El gobierno expidió el pasado 29 de noviembre el documento Conpes 4063 sobre “Política pública de garantías y respeto a la labor de defensa de los derechos humanos y el liderazgo social”. Parece escrito a dos manos: una, civilista; y otra, militarista.
Gracias a la primera, el diagnóstico reconoce que la situación es grave: “Entre 2016 y 2019 los homicidios contra las personas defensoras de derechos humanos pasaron de 61 a 108″, “otras agresiones, como la desaparición forzada, amenazas, tentativa de homicidio, secuestro y delitos sexuales, entre 2016 y 2020, presentaron un incremento de 1.100 %”.
Además, autocritica las dificultades de coordinación institucional: “De las 115 alertas tempranas asociadas a un informe de seguimiento, 61 reportaron un nivel de cumplimiento bajo, 17 un cumplimiento medio, dos un incumplimiento total y solo una con cumplimiento alto”.
Para esta visión, la impunidad es preocupante: “Entre 2016 y 2020, el 40 % del total de las noticias criminales no han alcanzado la etapa de juicio, 45 % están en indagación y 5 % se encuentran en investigación”.
En esta mirada se mencionan sin escrúpulos los aportes del Acuerdo de Paz frente al problema: “Dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Final, a partir de 2017 se crearon y reglamentaron herramientas e instancias encaminadas a la coordinación y la participación de las instituciones, la comunidad y el territorio”, como la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
El documento tiene propuestas interesantes, como el mejoramiento del Sistema Nacional de Información de Derechos Humanos, donde además de los datos estatales, se incluyan los de organizaciones de la sociedad civil. El Ministerio del Interior diseñará un modelo de intervención nación-territorio para garantizar la defensa de los derechos humanos con enfoque territorial, diferencial y de género. Se hará un diagnóstico de la respuesta del Gobierno a las alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo. También se crearán ocho juzgados especializados y se fortalecerá el Cuerpo Élite de la Policía para apoyar la investigación criminal. Se prevén $123.632 millones entre 2022 y 2026 para estas y otras actividades.
Pero todas ellas deben consultarse con la comisión del “Plan de Acción Oportuna” (PAO), que este Gobierno creó, como una entidad con perspectiva militar, sin participación de la sociedad civil (Decreto ordinario 2137 de 2018). Sustituyó así, de hecho, a la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS), instituida en virtud del Acuerdo de Paz para definir, con miembros de la sociedad civil, una política de desmantelamiento de las organizaciones agresoras contra defensores, incluidas las sucesoras del paramilitarismo (Decreto-ley 154 de 2017). La política de este Conpes 4063 se filtra entonces por el sifón militarista de la comisión del PAO ignorando a la CNGS. Los grupos paramilitares tampoco están mencionados allí como objetivo, ni los funcionarios que agredan a defensores. Por ello, las plataformas de derechos humanos se retiraron en noviembre de 2019 del espacio que existía con el Gobierno para el efecto. Qué fácil sería enmendar esas y otras falencias en este documento Conpes si predominara la mano civilista.
* Director de la Comisión Colombiana de Juristas (www.coljuristas.org).