más vale que las autoridades colombianas, en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, reconozcan la inmensa viga que nos atraviesa.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).
El 12 de abril, Estados Unidos publicó su informe de derechos humanos, que incluye un capítulo sobre Colombia. Basado en datos de la ONU, la Fiscalía y la Defensoría, y de organizaciones no gubernamentales, que considera creíbles, advierte que hay problemas significativos de derechos humanos en el país, como los siguientes:
Asesinatos cometidos por agentes estatales: entre 25 y 80 civiles muertos durante las protestas iniciadas el 28 de abril de 2021. También, 15 policías acusados de complicidad con grupos paramilitares, en el primer semestre. Además, supuestos “errores militares”, como el bombardeo criminal realizado en Guaviare el 2 de marzo, que segó la vida de varios niños.
Desapariciones forzadas: seis denuncias formales entre enero y julio, sin ninguna acusación ni condena.
Torturas: 40 víctimas atribuidas a fuerzas gubernamentales de seguridad, hasta agosto, además de 17 casos de golpes y 14 de agresiones sexuales durante las protestas.
Detenciones arbitrarias: más de 2.000 en el paro nacional.
Confinamiento y desplazamiento: 40.000 personas confinadas hasta septiembre y 48.597 desplazadas entre enero y julio.
Estas violaciones, según el informe, afectan desproporcionadamente a poblaciones indígenas y afrodescendientes. Ellas son las principales víctimas de confinamiento y desplazamiento, así como de homicidios (343 indígenas asesinados desde el Acuerdo de Paz) y de indigencia (79 % de chocoanos por debajo de la línea de pobreza, frente a un promedio nacional de 32 %).
También lesionan gravemente a otros sectores, como las personas LGBTIQ+: la Fiscalía abrió cinco investigaciones, hasta agosto, por violencia ejercida en su contra por militares o policías. O a periodistas: 117 de ellos fueron afectados por amenazas hasta el 6 de septiembre. Y a trabajadores: se registraron cuatro profesores y cinco sindicalistas asesinados hasta julio, además de 55 amenazas, tres atentados, dos casos de desplazamiento y 25 de hostigamiento.
Al Departamento de Estado le preocupa lo que llama la “corrupción gubernamental generalizada”: numerosos eventos de funcionarios involucrados en prácticas corruptas, que quedan impunes. Hasta el 31 de julio, la Fiscalía había recibido 8.414 denuncias y tenía 51 investigaciones activas. Se alude específicamente a la pérdida de los $70.000 millones en el contrato del Mintic sobre conexión de escuelas rurales a internet.
El informe menciona otros problemas, como la situación de las cárceles, el secuestro y abuso de mujeres y niños, el reclutamiento forzado, el trabajo infantil, la siembra de minas terrestres y varios más. También indica que los grupos armados, como las disidencias de las Farc, el Eln y las bandas narcotraficantes, continúan operando y son perpetradores significativos de violaciones de derechos y de crímenes violentos.
Ese mismo 12 de abril, el Gobierno le dijo al embajador ruso en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no tenía autoridad moral para calificar de triquiñuela la política de “paz con legalidad”. ¿Le diría lo mismo a los Estados Unidos por este informe? Más vale que las autoridades colombianas, en vez de mirar la paja en el ojo ajeno, reconozcan la inmensa viga que nos atraviesa.
*Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).